El 18 de mayo de 2026 el Gobierno aplicó un nuevo aumento de tarifas en el AMBA: el boleto mínimo de colectivo subió 2% a $714 para usuarios con SUBE registrada y el pasaje de tren pasó a $310, según la Secretaría de Transporte (18/5/2026). El Gobierno justificó la decisión como una actualización de los costos operativos y una reducción de partidas de subsidios; los aumentos se aplicaron a mitad de mes para moderar su impacto en el IPC de mayo, según la misma fuente.

¿Qué cambios se aplicaron y cuánto pagarán los usuarios?

Vemos un cuadro tarifario con varios tramos claramente diferenciados por el registro de la tarjeta SUBE. Para colectivos el boleto mínimo queda en $714 con SUBE registrada, $1.428 con SUBE no registrada y $321 para beneficiarios de la Tarifa Social, según la Secretaría de Transporte (18/5/2026). En el sistema ferroviario el boleto con SUBE registrada pasó de $280 a $310, mientras que el pago en efectivo llega a $1.100; la Secretaría confirmó además aumentos mensuales programados: 2% el 15/6 y 2% el 15/7 para colectivos, y subas mensuales para trenes: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre (fuente: Secretaría de Transporte, 18/5/2026). La obligatoriedad de registrar la SUBE se mantiene como mecanismo para acceder a la tarifa subsidiada.

¿Cómo impacta esto en las familias, el empleo y la distribución?

Las tarifas suben mientras la circulación de unidades cae, lo que combina un efecto de demanda sobre los hogares con un problema de oferta para el sector. Mediciones citadas de la Universidad de Buenos Aires señalaron que la circulación de colectivos en la región metropolitana registró caídas de hasta 40% por el encarecimiento del gasoil y retrasos en las transferencias de fondos públicos (Universidad de Buenos Aires, informe citado en nota 18/5/2026). Para las familias esto significa mayor gasto mensual en transporte; la Tarifa Social federal ofrece un descuento del 55% para grupos vulnerables, pero su cobertura depende del registro y del reempadronamiento efectivo (Secretaría de Transporte, 18/5/2026). En términos distributivos, los aumentos relativos afectan más a hogares con menor ingreso que destinan una mayor proporción del salario al transporte. Hay además un impacto de género: las mujeres, que concentran viajes vinculados a cuidado y trabajo de baja remuneración, sufren en promedio una carga mayor por aumentos en movilidad urbana.

¿Cuál es la lógica fiscal y qué alternativas proponemos?

El Ejecutivo argumenta reducir subsidios y actualizar costos frente a incrementos en combustibles; la nota registra que YPF había subido el precio del gasoil un 1% a principios de mayo antes de congelar precios por 45 días (fuente: nota del 18/5/2026). Sin embargo, representantes de cámaras del sector advirtieron que el 2% mensual autorizado para colectivos queda por debajo del ritmo inflacionario, profundizando el desfinanciamiento del servicio (fuente: nota 18/5/2026). Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. Como alternativa proponemos dos medidas concretas y coherentes con la tarea de sostener empleo y consumo: primero, un reempadronamiento masivo y obligatorio de las tarjetas SUBE para garantizar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan; segundo, un uso focalizado y temporal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES (FGS) para cubrir brechas operativas que permitan mantener frecuencias y evitar despidos en el sector, condicionando esos recursos a metas de empleo y transparencia en las transferencias.

Conclusión: prioridades para la política pública

El aumento aplicado y los cronogramas previstos trasladan parte del ajuste a los usuarios y a un sector que ya reporta caída de unidades en la calle. Ciudades del interior como Córdoba, Rosario y Santa Fe ya muestran pasajes urbanos por encima de mil pesos, lo que revela asimetrías territoriales en el acceso a movilidad (nota 18/5/2026). La política pública debería priorizar la protección del ingreso de hogares vulnerables y la preservación del empleo en el transporte antes que la pulverización de servicios. Insistimos en que el reempadronamiento de SUBE y el uso focalizado del FGS son herramientas para sostener subsidios donde sean necesarios, evitar recortes sobre jubilaciones o salarios y garantizar que la actualización tarifaria no degrade aún más la oferta y la equidad del sistema de movilidad.