Se trata de una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que no convalida las actualizaciones por inflación sobre quebrantos fiscales anteriores a 2025 y reclama hasta u$s5.000 millones a empresas, según la nota de iProfesional del 3/4/2026.
¿Qué cambió y por qué importa?
ARCA emitió a fines de 2024 un dictamen que desconoce las actualizaciones inflacionarias aplicadas por empresas a sus quebrantos impositivos, y considera esas diferencias como ‘deudas tributarias’ exigibles, según iProfesional; esa postura alcanza a periodos con actualizaciones del 211% en 2023 y del 118% en 2024, según el INDEC. La ley aprobada en febrero y el artículo 190 establecen que, a partir del 1/1/2025, los quebrantos se actualizarán por el IPC del INDEC, pero no corrigen automáticamente ejercicios anteriores, lo que deja un hueco legal y operativo entre la práctica contable de las empresas y la interpretación del organismo recaudador. El universo afectado incluye compañías de alimentos, energía y servicios públicos que usaron la inflación como parámetro, y la UIA ya advirtió que la medida podría desalentar inversiones y afectar competitividad, de acuerdo a una nota enviada al ministro de Economía, citada por iProfesional.
¿Cómo impacta esto en las inversiones y empleos?
El choque llega en un momento en que el Gobierno extendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuenta con cerca de 30 iniciativas presentadas y 13 proyectos aprobados por casi u$s30.000 millones, concentrados en energía y minería, según iProfesional; además, el régimen ofrece beneficios como reducción de Ganancias del 35% al 25% y exención de derechos de exportación. La UIA sostiene que exigir hasta u$s5.000 millones a las empresas podría desviar fondos comprometidos a obras y empleo, y la decisión de ARCA ya motivó que firmas como YPF y Pampa Energía optaran por saldar los reclamos mediante planes de pago, mientras la mayoría prefirió recurrir a instancias administrativas y judiciales, según iProfesional. Un caso ilustrativo es PCR, que mantiene un reclamo en el Tribunal Fiscal y al mismo tiempo recibió un crédito de u$s110 millones de la IFC para un parque eólico valuado en u$s257 millones, según la propia cobertura periodística; si se obliga el pago inmediato, la ejecución de proyectos con financiamiento externo puede verse comprometida.
Qué pueden hacer las empresas y qué debemos hacer los ahorristas
Para las empresas, la recomendación práctica es combinar tres pasos: a) agotar reclamos administrativos y, si corresponde, judiciales para proteger posiciones sobre ejercicios anteriores; b) negociar planes de pago que eviten desinversión inmediata y preservar la continuidad de proyectos RIGI; y c) stress test de liquidez para cuantificar cuánto del capital comprometido correría riesgo si se paga lo reclamado, según prácticas legales y financieras citadas por iProfesional. Para los ahorristas y ciudadanos, el punto inmediato de acción es monitorear dos riesgos: el potencial freno a la inversión que reduzca generación de divisas y empleo local, y el impacto fiscal que puede traducirse en mayor presión sobre precios o tarifas. Vemos coherente mantener parte del ahorro en dólares o instrumentos indexados como UVA, priorizar un fondo de emergencia de 3–6 meses y evitar decisiones por pánico ante noticias, en línea con nuestra posición previa sobre preservar ahorro en dólares o activos indexados. Finalmente, conviene seguir de cerca los fallos del Tribunal Fiscal y la evolución de los planes de pago de ARCA, porque de allí saldrá la señal sobre la capacidad del RIGI de convertir anuncios en obras efectivas, como advirtió el economista Santiago Polo en ElAuditor, citado por iProfesional.
