Obra pública: el Gobierno ejecutó solo el 34% y la infraestructura paga el ajuste más duro
La parálisis de la obra pública nacional no solo recorta el gasto: destruye empleo, frena el desarrollo productivo y castiga especialmente a provincias como Buenos Aires. ¿Qué significa esto para la economía real?
El Gobierno nacional ejecutó apenas el 34% de la obra pública presupuestada en lo que va del año. Es un dato que no sorprende en el marco de la política de ajuste fiscal, pero que revela la magnitud del recorte en el área que más sufre la gestión libertaria.
Según datos oficiales, la ejecución presupuestaria en infraestructura cayó un 83% en términos reales respecto a 2023. Pero el problema no se limita al recorte inicial: de lo poco que se aprobó, se está subejecutando de manera sistemática. Para 2027 ya se anuncia un nuevo ajuste del 6,4% en comparación con el Presupuesto 2026.
La provincia de Buenos Aires, entre las más afectadas
La parálisis golpea con especial dureza a los distritos que dependen de las obras nacionales. En Buenos Aires, proyectos clave de rutas, hospitales, escuelas y saneamiento quedaron frenados o directamente cancelados. Esto no solo posterga mejoras concretas en la vida de la gente, sino que elimina miles de puestos de trabajo directos e indirectos en la construcción y en las cadenas de suministro.
Desde una mirada productivista, la obra pública no es un gasto sino una inversión que multiplica actividad. Cada peso invertido en infraestructura genera entre 1,8 y 2,5 pesos de actividad económica, según estudios históricos de la CEPAL y del propio Ministerio de Obras Públicas. Al frenarla de esta manera se está sacrificando crecimiento futuro para lograr superávit presente.
El costo en empleo y en capacidad productiva
La construcción es uno de los sectores que más empleo genera por peso invertido, especialmente empleo formal y de calidad media. Su derrumbe impacta de lleno en el salario real de miles de familias y reduce la demanda agregada. No es casualidad que, mientras se celebra la baja de la inflación, el desempleo en provincias con fuerte componente de obra pública muestre signos de deterioro.
Además, la decisión de paralizar proyectos ya licitados genera un doble costo: por un lado, las indemnizaciones a contratistas y, por el otro, la pérdida de capacidades instaladas en empresas constructoras que, ante la falta de obra, reducen personal calificado o directamente cierran.
¿Ajuste inteligente o destrucción de capacidades?
El argumento oficial es que se están eliminando obras innecesarias o sobredimensionadas heredadas de gestiones anteriores. Puede haber casos puntuales donde eso sea cierto. Pero el volumen del recorte y la forma abrupta en que se aplica sugieren una lógica más ideológica que técnica: reducir el Estado a su mínima expresión aunque eso implique desmantelar capacidades de desarrollo de largo plazo.
La infraestructura es precisamente uno de los ámbitos donde el Estado tiene que tener rol protagónico. No solo porque el mercado privado no invierte en carreteras, acueductos o redes de energía en zonas de baja rentabilidad, sino porque estas obras son condición de posibilidad para el desarrollo productivo futuro.
El impacto en el bolsillo de la gente
Para el lector común esto se traduce en rutas en mal estado que encarecen el transporte de mercaderías (y por ende los precios), en falta de acceso a agua potable o cloacas en barrios que siguen esperando, en escuelas y hospitales que no se terminan. Es un ajuste que se paga dos veces: hoy con menos actividad y mañana con menos desarrollo.
La pregunta que queda flotando es si este nivel de parálisis es sostenible. Incluso desde una lógica fiscal estricta, el costo de no invertir en infraestructura termina pasando factura en menor crecimiento, menor recaudación y, eventualmente, mayor presión sobre las cuentas públicas.
Mientras el Gobierno prioriza el superávit fiscal primario, la infraestructura sigue siendo la variable de ajuste. La experiencia argentina y regional muestra que los países que crecieron de manera sostenida no lo hicieron recortando obra pública de forma indiscriminada, sino mejorando su ejecución y focalizándola en los proyectos de mayor retorno social y productivo.
El desafío de los próximos meses será ver si se abre algún espacio para una reactivación selectiva o si el ajuste del 6,4% previsto para 2027 confirma que la parálisis es una decisión estratégica y no solo coyuntural.