El Gobierno oficializó que desde mayo de 2026 los empleadores del servicio doméstico deben generar recibos de sueldo electrónicos mediante el Registro Especial de ARCA, conforme a la Resolución General 5850/2026 publicada en el Boletín Oficial el 21/05/2026 (Resolución General 5850/2026, Boletín Oficial, 21/05/2026). Esta disposición sustituye el soporte papel y propone la validación por Clave Fiscal en lugar de la firma manuscrita.
¿Qué cambia y desde cuándo?
La novedad central es administrativa pero con impacto práctico: a partir de mayo de 2026 los empleadores deberán ingresar al servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares” con Clave Fiscal (nivel de seguridad 2 o superior) y “generar recibo de sueldo” para cada trabajador o trabajadora (Resolución General 5850/2026, Boletín Oficial, 21/05/2026). El instructivo publicado describe seis pasos para emitir el recibo: ingreso con clave, selección de ficha, completar período y conceptos, y confirmar la generación (fuente: ARCA/News, 21/05/2026). Además, cuando el salario se pague en efectivo el empleador tendrá que imprimir el recibo por duplicado y entregar una copia al trabajador (dos copias exigidas según la resolución).
¿Cómo impacta esto en el mercado laboral doméstico?
Vemos aspectos positivos y riesgos inmediatos. Por un lado, la exigencia de recibos electrónicos mejora la trazabilidad de las liquidaciones y facilita la fiscalización de aportes previsionales —una demanda recurrente de los sindicatos y del propio Estado— (Resolución General 5850/2026). Por otro lado, la medida puede ser una carga para miles de pequeños empleadores que hoy abonan en efectivo y no manejan Clave Fiscal o herramientas digitales. La resolución deja claro que los formularios tradicionales F.102/RT, F.575/RT y F.1350 ya no son comprobantes válidos por sí solos (ARCA/Resolución 5850/2026), lo que obliga a una transición administrativa y educativa.
Qué problemas prácticos hay y qué acompañamiento hace falta
La norma mejora la formalización en el papel, pero la formalización real requiere acompañamiento: asistencia para obtener y usar Clave Fiscal, puntos de impresión accesibles y campañas informativas para empleadores de baja tecnología. Si no, existe el riesgo de que la exigencia empuje pagos “en negro” o en acuerdos informales que el empleador y la trabajadora firmen fuera del sistema. Además, la fiscalización debe combinar control con apoyo: aplicar sanciones sin facilitar la registración generará resistencia y costos sociales. La resolución menciona explicitamente la sustitución de la firma por validación electrónica —nivel 2—, pero no detalla planes de capacitación (Resolución General 5850/2026).
Desde nuestra perspectiva: transparencia sin recortes ni cargas injustas
Apoyamos la transparencia en la liquidación del trabajo doméstico; es una mejora necesaria que ayuda a garantizar aportes previsionales y derechos. Al mismo tiempo, rechazamos soluciones que impongan costos desproporcionados a las trabajadoras y a pequeños empleadores: no es aceptable financiar la implementación con recortes salariales o mayor precarización. Proponemos que el Estado implemente un programa de asistencia técnica y puntos de registro; que las fuerzas sindicales y las cámaras patronales participen en la capacitación; y que se considere una moratoria razonable para casos sin acceso digital. La Resolución General 5850/2026 marca un paso administrativo (Boletín Oficial, 21/05/2026), pero su éxito dependerá de políticas públicas que acompañen la transición.
