La promesa de arrancar agosto con “cero” de inflación se aleja: marzo registró una inflación mensual de 3,4% según el INDEC, un dato que contradice la expectativa de una rápida desinflación y erosiona la credibilidad del equipo económico.
¿Por qué la inflación no baja con “emisión cero”?
La explicación no es sólo técnica sino estructural. El esquema al que apela el gobierno —contener la cantidad de dinero para frenar precios— supone que la inflación es primordialmente monetaria. En Argentina hay, además, inercia: servicios con alta componente salarial no ajustan hacia abajo con la misma velocidad que los bienes transables. Según el análisis citado en la nota, el tipo de cambio oficial se movió en promedio 2,1% mensual desde enero de 2025; las paritarias que se homologan en torno al 2% mensual transmiten presión adicional. Esa combinación significa que, aun con base monetaria controlada, los tres conjuntos de precios —transables, no transables y regulados— pueden seguir arriba del piso que pretende la autoridad. El diagnóstico coincide con advertencias de consultores: la trayectoria de ida de la inflación no es simétrica con la de vuelta.
¿Qué dicen las expectativas y cómo impacta esto en la vida cotidiana?
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el BCRA proyecta para diciembre contra diciembre una inflación entre 28% y 29%. Alternativamente, si los próximos meses promedian 2,5% y luego 2% mensual, los analistas calculan que la inflación acumulada de 2026 podría ubicarse alrededor del 32–33% (estimación citada por Gastón Utrera, Economic Trends). Esa diferencia no es menor: una inflación anual por encima del 30% implica una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades para que los salarios reales recuperen terreno sin ajustes de precios adicionales. En la vida diaria esto se traduce en que los servicios —peluquería, transporte, arreglos— siguen pareciendo caros aun cuando algunos bienes importados se estabilicen. La economía dual que muestran los datos —sectores exportadores en expansión y el resto rezagado— agrava la falta de transmisión hacia el empleo y el salario real.
Qué puede y qué no puede hacer el gobierno sin pagar más costos sociales
La decisión de no volver al déficit fiscal es un activo político y técnico; no obstante, no alcanza por sí sola. La evidencia sugiere que bajar la inflación requiere coordinación: orden fiscal, gestión del tipo de cambio, acuerdos de ingresos y regulación de precios regulados con compensaciones focalizadas. Lo que pedimos desde nuestra perspectiva: medidas focalizadas y temporales para preservar empleo y salarios, y evitar financiar la desinflación con recortes a jubilaciones o a remuneraciones públicas. Recortar ingresos de los hogares hoy sería recesivo y erosionaría la demanda agregada —y en esa trampa cayeron programas anteriores—. Además, la credibilidad se reconstruye con acciones coherentes y comunicación honesta; prometer cero en agosto sin ajustar instrumentos ni reconocer limitaciones alimenta desconfianza. Con la inflación interanual de 2025 en torno al 31,5% según el INDEC, insistir en recetas puramente monetaristas sin complementar con política industrial y protección del empleo es arriesgar no solo la economía sino la cohesión social.
Cerramos con una advertencia: sostener la reducción de la inflación es un objetivo legítimo, pero debe hacerse sin sacrificar salarios ni jubilaciones, acompañando la estabilización con políticas que recuperen la capacidad productiva y el empleo. Eso exige pragmatismo, no dogma.
