Presupuesto 2027: menos consultas de salud mental para veteranos de Malvinas

El proyecto de presupuesto para 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso incluye una fuerte poda en la atención de salud mental destinada a veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias. El programa “Sanidad Militar Conjunta”, dependiente del Ministerio de Defensa, pasará de una meta anual de 12.659 consultas previstas para 2026 a solo 3.000 consultas en todo el año próximo.

Según los datos del propio presupuesto, en el primer semestre de 2026 ya se realizaron 3.242 consultas. Es decir, el número presupuestado para los doce meses de 2027 es inferior a lo que efectivamente se atendió en apenas seis meses este año. La reducción supera el 75 % respecto de la meta original del ejercicio en curso.

Esta decisión se da en un contexto donde la salud mental de los veteranos sigue siendo una deuda pendiente de la sociedad argentina. Estudios de la propia cartera de Defensa y de organizaciones de excombatientes vienen advirtiendo desde hace años el alto impacto del estrés postraumático, la depresión y los cuadros de ansiedad que aún persisten más de cuatro décadas después del conflicto.

El costo humano detrás de los números

Cada vez que se ajusta el gasto en estas áreas, el impacto no se mide solo en pesos. Detrás de cada consulta que no se brinda hay familias que quedan sin contención, hay veteranos que postergan el pedido de ayuda y, en el peor de los casos, hay situaciones que pueden terminar en desenlaces irreversibles. La pregunta que surge es siempre la misma: ¿a costa de qué se logra el achique fiscal?

El recorte en salud mental para veteranos no es un ajuste menor. Se trata de una población que ya cargó con el peso de la guerra, la desmalvinización posterior y la precariedad económica que muchos enfrentan en su día a día. Reducir el acceso a la atención psicológica es, lisa y llanamente, licuar un derecho adquirido con sangre.

Distribución del ajuste

No es casual que el recorte se concentre en partidas de carácter social y de reparación histórica. Mientras se destinan recursos importantes a otros rubros de Defensa vinculados a equipamiento o presencia internacional, la atención integral a quienes pelearon en 1982 aparece como variable de ajuste. Esto reproduce un patrón conocido: los costos de la estabilización macroeconómica terminan recayendo, una y otra vez, sobre los sectores más vulnerables.

Desde el punto de vista productivo y distributivo, este tipo de medidas también tiene un efecto económico indirecto. La falta de atención adecuada genera mayor ausentismo laboral, más derivaciones a sistemas de salud más caros (hospitalizaciones, medicación de alto costo) y, en definitiva, mayor presión sobre otras partidas del gasto público. El ahorro de hoy puede terminar siendo más caro mañana.

Lo que no se dice en los cuadros de metas físicas

El documento presupuestario presenta la baja de 12.659 a 3.000 consultas como un mero ajuste de “metas físicas”. No se explicita el criterio detrás de esa decisión ni se menciona si existen estudios que demuestren una disminución real de la demanda. Todo indica lo contrario: la lista de espera en los centros de atención especializada para veteranos suele ser larga y los tiempos de espera, excesivos.

Organizaciones de excombatientes ya anticiparon que analizarán el proyecto en detalle y pedirán explicaciones en las comisiones del Congreso. Esperan que, al menos en la discusión legislativa, se revierta esta partida o se compensen los recursos por otra vía.

La salud mental no puede seguir siendo la variable de ajuste cada vez que hay que cerrar números. Los veteranos de Malvinas no son un costo: son parte de la deuda moral y material que el Estado argentino tiene con ellos desde 1982. Reducir su atención no es eficiencia fiscal. Es, simplemente, falta de memoria.