Preservativos: el Gobierno distribuyó solo 4,7 millones en seis meses por problemas de compra y logística

El Gobierno nacional distribuyó apenas 4,7 millones de preservativos en el primer semestre de 2026, según datos a los que accedió Perfil. La cifra corresponde a una compra realizada en 2025 que nunca se entregó en todo el país. Este año, el Ejecutivo reconoce “problemas en el proceso de adquisición y de logística” que impiden la distribución normal.

Para millones de argentinos, especialmente jóvenes y familias de ingresos medios y bajos, los preservativos gratuitos en centros de salud y programas públicos son una herramienta clave para evitar embarazos no deseados y prevenir infecciones de transmisión sexual. Cuando faltan, el costo recae directamente en el bolsillo: un pack de 12 unidades ronda los 3.000 a 5.000 pesos según la marca, lo que representa una carga adicional en un contexto donde el salario real sigue recuperándose lentamente.

Distintas organizaciones de la sociedad civil denuncian que la caída no se explica solo por dificultades operativas. El presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva se redujo de manera significativa. Según los datos oficiales, en 2025 no se entregó ningún preservativo a nivel nacional, lo que generó un atraso que ahora se intenta saldar de forma parcial.

“Esto no es un problema logístico aislado, es una decisión política”, sostienen desde varias ONGs que trabajan en género y salud. Afirman que el ajuste forma parte de un plan más amplio para incentivar el aumento de la natalidad, en línea con discursos que promueven “tener más hijos” como solución a cuestiones demográficas. Sin embargo, especialistas advierten que sin acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, crece el riesgo de embarazos adolescentes, abortos inseguros y mayor presión sobre el sistema de salud pública.

El impacto en el bolsillo de las familias

Para una pareja joven que vive en el conurbano o en el interior del país, la falta de preservativos gratuitos implica un gasto mensual extra que antes no existía. Si se suma a la suba de tarifas, alimentos y transporte, termina licuando aún más el poder adquisitivo. Una familia tipo que antes accedía sin costo ahora debe elegir entre comprar anticonceptivos o cubrir otras necesidades básicas.

Además, la perspectiva de género es central: las mujeres suelen cargar con la mayor responsabilidad y costo económico de los métodos anticonceptivos. Cuando el Estado se retira, la brecha se profundiza. Organizaciones como las que integran la Campaña por el Aborto Legal ya alertaron que la reducción de presupuesto en salud sexual no es neutra: afecta desproporcionadamente a las familias más vulnerables.

Desde el Ministerio de Salud se argumenta que se está trabajando para resolver los cuellos de botella en la cadena de compras públicas. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas por Perfil reconocen que la distribución de 2026 sigue muy por debajo de lo que se entregaba en años anteriores, cuando se superaban los 20 millones de unidades anuales.

¿Ajuste o plan demográfico?

Lo que no se dice abiertamente es que detrás de los “problemas de adquisición” hay una visión ideológica. Varios funcionarios han expresado públicamente su oposición a políticas de planificación familiar activa, argumentando que Argentina necesita revertir su baja tasa de natalidad. El problema es que esa visión choca con la realidad de miles de personas que no pueden o no quieren tener hijos en este contexto económico.

Un embarazo no planificado genera costos inmediatos: atención prenatal, pañales, leche, pérdida de ingresos por licencias. Todo eso termina impactando en el gasto público y en la economía familiar. Reducir el acceso a la prevención para “fomentar nacimientos” es, según economistas desarrollistas, una política miope que genera más pobreza estructural.

El dato de los 4,7 millones de preservativos en seis meses es elocuente: representa menos de la mitad de lo que se necesitaría para cubrir la demanda habitual de los centros de salud. Mientras tanto, el Gobierno celebra superávit fiscal, pero los costos sociales de este ajuste se pagan en otro lado: en consultas por infecciones de transmisión sexual, en abortos clandestinos y en familias que ven cómo sus planes de vida se modifican por falta de herramientas básicas.

La pregunta que queda pendiente es quién paga realmente el costo de esta política. Porque cuando el Estado deja de entregar preservativos, el ajuste no desaparece: simplemente se traslada al bolsillo de la gente y al sistema de salud que después tiene que atender las consecuencias.

Fuente: Perfil