La inflación de abril se desaceleró a 2,6%, pero la fuerte suba semanal de alimentos y el salto en precios mayoristas hacen probable que el IPC de mayo quede por encima del 2%.

¿Qué pasó en abril y qué cambió en mayo?

En abril el índice de precios mostró una pausa: 2,6% según los informes citados por la prensa especializada. Sin embargo, los precios mayoristas saltaron 5,2% ese mismo mes, lo que es consistente con mayores costos en la cadena de producción y distribución (según CP-Consultores). En la última semana analizada por LCG, los alimentos tuvieron un alza extraordinaria de 2,6% en siete días, con carnes subiendo 4,5% y verduras 7,7% en la semana. Esa combinación explica por qué una desaceleración mensual puede convivir con presiones a la alza en el corto plazo. Además, el impacto internacional por el precio del petróleo sigue presente: aunque YPF absorbe parte del aumento, el golpe a los mayoristas tiende a trasladarse después a precios minoristas.

¿Cómo impacta esto en los hogares y el mercado laboral?

Las subas alimentarias y en transporte presionan con fuerza sobre los bolsillos: el precio del transporte ya mostró un salto del 11,6% durante mayo, según el informe citado. Para los hogares de menores ingresos, donde la porción del presupuesto destinada a alimentos es mayor, cada punto porcentual extra de inflación reduce consumo y calidad de vida y puede traducirse rápidamente en pérdida de demanda agregada y empleo en sectores intensivos en mano de obra. Desde la mirada del empleo —nuestro primer filtro de análisis—, una política que busque contener la inflación vía recortes de salarios o jubilaciones profundizaría la caída de la demanda y aumentaría la vulnerabilidad laboral. Por eso insistimos en soluciones que protejan salarios y sostengan el consumo mientras se actúa sobre la oferta.

¿Por qué la desaceleración es frágil según las consultoras?

CP-Consultores muestra que en abril la mayoría de las remarcaciones estuvo entre 2% y 4% (62%), y que un 17,1% de los aumentos superó el 4% —en contraste con abril de 2025, cuando solo el 25% estuvo en el rango 2%-4% y el 11,4% superó 4%. Esa dispersión y el mayor peso de remarcaciones fuertes indican más inercia. Las consultoras también apuntan al shock internacional de combustibles como un motor importante: si bien la nafta explicó 0,6 puntos porcentuales de la suba de abril, la incapacidad fiscal para absorber nuevos aumentos implica que las tarifas reguladas y los costos de transporte pueden trasladarse a mercados secundarios (prepagas, telefonía, transporte). El REM del BCRA proyecta que el IPC perforaría 2% recién en agosto, lo que refuerza la idea de que la desaceleración no será lineal ni uniforme.

¿Qué debería hacer el Estado ahora?

La prioridad es evitar que la estabilización se financie recortando jubilaciones o salarios. Ese camino destruye demanda y empleo. Proponemos medidas concretas y focalizadas: reempadronamiento rápido de usuarios SUBE para dirigir subsidios de transporte a quienes realmente lo necesitan; uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para créditos blandos a pymes de la cadena alimentaria y para programas temporales que eviten rupturas logísticas que empujen precios mayoristas; y control de segundas vueltas mediante regulación de tarifas esenciales sin indexación automática al dólar. Además, es necesario reforzar la vigilancia de márgenes en la comercialización mayorista y sostener transferencias condicionadas a los sectores más vulnerables. Estas medidas combinan protección social, apoyo a la oferta y regulación inteligente, sin pagar la estabilización con el ingreso de jubilados o trabajadores.