Abril llega con aumentos concretos: el boleto mínimo con SUBE registrada en la provincia sube de $832,57 a $873,37, mientras que en la Ciudad el mínimo será de $715,26, según los cuadros tarifarios publicados por las administraciones bonaerense y porteña. Estos incrementos llegan en un contexto de inflación todavía elevada (INDEC registró 2,9% en enero y febrero de 2026) y con proyecciones privadas que ubican marzo en torno al 3–4% mensual, por lo que el golpe en el ingreso disponible será inmediato para las familias del Área Metropolitana.

¿Cómo impacta esto en los hogares del AMBA?

Vemos un paquete de aumentos que actúa por canales múltiples sobre el gasto de los hogares: transporte, salud, energía y agua. En transporte, los tramos con SUBE en la provincia van desde $873,37 hasta $1.197,39 y las tarifas sin tarjeta parten de $1.388,66, según la operatoria tarifaria provincial; en CABA las tarifas alcanzan hasta $917,28 según distancia. En electricidad, el nuevo umbral subsidiado llega hasta 150 kWh y Edesur informa un cargo fijo de $1.393,73 y un valor variable de $115,29 para consumos básicos, mientras que Edenor reporta cargos similares — según las distribuidoras. AySA completará el último tramo de aumentos con un 4% adicional y un costo promedio que la empresa y el ERAS estiman en $23.648,56 para el cuadro promedio. Estos números empujan hacia arriba el costo mensual de movilidad, servicios y salud: las prepagas ajustan las cuotas hasta 2,9% en línea con la inflación de febrero, según la Superintendencia de Servicios de Salud.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estos ajustes?

Las actualizaciones tienen ganadores claros: propietarios, prestadores de servicios públicos y sectores con capacidad de indexación inmediata. Los que pierden son los asalariados, jubilados y alquileres vulnerables que no cuentan con capacidad de traslado inmediato de ingreso. Los contratos bajo la antigua Ley de Alquileres se ajustarán 33,3% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), mientras que los firmados bajo la Ley 27.737 suben 47,64% con la fórmula Casa Propia, de acuerdo al Banco Central; eso significa saltos muy distintos según qué contrato tenga cada inquilino. Al mismo tiempo, la combinación de alzas en transporte y servicios actúa como una baja real del salario si los incrementos salariales no acompañan: INDEC marcó 2,9% en enero y febrero, pero la inflación mensual proyectada para marzo por consultoras privadas está en torno al 3–4% (relevamientos de LCG, EcoGo, Econviews y C-P). La consecuencia distributiva es nítida: mayor presión sobre los ingresos de los hogares de menores recursos y ampliación de la brecha entre quienes pueden ajustar precios o tasas y quienes consumen salarios.

¿Qué señales de política deveriam primar ahora?

Apoyamos la disciplina fiscal, pero no cuando se financia con recortes de salarios o jubilaciones: esa regla sigue siendo nuestra línea roja. Si la consolidación va a incluir ajustes tarifarios, deben combinarse con medidas compensatorias focalizadas: ampliar el umbral subsidiado por tramos de ingreso, ampliar tarifa social real para familias y pequeñas industrias, y mecanismos de transferencia temporal a los más vulnerables para evitar caída del consumo. Además, el traspaso del costo por la nafta y la energía debe considerar su efecto sobre la cadena productiva: la política debe incluir crédito a tasa subsidiada para pymes y medidas de estímulo a la producción local que aumenten la productividad, no solo recorten demanda. El diseño del subsidio eléctrico (hasta 150 kWh según el esquema vigente) y de la política tarifaria de agua (AySA y ERAS) podría volverse progresivo para evitar que los más pobres paguen proporcionalmente más.

¿Qué viene para la inflación, el salario y la industria?

Las perspectivas inmediatas muestran presión sobre precios y salarios reales: con INDEC en 2,9% para enero-febrero y consultoras estimando marzo alrededor del 3–4% mensual, la inflación anual esperada se ubica cerca de 33,5% según encuestas privadas, lo que obliga a negociar paritarias con pautas que no perdán salario real. La decisión de permitir actualizaciones de alquileres de 33,3% o 47,64% según la fórmula aplicada pone techos distintos a la capacidad de gasto de los inquilinos y puede trasladarse a menor consumo. Por eso exigimos que la consolidación fiscal se combine con políticas productivas y progresivas: crédito barato, incentivos a la inversión y formación de trabajadores para sostener empleo de calidad. Sin estas medidas, la coyuntura de abril corre el riesgo de traducirse en recesión salarial y aumento de la precariedad laboral.