Con un llamado directo a un referente industrial, el ministro Federico Sturzenegger reconoció que la inflación permanecerá elevada y que el tipo de cambio se mantendrá estable. Ese combo empuja una apreciación real que, según el informe de la consultora Sistémica y la crónica de Ámbito, ya supera niveles de 2017 y complica la rentabilidad del sector. Además, la frágil situación de los hogares se refleja en que un 74% de los argentinos debió recortar gastos para llegar a fin de mes —según QMonitor—, un dato que condiciona cualquier ajuste que reduzca ingresos reales.
¿Qué nos dice el diagnóstico oficial?
Vemos dos mensajes cruzados: por un lado, el equipo económico comunica previsibilidad cambiaria; por otro, admite que la inflación seguirá alta. Ese diagnóstico público se traduce en una política implícita: anclar el dólar nominal y tolerar inflación, lo que genera apreciación real y erosión de precios relativos para los sectores transables. En la encuesta a la que tuvo acceso Ámbito, un 49% de los consultados evalúa la gestión como mala o muy mala, y un 46% cree que estará peor económicamente en seis meses —datos del mismo sondeo—. Ese deterioro de expectativas es un condicionante político y económico: decisiones de ajuste frente a tensiones sociales difíciles de sostener si los ingresos siguen cediendo.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La reconfiguración comercial es tangible: Sistémica reporta que, descontando combustibles y energía, las importaciones de 2025 fueron récord y aumentaron un 30% en cantidades, con bienes de consumo subiendo 53% en cantidades respecto de la serie histórica. Ese flujo amplifica la competencia con la industria local y licúa la demanda doméstica. Además, la consultora LLZ estima que un aumento internacional del barril podría implicar un ajuste del precio de la nafta entre 20% y 30% y agregar hasta seis puntos al IPC núcleo durante el año, dependiendo del traslado —según Ámbito citando a LLZ—. Para los salarios, que vienen perdiendo terreno frente a los precios desde mediados del año pasado, esos choques son malos augurios.
¿La desregulación alcanza para revertir la caída industrial?
El Gobierno pide propuestas de desregulación para amortiguar la pérdida de competitividad, y algunos informes proponen cupos a productos chinos, reducción de tasas de interés y reimplantación de una tasa estadística del 5% para corregir distorsiones tributarias —recomendaciones que Sistémica detalla—. Desregulación y apertura pueden ayudar en algunas franjas, pero no corrigen desequilibrios de inserción externa ni sustituyen políticas activas de producción. La experiencia regional muestra que abrir sin política industrial suele derivar en cierre de plantas y pérdida de capacidades irreversibles. Por eso insistimos: una consolidación fiscal aceptable no puede financiarse con recortes previsionales o salariales; hay que combinar disciplina con instrumentos de protección productiva y empleo.
Hacia dónde vamos: medidas urgentes y factibles
Frente a la combinación de inflación alta y dólar estable proponemos cuatro prioridades: 1) proteger ingresos vulnerables y salarios formales para sostener demanda interna —el 74% que recorta gastos lo confirma (QMonitor); 2) líneas de crédito subsidiado y reparación de cadenas de valor para sectores estratégicos, con condicionalidad de mantenimiento de empleo; 3) gestión cambiaria administrada que combine anclaje con controles temporales de flujos cuando la fuga de capitales ponga en riesgo la política distributiva; 4) medidas inteligentes sobre importaciones transables (cupos temporales y aranceles focalizados) mientras se impulsa productividad. No son recetas mágicas: requieren financiamiento progresivo y transparencia. Rechazamos que la respuesta sea una nueva ronda de ajustes que descargue costos sobre jubilados, trabajadores y pymes; sin reparación de la competitividad industrial, la crisis laboral se profundizará.
