La familia del exsecretario de Transporte se quedó con una ruta privatizada
La empresa Guido Mogetta SA, de la familia del exfuncionario Franco Mogetta, integra el consorcio que ganó el Tramo Centro de Corredores Viales. Ocurrió bajo el decreto que él mismo tenía a su cargo cuando dejó la Secretaría.
El Tramo Centro de la etapa III de la privatización de Corredores Viales SA fue adjudicado al consorcio integrado por Covicen SA, que incluye a la empresa familiar Guido Mogetta SA del exsecretario de Transporte, Franco Mogetta.
El segmento abarca las rutas nacionales 9, 19 y 34, que conectan importantes corredores productivos entre Córdoba y Santa Fe. Si bien el exfuncionario no participó en la elaboración de los pliegos licitatorios, sí estuvo al frente de la cartera cuando se firmó el decreto que habilitó la privatización de la empresa estatal.
Este hecho genera preguntas sobre posibles conflictos de intereses en un proceso de transferencia de activos que el Gobierno presentó como parte de su agenda de reducción del Estado y atracción de inversión privada. Desde la Secretaría se argumentó que Mogetta no intervino directamente en la definición de los ganadores, pero la temporalidad del decreto y la participación posterior de su familia abren un debate sobre las garantías de transparencia en las licitaciones.
¿Qué implica para el bolsillo del usuario de la ruta?
La privatización de corredores viales suele traducirse en peajes más altos para financiar el mantenimiento y las obras de mejora. Para el transportista o el automovilista que circula por las rutas 9, 19 y 34, esto puede significar un costo adicional en cada viaje, que termina impactando en el precio final de los bienes transportados. En un contexto de inflación aún elevada, cada aumento en logística se traslada rápidamente al consumidor final.
Desde el punto de vista fiscal, la salida de Corredores Viales del balance del Estado reduce el déficit en el corto plazo, pero el Gobierno pierde la recaudación de peajes futura. El contrato de concesión definirá si hay cánones a favor del Estado o si la contraprestación es solo la mejora de la infraestructura. Ese detalle será clave para evaluar si la operación cierra desde el punto de vista del contribuyente.
El contexto de las privatizaciones viales
El proceso forma parte del paquete de desregulación y transferencia de activos que impulsó la administración Milei desde su llegada al poder. El objetivo declarado es terminar con las empresas públicas deficitarias y atraer capital privado para invertir en rutas que el Estado no logra mantener adecuadamente. Sin embargo, casos como este alimentan la sospecha de que algunos procesos pueden beneficiar a actores con cercanía al poder.
Mogetta dejó el cargo hace meses y, según s cercanas, no tuvo injerencia directa en la adjudicación. La empresa familiar ya participaba en obras viales antes de su paso por el Gobierno, por lo que su participación en la licitación no sería novedosa. Aun así, la óptica política es complicada: un exsecretario cuya familia se adjudica un corredor significativo genera ruido en un Gobierno que hizo de la transparencia y la meritocracia uno de sus ejes discursivos.
Riesgos y señales para los mercados
Desde la perspectiva del inversor, estas situaciones generan incertidumbre. Si las reglas no son percibidas como parejas, el costo de capital para futuros proyectos aumenta porque el riesgo reputacional y regulatorio se eleva. Argentina necesita desesperadamente dólares frescos para infraestructura; licitaciones que parezcan poco competitivas o con posibles conflictos de interés ahuyentan a los fondos serios y dejan el campo libre a jugadores locales con buena llegada.
El desafío del Gobierno ahora es demostrar que la adjudicación fue limpia y que el consorcio ganador ofreció las mejores condiciones técnicas y económicas. Si no hay auditoría independiente o mayor publicidad de las ofertas, el ruido político puede opacar lo que en teoría es una buena noticia: que capital privado esté dispuesto a tomar rutas que históricamente fueron deficitarias para el Estado.
En definitiva, el caso ilustra una tensión clásica argentina: la necesidad de achicar el Estado y atraer inversión privada choca con la dificultad de garantizar procesos impecables en un país donde las relaciones personales pesan mucho. Para el ciudadano común, lo que realmente importa es si las rutas van a estar mejor mantenidas y a qué precio. El resto es ruido institucional que, lamentablemente, ya hemos visto demasiadas veces.