Argentina enfrenta un riesgo fiscal y social concreto: si los precios internacionales del gas se mantienen, la factura por GNL podría sumar alrededor de u$s700 millones adicionales al presupuesto energético del país, según iProfesional; el TTF europeo pasó de u$s31,9 por MWh el 27 de febrero a u$s62,3 el 19 de marzo, un salto cercano al 95% que explica la magnitud del corrimiento de costos. Esta cifra resume la disyuntiva inmediata: subsidiar desde el Tesoro, trasladar el aumento a las tarifas domésticas o recortar en otras partidas.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El shock de oferta en Ras Laffan revaloriza el precio del GNL y complica la planificación estacional: de acuerdo a cifras públicas de Enarsa, en 2024 la Argentina importó 30 cargamentos por unos u$s672 millones y en 2025 se adjudicaron 27 barcos por cerca de u$s740 millones, pero con los precios actuales esa misma cantidad de buques demandaría alrededor de u$s1.450 millones en el año, según iProfesional. Además del precio del gas, suben los fletes y las primas de seguro por navegar en zonas de conflicto, lo que encarece aún más cada cargamento; a esto se suma la mayor demanda competitiva de China y la UE, que pagan primas por asegurar volumen. En lo doméstico, la convergencia tarifaria prevista para el año corre el riesgo de ensanchar el diferencial entre gas local y gas importado, y la presión sobre las reservas del Banco Central aumentará en la medida que haya que desembolsar divisas para pagar metaneros, según el análisis publicado en iProfesional.
¿Quién va a pagar la cuenta?
Hay tres opciones: que el Estado absorba parte del aumento con subsidios, que las compañías y el nuevo agregador privado asuman mayor riesgo crediticio, o que el salto se traslade a los usuarios residenciales en sus facturas. El Gobierno argumenta que los mayores ingresos por exportaciones de petróleo pueden compensar la pérdida en la balanza energética, pero esa es una hipótesis sujeta a precios internacionales y timing de cobro, como señala iProfesional. Nosotros vemos necesario descartar que la consolidación fiscal se financie con recortes previsionales o salariales; pasar el costo a jubilados o trabajadores sería regresivo y contra nuestras posiciones públicas recientes. Si el Estado decide subsidiar, debe hacerlo con criterios focalizados y temporales, y acompañarlo con recursos progresivos para no sacrificar prestaciones ni ingreso real de los hogares.
¿Qué medidas de corto plazo son razonables?
En lo inmediato, resulta imprescindible garantizar abastecimiento sin descargar el costo sobre los sectores más vulnerables: proponemos un paquete que combine líneas de crédito puente y garantías estatales al nuevo agregador para suavizar su capacidad financiera, subsidios dirigidos a hogares de bajos ingresos y salvaguardas para el empleo industrial que depende de energía a precio competitivo. También hay que transparentar cuánto costará cada alternativa: iProfesional puntualiza que una transición a precios actuales implicaría casi duplicar el gasto de importación sobre 2025. La experiencia muestra que subsidiar de forma amplia sin criterios termina fomentando ineficiencias; por eso proponemos focalizar ayudas, condicionar apoyo al cumplimiento de metas de abastecimiento y evaluar opciones de compra conjunta o renegociación de ventanas de llegada de buques para reducir primas de flete.
Y a largo plazo: cómo reducir la vulnerabilidad
El choque vuelve a poner en primer plano una lección estructural: la dependencia del GNL exterior es un riesgo que se reduce con инфраструктura propia y políticas industriales. El artículo recuerda obras pendientes como la reversión del Gasoducto Norte y ampliar la capacidad de transporte desde Neuquén (el gasoducto Perito Moreno aportó más de 20 MMm3/d cuando estuvo en operación continua), por lo que acelerar esas obras es prioridad estratégica, no gasto frívolo. Además, creemos que políticas que internalicen renta exportable —por ejemplo, instrumentos que capturen parte de las ganancias extraordinarias de commodities— son preferibles a ajustes sobre salarios y jubilaciones; en ese sentido, las retenciones bien diseñadas pueden ser un mal menor para financiar inversión productiva. Si queremos consolidación fiscal sostenible, debe ir acompañada de inversión en infraestructura energética, crédito para sustitución de importaciones y medidas que protejan empleo y capacidad productiva, no de recortes que depriman demanda y exporten vulnerabilidad a las familias.
