Romper la trampa fiscal: por qué es urgente un acuerdo para defender el empleo industrial

La presión tributaria que hoy soportan las empresas industriales no es un detalle técnico: es una trampa que está destruyendo capacidad productiva y empleo. Según datos recientes, la carga impositiva total sobre las PyMEs manufactureras supera el 45% de sus costos operativos en muchas provincias, y eso sin contar las tasas municipales que en algunos distritos del conurbano bonaerense se han vuelto confiscatorias.

Esta semana se volvió a poner sobre la mesa una idea que viene circulando desde hace meses en cámaras empresarias y sectores del sindicalismo industrial: la necesidad de un acuerdo tripartito entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los municipios para desarmar esta trampa fiscal. No se trata de eliminar impuestos de un plumazo, sino de coordinar una reforma que baje la presión sobre la producción sin comprometer de manera irresponsable las cuentas públicas.

El impacto en las fábricas y en el bolsillo de la gente

Cuando una fábrica paga más del 30% de sus ingresos en tributos, Ingresos Brutos, aportes patronales y tasas municipales, el margen para invertir, capacitar personal o simplemente mantener la planta se evapora. El resultado es conocido: suspensiones, despidos y, en muchos casos, cierre definitivo. Cada puesto industrial perdido no solo afecta al trabajador y su familia, sino que reduce el consumo en toda la cadena: desde el almacén de barrio hasta el proveedor de insumos.

La caída del consumo que se viene registrando desde hace meses agrava el problema. Con salarios que no recuperan poder adquisitivo y tarifas de servicios que siguen subiendo, las familias achican gastos y las ventas de bienes durables y textiles se derrumban. Es un círculo vicioso: menos ventas, menos actividad, menos recaudación y, como respuesta, más presión tributaria sobre los que quedan.

Por qué hace falta un pacto entre todos los niveles del Estado

La Argentina tiene tres niveles de gobierno que cobran impuestos y tasas sobre la misma base económica. Nación recauda Ganancias, IVA y aportes; la Provincia se lleva Ingresos Brutos; los municipios suman tasas de Seguridad e Higiene que muchas veces se calculan sobre facturación bruta. El resultado es una superposición que castiga especialmente a la industria, que genera mucho más empleo por peso de valor agregado que otros sectores.

Un acuerdo serio implicaría, por ejemplo, reducir alícuotas de Ingresos Brutos para sectores manufactureros, compensar a los municipios con una mayor coparticipación o con fondos específicos para obras que mejoren la infraestructura productiva, y al mismo tiempo avanzar en una reforma de Ganancias que no termine licuando las jubilaciones ni el gasto social.

El empleo como prioridad

Desde la perspectiva productiva, el empleo industrial no es un costo: es demanda agregada, es desarrollo de capacidades, es densidad nacional. Cada trabajador formal en una fábrica genera consumo, paga impuestos indirectos y mantiene viva una cadena de valor que llega hasta el interior del país. Deprimir esa base para lograr un superávit fiscal “rápido” es un error que ya cometimos varias veces en nuestra historia.

La propuesta de un acuerdo tripartito no es ingenua. Requiere que todos cedan algo: la Nación en recaudación tributaria, la Provincia en su principal fuente de recursos propios y los municipios en sus tasas. Pero el costo de no hacerlo es mayor: más desindustrialización, más gente dependiendo de planes sociales y menos capacidad de crecer en el largo plazo.

Qué se puede hacer en el corto plazo

Mientras se negocia ese pacto estructural, hay medidas inmediatas que ayudarían a aliviar la situación. Una moratoria ampliada para PyMEs con deudas tributarias, una reducción temporaria de las alícuotas de Ingresos Brutos para las que mantengan o aumenten planteles, y una revisión seria de las tasas municipales que hoy funcionan como un impuesto al trabajo y a la producción.

También es clave que el Estado nacional y provincial acompañen con políticas activas: crédito blando para inversión productiva, subsidios a la nómina salarial para sectores críticos y un tipo de cambio que no castigue permanentemente a quien produce bienes transables.

La trampa fiscal que hoy ahoga a la industria no se resuelve con discursos ni con ajustes aislados. Hace falta un acuerdo político de fondo que ponga el empleo y la producción en el centro. Si Nación, Provincia y municipios no se sientan a coordinar, seguiremos perdiendo fábricas y puestos de trabajo que después será muy caro volver a crear. El tiempo para romper esa trampa es ahora.