El fallo que cambió el tablero

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de emergencia implementados por la administración Trump, estableciendo un límite institucional claro: el Poder Ejecutivo no puede establecer impuestos —incluidos los gravámenes al comercio exterior— sin autorización del Congreso. Esta es una facultad exclusiva del Legislativo, según ratificó el máximo tribunal.

La sentencia no debería haber sorprendido a nadie mínimamente familiarizado con la Constitución estadounidense. Lo que sí sorprende es la persistencia del gobierno en buscar atajos legales para mantener un sistema arancelario que funcionó más como garrote discrecional que como política comercial coherente.

La nueva jugada: ¿crisis de balanza de pagos?

Tras el fallo, Trump anunció un nuevo arancel universal —primero del 10%, luego del 15%, finalmente del 10%— invocando la ley de comercio de 1974, que permite al Ejecutivo aplicar gravámenes durante 150 días en caso de crisis de balanza de pagos.

El problema técnico es obvio: Estados Unidos no atraviesa ninguna crisis de balanza de pagos. Todos sus compromisos internacionales están al día y no se verifica perturbación alguna en sus cuentas externas. El gobierno intentará argumentar una “crisis de balanza comercial”, concepto distinto que no habilita los mismos remedios legales.

Esta improvisación jurídica revela la debilidad estructural de la estrategia. Trump dispone de mayoría en ambas cámaras del Congreso pero nunca intentó siquiera tramitar una ley que respaldara su sistema arancelario. ¿Por qué? Porque el uso casuístico que hace de los aranceles —recordemos el 50% a Brasil por el procesamiento a Bolsonaro, o las idas y vueltas con Suiza que incluyeron un reloj Rolex sobre el Escritorio Oval— resulta imposible de codificar legislativamente.

Lo que Trump busca es discrecionalidad expeditiva, no política comercial institucionalizada. Y eso choca frontalmente con el diseño constitucional estadounidense.

Los límites legales que vienen

Incluso si los nuevos aranceles sobreviven los primeros 150 días —lo cual es dudoso dado que la Justicia podría declararlos improcedentes antes—, Trump enfrentará el mismo dilema al vencimiento del plazo. Puede intentar renovarlos invocando otras secciones de la legislación comercial (la 232 sobre seguridad nacional o la 301 sobre prácticas desleales), pero ambas requieren investigaciones específicas que llevan tiempo y tienen alcance acotado.

No podrá mantener el tamaño de la protección que había montado. Y el Congreso no muestra interés en ayudarlo a sortear estos obstáculos.

Resultados económicos: mucho ruido, pocas nueces

Los aranceles inicialmente sirvieron para forzar acuerdos comerciales bilaterales favorables a EEUU, aunque muchos siguen sin cerrarse y podrían rediscutirse ahora que la amenaza arancelaria perdió credibilidad legal.

Pero los objetivos centrales —relocalización industrial y creación de empleo— fracasaron rotundamente. No hubo reshoring. La expansión económica siguió impulsada por servicios, no por manufactura. Y la creación neta de empleo se desplomó: de 2,5 millones en 2023 y 1,5 millones en 2024 a apenas 181 mil en 2025. La política migratoria restrictiva mató más empleos de los que los aranceles pudieron crear.

Lo único que los aranceles sí generaron fue recaudación. Que ahora habrá que devolver, según implica el fallo de la Corte. Un berenjenal administrativo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, admite no tener resuelto.

Volatilidad y el nuevo fantasma

Los mercados reaccionaron con euforia inicial al fallo (alza el viernes) pero corrigieron bruscamente el lunes. No tanto por los aranceles —cuya saga ya era predecible— sino por un informe sobre inteligencia artificial que planteó un escenario hipotético catastrófico: destrucción masiva de empleo, concentración extrema de ingresos y colapso de demanda agregada hacia 2028.

No era una predicción sino un ejercicio de análisis. Pero los mercados, hipersensibilizados con la IA, entraron en pánico. Lo que antes generaba entusiasmo constructivo ahora provoca vértigo. No es que se dude de los avances tecnológicos —esos son innegables— sino que nadie sabe hacia dónde nos llevan exactamente.

La sensación es de haber abierto la caja de Pandora sin marcha atrás posible. En ese contexto psicológico, mercados como estos son proclives a ataques súbitos de pánico. El martes se curó solo, sin tratamiento especial. Pero la fragilidad quedó expuesta.

La lección de institucionalidad

Más allá de Trump y sus aranceles, el episodio refuerza una verdad elemental: las instituciones que limitan el poder discrecional del Ejecutivo existen por buenas razones. La Corte Suprema cumplió su función. El sistema de pesos y contrapesos funcionó.

Argentina haría bien en tomar nota. Cada vez que un gobierno —del signo que sea— invoca “emergencias” para saltarse controles institucionales, el resultado es distorsión, incertidumbre y, eventualmente, corrección dolorosa. No hay atajos sostenibles en economía. Menos aún cuando los atajos violan el marco legal vigente.

Los mercados pueden tolerar mucho, pero no la sensación de que las reglas de juego cambian según el capricho del gobernante de turno.