Motosierra en el transporte: el Gobierno elimina subsidios fijos a colectivos a gas y eléctricos

El Gobierno nacional decidió avanzar con un nuevo ajuste en los subsidios al transporte público del AMBA. A través de la resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este viernes 13 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial, se eliminan los subsidios fijos del 30% por pasajero para los colectivos a gas natural comprimido (GNC) y del 50% para los eléctricos.

La medida reemplaza esos montos fijos por un diferencial vinculado a los costos por kilómetro de cada tecnología, calculado en la nueva Tarifa Teórica de Referencia (TTR). Según estimaciones del sector, en el caso de las unidades a gas el reconocimiento efectivo quedaría entre 6% y 14% por kilómetro, es decir, menos de la mitad de lo que venían recibiendo.

El impacto fiscal es casi nulo: en el AMBA bajo órbita nacional operan apenas 33 colectivos a GNC y solo 3 eléctricos, sobre un total de 6.855 unidades. Sin embargo, el mensaje político es claro y se enmarca en la lógica de “motosierra” que el Ejecutivo aplica a los gastos públicos.

¿Qué cambia en la práctica?

Hasta ahora, desde enero de 2026, la estructura de costos reconocía explícitamente un plus por el uso de energías más limpias. Ese diferencial era fijo y estaba escrito en la norma, lo que daba cierta previsibilidad a las empresas que invirtieron en reconversión de flota. Ahora ese plus desaparece como monto garantizado y pasa a ser un parámetro revisable en cualquier momento por la autoridad de aplicación según “evolución de costos relativos, grado de incorporación tecnológica y sustentabilidad económica del sistema”.

Esta incertidumbre es uno de los puntos que más preocupan al sector. Fuentes empresarias consultadas advierten que varias líneas nacionales suspenderán inversiones que ya estaban planificadas.

El caso Metropol y la apuesta frustrada

Uno de los más golpeados es el grupo Metropol. Hace un año invirtió 45 millones de dólares para traer desde China 149 colectivos a gas, en el marco de un proceso de renovación de flota que contó con incentivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, con el cambio de reglas en los subsidios nacionales, la ecuación económica de esas unidades se deteriora de manera significativa.

La empresa había apostado a la tecnología a GNC pensando que el Estado mantendría un reconocimiento diferenciado estable. La resolución 83/2026 cambia las reglas de juego a mitad de camino.

Contexto de los subsidios al transporte

Los números del sector muestran la tensión permanente. En septiembre de 2026 el gasto en subsidios a colectivos creció 67,6% real y alcanzó los 161.750 millones de pesos. Para octubre, la Resolución 80/2026 fijó un monto de 101.728 millones, lo que implicó una caída real del 13% respecto del año anterior. Además, se autorizaron pagos por deudas acumuladas de meses en los que las empresas no percibieron compensaciones.

El boleto seguirá teniendo un componente fijo y otro variable según el uso de la tarjeta SUBE, con recargos del 25% para servicios expreso y del 75% en autopistas. Pero el corazón del debate es cómo se distribuye el esfuerzo fiscal entre tecnologías y cómo se sostiene la transición hacia un transporte menos contaminante.

¿Quién paga el ajuste?

Como ocurre en casi todas las medidas de este tipo, el costo lo terminan absorbiendo las empresas que apostaron a la renovación tecnológica y, eventualmente, los usuarios si las frecuencias o la calidad del servicio se resienten. El impacto en las cuentas públicas es mínimo, pero el mensaje hacia el sector privado es fuerte: las reglas pueden cambiar rápidamente y sin aviso.

En un país que necesita desesperadamente atraer inversiones productivas y de infraestructura, eliminar incentivos a la incorporación de tecnologías menos contaminantes genera una contradicción evidente. Por un lado se habla de modernización y cuidado ambiental; por el otro se retiran los pocos estímulos que existían.

La resolución deja abierta la posibilidad de que la Autoridad de Aplicación revise los parámetros según la evolución futura de los costos. Pero para las empresas eso equivale a decir que el subsidio depende de la discrecionalidad estatal. Y en materia de inversiones de largo plazo, la discrecionalidad es enemiga de la planificación.

El ajuste sigue su curso. Esta vez le tocó al pequeño segmento de colectivos que intentaban ser un poco más verdes. El ahorro fiscal es casi simbólico, pero el costo en confianza y en señales hacia el sector productivo es mucho más alto.