Economía

La resolución de Kicillof que preocupa a las empresas: qué es F.U.T.U.R.O. y por qué genera conflicto

El Gobierno bonaerense impuso una declaración jurada mensual con recibos de sueldo y comprobantes de pago. La CAC la califica de innecesaria y advierte que aumentará costos y desalentará el empleo formal.

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Calendario de tramites y vencimientos laborales
(CC BY 4.0 — libre difusión con atribución a Q Company)

La Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa la tensión histórica entre control estatal y costos para las empresas. Firmada el 4 de noviembre y publicada el 6, la norma crea el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), una declaración jurada mensual que obligará a miles de empleadores a volcar información detallada sobre salarios, jornadas y pagos.

A partir de enero de 2027 la presentación fue obligatoria para todas las empresas con domicilio legal o fiscal en Buenos Aires, que tengan establecimientos allí o trabajadores bajo su dependencia en el territorio provincial. Hasta entonces se podrá hacer de manera voluntaria desde diciembre. La carga debe realizarse de forma electrónica, con firma digital, y hasta el último día hábil del mes siguiente al período liquidado.

¿Qué datos exige exactamente el formulario? El monto total de salarios abonados, discriminando conceptos remunerativos, no remunerativos y netos. Además, el método utilizado para controlar la jornada laboral, los recibos de haberes de todo el personal y los comprobantes de acreditación en cuenta sueldo. Cuando corresponda, también deberán adjuntarse los acuerdos sobre jornada, compensación de horas extras, banco de horas o descansos compensatorios. Todo en archivos PDF separados por concepto.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió rápidamente al cruce. En un comunicado consideró la medida “innecesaria, extemporánea y perjudicial para el crecimiento de la actividad y la generación de empleo formal”. Argumentan que la información ya se presenta ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que la nueva obligación contradice el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que establece que la registración nacional es suficiente sin que ninguna otra autoridad pueda exigir requisitos adicionales.

Para las entidades empresarias, el trámite implica mayor carga administrativa, costos operativos más altos, riesgo de sanciones y una complicación especial para las PyMEs, que son mayoría en el tejido productivo bonaerense. Advierten que puede desalentar la contratación formal, afectar la competitividad y terminar frenando inversiones.

Desde el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa defienden la herramienta como una respuesta necesaria al artículo 20 de la Ley 27.802, que según ellos cercena facultades constitucionales provinciales y amenaza el poder de policía en materia inspectiva. “No vamos a permitir que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a Buenos Aires”, afirmó Correa.

El argumento oficial es que F.U.T.U.R.O. permitirá sistematizar la información laboral, fortalecer la fiscalización, detectar incumplimientos como pagos parciales, falta de descansos o subdeclaración salarial, y planificar mejor las inspecciones presenciales. También servirá para generar estadísticas más precisas sobre el mercado de trabajo provincial.

La resolución prevé sanciones por incumplimiento, falsedad en los datos o presentación fuera de término, aunque admite las presentaciones tardías con posibles penalidades. Los empleadores deberán conservar la documentación durante al menos dos años.

El impacto en el bolsillo y en las decisiones de las empresas

Para un comerciante o industrial de tamaño medio en el conurbano, esta obligación mensual significa tiempo de recursos humanos, software de liquidación de sueldos actualizado y riesgo de multas. En una provincia donde el empleo formal ya viene golpeado por la inflación y la caída del consumo, sumar trámites no parece el camino más directo para fomentar la contratación.

Desde la mirada productiva, el conflicto vuelve a poner en debate hasta dónde llega el legítimo control del Estado y dónde empieza la superposición burocrática que termina encareciendo el costo laboral no salarial. Si el objetivo es proteger a los trabajadores, el desafío es lograrlo sin que el peso recaiga principalmente sobre las PyMEs que generan la mayoría del empleo privado.

La resolución de Kicillof no es un detalle administrativo. Es otro capítulo de la puja entre un gobierno provincial que busca defender sus facultades inspectivas y un sector empresario que reclama simplificación y previsibilidad. Mientras tanto, las empresas bonaerenses deberán prepararse para agregar una carga más a partir de enero de 2027. La pregunta que queda abierta es si esta herramienta realmente mejorará la protección de los derechos laborales o si solo aumentará el costo de ser formal en la provincia.

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