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 -  tiempo  43' 36" - 18116 Visitas Capítulo XI: Juicio y condena
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-¿Cómo se llama usted? -preguntó el hombre de la Justicia.
-Leonardo Céparo.
-¿Qué edad tiene?
-16.
-¿Qué es lo que quiere declarar?
-A los pocos días de conocido el secuestro del escribano Calero caminaba por Avenida Almafuerte, en dirección hacia el centro de Paraná, cuando observé el automóvil de Alcides Pérez, quien trabaja como chapista en el taller del prestamista Humberto Tórtul. El estaba en el mostrador de un bar.
-¿Y qué era lo que hacía?
-Estaba conversando con otra persona que no conozco y le dijo: "A Calero lo mataron por orden de Tórtul, por un supuesto negocio de dólares".
-¿Escuchó algo más?
-Pude oír que al escribano lo llevaron hasta la zona del Túnel Hernandarias, donde lo cargaron en el yate del abogado del prestamista, el doctor Jorge Ghebart, y lo fondearon en el río con una batería atada a un alambre.
-¿Pudo saber de los supuestos autores?
-Allí dijeron que participaron Eduardo Romero, Jorge Fadil, Luis Lenzi y el comisario Ríos, de la Tercera. Habían robado una lancha para hacer creer que el hecho se cometió con esa embarcación y de esa manera no involucrar al doctor Ghebart.
-¿Cómo se llama usted? -preguntó el hombre de la Justicia.
-Leonardo Céparo.
-¿Qué edad tiene?
-16.
-¿Qué es lo que quiere declarar?
-A los pocos días de conocido el secuestro del escribano Calero caminaba por Avenida Almafuerte, en dirección hacia el centro de Paraná, cuando observé el automóvil de Alcides Pérez, quien trabaja como chapista en el taller del prestamista Humberto Tórtul. El estaba en el mostrador de un bar.
-¿Y qué era lo que hacía?
-Estaba conversando con otra persona que no conozco y le dijo: "A Calero lo mataron por orden de Tórtul, por un supuesto negocio de dólares".
-¿Escuchó algo más?
-Pude oír que al escribano lo llevaron hasta la zona del Túnel Hernandarias, donde lo cargaron en el yate del abogado del prestamista, el doctor Jorge Ghebart, y lo fondearon en el río con una batería atada a un alambre.
-¿Pudo saber de los supuestos autores?
-Allí dijeron que participaron Eduardo Romero, Jorge Fadil, Luis Lenzi y el comisario Ríos, de la Tercera. Habían robado una lancha para hacer creer que el hecho se cometió con esa embarcación y de esa manera no involucrar al doctor Ghebart.

La hipótesis de la supuesta vendetta del prestamista Tórtul contra el escribano Calero, a raíz de una presunta deuda, reapareció prácticamente con el inicio del juicio oral y público, desarrollado a partir de mediados de marzo de 1993. Es decir, en tiempos en que gobernaba Mario Moine y Jorge Busti estaba de vuelta en la Intendencia de Concordia. Las confesiones del joven Céparo, que había sido empleado de Tórtul hasta que fue despedido, se convirtieron en el eje de investigación en el juicio. Céparo declaró ante el juez Héctor Vilarrodona al poco tiempo de producido el crimen de Calero. De esa forma se reflotó la hipótesis del actor civil de la familia Calero, Julio Federik, quien pensaba que a Calero lo había mandado a matar Tórtul por la deuda del campo que no pudo pagar. Esa posibilidad no mereció mayor atención por parte de quienes llevaron adelante la investigación judicial. No obstante, los integrantes del tribunal - Silvia Nazar, Pablo De la Vega y Arturo Landó- decidieron profundizar en ese aspecto.
-¿Lo conocía a Céparo? -le preguntaron a Tórtul en el juicio.
-Lo conocía, pero desde que se fue del taller no lo vi más.
-¿Usted estaba vinculado con los imputados?
-Tenía relaciones comerciales con Romero, Lenzi y Fadil. También conozco a Pedro Iglesias -ex agente de la Policía Federal-, porque es amigo de mi hermano y le presté dinero. Con Balla tuve vinculaciones, ya que le vendí un auto.

Hubo un detalle en cada uno de los interrogatorios por la supuesta conexión Tórtul: los únicos que preguntaban eran Nazar o De la Vega. No ocurría lo mismo con Landó, quien alguna vez hizo una operación comercial con el prestamista, por lo cual decidió mantener la debida distancia.

El único que intentó avanzar en el costado político de la causa fue el defensor de Emilio Romero, Alberto Ottalagano. Tanto el Gitano como su anciano abogado consideraban que los máximos referentes del poder político de la provincia lo habían dejado en total desamparo. "Acá hay una especie de gatopardismo; yo soy un chivo expiatorio. Que traigan a la gente del poder político, que seguramente debe saber por qué lo mataron a Calero", insistía Romero, Biblia y crucifijo en mano, cada vez que algún periodista lo consultaba en los pasillos tribunalicios. Ottalagano fue directamente al grano a los pocos días de iniciado el juicio.
-Yo quiero que comparezcan el ex gobernador Jorge Busti, el actual vicegobernador Hernán Orduna y el ex jefe de Policía Luján González –exigió.

Los integrantes del tribunal rechazaron la petición del letrado, que también solicitó que fuesen citados algunos periodistas de la revista Análisis, en virtud de las publicaciones relacionadas a la investigación por el crimen del ex funcionario del IAPV. Ottalagano consiguió sucesivos rechazos y un apercibimiento. "Esto no puede ser; es injusto, inequitativo e ilegal”, señaló cuando fue sancionado. En realidad, los planteos del dirigente nacionalista no eran desubicados, pero en las semanas previas al juicio, como así también durante su desarrollo, buscó descalificar en forma permanente diversas instancias de la investigación. Fundamentalmente le apuntó a la testigo Duarte, a quien acusó de mitómana y de tener problemas psiquiátricos. No tuvo en cuenta el informe del profesional Jorge Grinberg -un reconocido médico psiquiatra que en esos días estaba al frente del Hospital Antonio Roballos-, incorporado al expediente de la causa: "Tiene inmediata disposición y buena colaboración para la entrevista. Sin intento de modificación del encuadre tiene rasgos de solidaridad marcados y disposición de ayudar al prójimo. Posee conciencia de situación y no presenta signos ni síntomas de patología psiquiátrica alguna. Se trata de una persona lúcida, de inteligencia normal, portadora de un estilo de personalidad histérico", señalaba.

Una semana antes de los planteos de Ottalagano, Orduna le reclamó al fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Herrera, los resultados de la información sumaria que, como ministro de Gobierno, acordó con Busti en el área de Salud, a los pocos días del crimen de Calero. En el escrito, el vicegobernador le expresaba su "estupor" al saber que no estaba concluida la investigación y le indicaba que el personal policial a su cargo había sido “desafectado por órdenes de la superioridad de la fuerza, sin que mediara decreto del Poder Ejecutivo". Se refería a los policías Héctor Blaconá y José Lauman, quienes fueron desplazados por el nuevo jefe de Policía de la provincia, nombrado por Mario Moine: el comisario general Eloy Heinze. A los pocos días de asumir, el oficial admitió en conferencia de prensa la imposibilidad que tenían sus subordinados para encontrar al prófugo Carlos Balla. "El conoce todos los movimientos de inteligencia de la Policía y entonces se hace muy difícil capturarlo", indicó. Heinze y Balla se conocían desde tiempos del gobierno del radical Sergio Montiel. El comisario era jefe de Operaciones y el oficial prófugo se ganó el reconocimiento de su superior cuando hizo una pormenorizada tarea de inteligencia sobre Busti y Orduna en Concordia.

Balla, antes de su fuga, amenazó de muerte a Blaconá por la investigación que estaba desarrollando en el área de Salud, donde desempeñaban tareas Romero, Lenzi y Fadil. Los dos oficiales que se ocuparon del tema lograron sumar trescientas fojas, que quedaron en manos de la vocal Silvia Nazar. Las desprolijidades cometidas por Heinze derivaron en una investigación de oficio de la jueza de Instrucción Susana Medina de Rizzo.

*****

-¿Usted hubiera concurrido a declarar? -le preguntaron al entonces intendente de Concordia, Jorge Busti, a las pocas horas de conocida la decisión del tribunal sobre los pedidos de Ottalagano.
-No tengo ningún problema en acudir a la Justicia.
-¿Qué opina de Carlos Balla, que está prófugo?
-Balla es un elemento nefasto. Un elemento criminal que es necesario encontrar.
-Siempre se cuestionó la actitud de su gobierno, de amparar a personas como Romero y Lenzi, por ejemplo, con gran poder en el área de Salud, pese a los antecedentes que ambos tenían. ¿En qué medida se siente responsable de esta imputación?
-No, no me siento responsable. Yo era el gobernador y algunas cosas se escapaban de mi esfera. Nosotros los hicimos detener y los colocamos a disposición de la Justicia. Ninguno de ellos tuvo coronita.
-¿Usted se siente tranquilo con la investigación realizada en su gobierno por el crimen de Calero?
-Totalmente tranquilo. Si hubo una persona que se preocupó fue el ingeniero Orduna, que trató de llevar el tema hasta las últimas consecuencias, a riesgo de poner en polémica su figura en el medio de una campaña electoral. Pero creo que él tenía razón, en el sentido de ir hacia Balla, que es la clave de este hecho criminal y vandálico.

Busti nunca llegó al estrado. Por su condición de ex gobernador respondió las preguntas por escrito, aunque no hizo mayores aportes a la causa. Quien sí concurrió personalmente fue Orduna, porque su situación se complicó, a raíz de declaraciones periodísticas de la testigo Eva Cristina Duarte.
-Cuando Balla lo estaba matando a Calero le pregunté quién lo había mandado -relató la mujer, al formular declaraciones periodísticas.
-¿Qué le contestó?
-Por encargo del Vasco Orduna. Acá hay muchos intereses para varias personalidades, tanto para el Vasco como para otros -dijo que le señaló Balla.

Nunca se pudo saber por qué Duarte rompió un código de tal naturaleza. Quienes estaban relacionados a la investigación no desconocían la preocupación de Orduna por la seguridad de la única testigo, puesto que valoraba su actitud. Fue quien le hizo asignar una custodia personal permanente; además, se ocupó de solucionarle el problema de vivienda y era partidario de que el gobierno colaborara con ella, a raíz de su situación económica. "Es la única testigo del caso. No puede trabajar en la calle ni ayudar en ninguna casa de familia, porque es Eva Duarte. Lo mismo ocurre con sus hijas. Y tiene diez hijos. ¿Qué quieren que suceda con ella?; ¿pretenden verla muerta y que el caso nunca se esclarezca? ¿Consideran mejor que esta manga de bandidos nos gane la pulseada y quedemos para siempre como estúpidos ante toda la sociedad?", le remarcaba a quienes pretendían cuestionarlo. Los críticos preferían hablar a sus espaldas. Nadie se animaba a decirle en la cara lo que pensaba. Además, no tenían una alternativa que le diera garantías suficientes a Duarte.

Fue un día de marzo de 1993. De riguroso traje y corbata, peinado a la gomina, Orduna llegó a la sala de audiencias cerca de las 9 de la mañana. El pequeño lugar estaba repleto. Su presencia generó una particular expectativa. Romero cambió su posición en la silla. Esta vez se sentó mirando fijo y de frente al vicegobernador, con los brazos cruzados sobre su pecho. A su lado, Ottalagano adoptó una posición similar.
Orduna y el abogado tenían buen diálogo. La relación entre ambos se produjo en instancias previas al acuerdo que posibilitó el traslado a Paraná de los restos del general Ricardo López Jordán, asesinado en Buenos Aires el 22 de junio de 1889. El cuerpo permaneció en esa ciudad hasta principios de 1990. Se realizó un acto frente a la Catedral Metropolitana que contó con la presencia de Carlos Menem. También había varios referentes de Montoneros: Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, entre otros, se lucían orgullosos en medio de los principales colaboradores del presidente de la Nación. Ottalagano formaba parte de la comisión organizadora y mantuvo varias entrevistas con el entonces ministro de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Públicos.

Frente al tribunal, Orduna se extendió en sus respuestas por espacio de casi una hora. "Recogía muchas quejas del área de Salud", indicó, al momento de hacer referencia a la información sumaria que le ordenó al ex secretario de Salud, Miguel Torrealday, por la cual eran investigados los imputados Romero, Lenzi y Fadil. "Hubo denuncias por amenazas; entre ellas las formalizadas por el ex ministro José Carlos Halle y el doctor Montaldo. También hubo quejas de gente del interior, como el caso del ex director del Hospital de Villaguay -del que no dio nombre-, personas que trabajaban en la Secretaría de Salud y gente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), pero quizás por miedo esas quejas no se transformaron en denuncias", añadió.
-¿Usted cree que existe alguna relación entre el caso Calero y el asalto al Roballos? -le preguntaron.
-Estoy seguro. Y estos dos hechos me han llevado a concluir que es necesaria la Policía Judicial en la provincia, porque si en algún caso aparece un efectivo en el medio, las investigaciones pueden llegar a tropezar con problemas. En 1991, en base a una publicación periodística (se refería al semanario Análisis), hablé con el gobernador Busti para disponer una información sumaria por el caso Roballos, al cual estaba relacionado el oficial Balla. Los testigos sindicaron a Balla como partícipe del hecho, pero tenían mucho miedo porque eran amedrentados por el policía. Inmediatamente se informó a la Justicia, se dispuso el sumario administrativo y el arresto preventivo de Balla en la Jefatura Central. Cuando me dijeron que el oficial estaba deprimido ordené que le pusieran guardia a la vista, pero a pesar de ello, pocas horas después de habérsele denegado un habeas corpus, Balla quebrantó el arresto y otro policía lo ayudó a escapar. Fue allí donde dispuse el pase a disponibilidad del director de Operaciones y de todos los oficiales de guardia, quienes quedaron detenidos. Luego del sumario terminó disponiéndose la exoneración de Balla.
-¿Usted lo conocía de antes a Balla?
-Tuve conocimiento de su existencia por el crimen de Calero y porque me enteré que fue él quien redactó un informe de inteligencia en 1986, haciendo una serie de imputaciones contra mí, contra Busti y otros dirigentes.

Los vocales no se animaron a interrogar en profundidad al vicegobernador. Respetaron demasiado su investidura. Había preguntas claves que debieron hacerse y no se realizaron. Y Orduna, seguramente, no iba a tener inconvenientes en contestar. De hecho, a los pocos minutos de su salida de la sala de audiencias el ex colaborador de Busti ofreció una conferencia de prensa y los periodistas ahondaron un poco más. "Este no es un problema de diez millones de dólares. Es un problema, tal vez, de poco dinero", señaló. Orduna no desconocía los movimientos económicos que estaban haciendo varios de los hombres allegados a José Carlos Conde Ramos -fundamentalmente el Gitano Romero-, antes de que se produjera el secuestro y el crimen de Calero, pero públicamente reforzó la hipótesis relacionada con la supuesta conexión Tórtul.

Lo más llamativo del encuentro de Orduna con los integrantes del tribunal, el fiscal y los abogados defensores fue la insistencia de Ottalagano sobre un tema específico.
-¿Usted lo conoce a Oscar Mori? -preguntó.
-Sí, lo conozco -respondió Orduna.
-¿Tenía alguna relación con él; estuvo enfrentado o lo investigó en algún momento?
-Tenía la relación lógica de ministro a funcionario, fundamentalmente cuando asumió como director de Rentas. Pero no recuerdo haber tenido un enfrentamiento. No acostumbro a investigar con fines políticos ni de otro tipo. Son mis convicciones más profundas.
-¿Nunca conversó con Mori por algo relativo a Safra?
-No recuerdo algo en particular.

La estrategia de Ottalagano era vincular a Mori con el presunto móvil del hecho, entendiendo que existió una supuesta equivocación en cuanto a la víctima. Calero había adquirido el automóvil de Mori, aunque a través de una concesionaria de la ciudad de Diamante.

"Quiero agregar algo", dijo Orduna, cuando Ottalagano decidió no hacer más preguntas. El vicegobernador recordó los logros conseguidos con el restablecimiento de la democracia, repasó algunas medidas adoptadas durante la gestión de Busti y el respeto y vigencia de los derechos humanos. Mencionó la defensa de la libertad de expresión -"aún a costa de que se digan cosas que afectan mi honorabilidad y mi persona"- y finalmente se despachó con una inesperada referencia a Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda del jerarca nazi Adolf Hitler. "El decía: Mentid, mentid, que algo queda. Una mentira dicha cien veces se transforma en verdad. Así como perdió Goebbels van a perder sus admiradores, porque lo que no tienen es la verdad. Nada más". Los aplausos de sus seguidores se extendieron hasta que Orduna cruzó la puerta.

*****

El día de los alegatos, la tensión se sentía en el ambiente. Julio Federik, abogado de la familia Calero, fue el primero que desarrolló sus argumentos. Con tono firme, utilizando sus manos cada vez que tenía que remarcar un concepto, el letrado fustigó severamente a "los grupos que se mueven fuera de la ley con conciencia de impunidad", en obvia referencia a quienes estaban ubicados frente a su escritorio, la mayoría de ellos con la cabeza gacha. "No debemos olvidar que en estos grupos operan policías que luego son los que se ocupan de la primera parte de la investigación", añadió, en relación al oficial Carlos Balla, aún prófugo de la Justicia. "Nuestra Policía, la encargada de cuidarnos a todos nosotros, esta institución que debemos defender para que nos defienda de la delincuencia, aparece como la gran comprometida en el caso", enfatizó el actor civil sin ocultar su indignación, detallando el entorpecimiento que ejercieron varios de los hombres de la fuerza de seguridad en la investigación. "Para quien no lo recuerde, podemos mencionar las palabras del ex ministro de Gobierno, Hernán Orduna, cuando reconoció que la lancha secuestrada se encontraba totalmente limpia a pesar de estar en un patio y con claras muestras de haber sido lavada, con el resumidero aún húmedo y sin la película de polvo de la intemperie" al momento en que personal de la División Criminalística debió recoger las muestras. "Es posible que los responsables de esta situación en nuestra Policía hayan provocado tanto miedo en los otros efectivos como para que nadie se anime a traer al asesino del escribano Calero", apuntó luego.

Federik pidió la máxima pena de prisión para los tres imputados y un resarcimiento económico de ochenta mil pesos para la viuda de Calero. Un planteo similar hizo la agente fiscal Olga Yaconcic, mientras que los abogados Alberto Ottalagano (de Romero); Nora Lanfranqui y Enrique Rosales (Lenzi) y Antonio Rojas (Fadil) solicitaron la libertad de sus respectivos defendidos.

A los pocos días, el tribunal dictó sentencia. La sala estaba colmada. Romero se sentó en su lugar de siempre -es decir, a no más de medio metro de los magistrados-, depositó en el escritorio la Biblia que lo había acompañado durante casi todos los días del juicio, se acomodó la corbata y se dispuso a escuchar junto a sus compañeros.

-En primer término voy a analizar la situación del imputado Jorge Fadil -señaló la vocal Silvia Nazar, luego de acomodarse los anteojos y pasar, por enésima vez, la mano por su lacio cabello.

"Descartada la eficacia probatoria del informe técnico pericial efectuado sobre los pelos secuestrados, solamente quedaron en su contra dos elementos de cargo", arrancó. Mencionó que fue en su domicilio donde se secuestró la lancha Lulilau, propiedad de Miguel Torrealday, pero recordó que la embarcación "no fue reconocida por la testigo Duarte como la utilizada en el hecho". Además, acotó que la pericia mecánica determinó (en septiembre de 1991) que el motor había estado sumergido y no fue puesto en funcionamiento por un lapso de seis meses. Recordó declaraciones de Torrealday, en el sentido de que "debido a la actividad que desempeñaban Romero, Fadil y Lenzi era imposible el control de las entradas y salidas", y mencionó que el entonces secretario de Salud tenía con Fadil y con Lenzi "una amistad personal", ya que "desde hacía mucho tiempo era el médico de las familias de ellos, tenía contacto personal con sus esposas e hijos". Nazar concluyó que la lancha secuestrada en el domicilio de Fadil "no fue la utilizada para transportar el cadáver de la víctima".

La vocal consideró, además, que no quedó acreditado en la investigación algún tipo de nexo entre Fadil y Calero, tal como denunció Lenzi en la indagatoria. "A mi me lo dijo un empleado de Salud: Eduardo Félix Correa. Me contó que Fadil recibió en la oficina no menos de tres llamados telefónicos de Calero", declaró. Correa, ex empleado de la Dirección de Mantenimiento de la Secretaría de Salud, dijo que nunca atendió llamados de Calero destinados a Fadil. La magistrada hizo un breve silencio antes de decir la última frase. Fadil levantó la vista y la miró fijo. Sabía muy bien qué era lo que iba a decir, pero estaba ansioso por escucharla. "Así las cosas, no existiendo prueba alguna que relacione a Jorge Alberto Fadil con los hechos cometidos en perjuicio del escribano Calero, corresponde su absolución de culpa y cargo", señaló.

Nazar tomó el vaso de agua, bebió tranquila por unos segundos y se dispuso a continuar con la lectura de la sentencia.
-Ahora analizaremos la situación de Luis Eduardo Lenzi -indicó.

A su entender "las probanzas existentes” -en cuanto a los testigos que declararon y la documentación recopilada que, en general, favorecía la coartada de Lenzi- "permiten inferir que, efectivamente, entre los días 4 y 7 de junio de 1991 viajó a las ciudades de Bovril, Santa Elena y La Paz. El testimonio del médico Arias además de impresionar como sincero y desinteresado fue corroborado por los informes de los hospitales de Bovril y Santa Elena, en cuanto a las fechas y horarios aproximados en que estuvieron, y también por el Círculo Médico de Santa Elena, en lo relativo a la noche en que Arias y Lenzi pernoctaron en ese lugar". Añadió que "si bien las precisiones que brindara el testigo Varisco demostraron una memoria parcial y sin fundamento serio lo que motivó que el señor juez de Instrucción dispusiera la extracción de testimonios para investigar una posible falsedad , lo cierto es que las restantes pruebas también indican que en la noche del 5 de junio de 1991 Lenzi estuvo en Santa Elena, excepto en el lapso comprendido entre las 21 y las 0.30 horas, en el que Arias no estuvo con él. En ese período de tiempo de poco más de tres horas es prácticamente imposible que el inculpado haya podido viajar a Paraná, intervenir en el hecho y regresar nuevamente a Santa Elena, máxime si tenemos en cuenta que el estado del camino era malo y que debió supuestamente realizar el viaje en horas nocturnas".

No obstante, acotó que "es cierto que resulta harto sospechoso que Lenzi no haya realizado ese viaje en comisión en un vehículo oficial o no haya pedido autorización expresa para hacerlo en su propio automóvil si como él dice conocía desde varios días antes que la camioneta Ford tenía desperfectos mecánicos, aunque esto último tampoco concuerda con lo informado por la División Automotores, ya que dicho rodado recién ingresó al taller el 12 de junio. Pero ese indicio no es unívoco como para dar sustento a la conclusión certera sobre la participación de Lenzi en los hechos que aquí se juzgan", añadió la vocal. "Duarte pudo haberse confundido, creyendo de buena fe que quien conducía la lancha era Lenzi", dijo. "Consecuentemente, y por aplicación del beneficio de la duda, propicio su absolución de culpa y cargo", indicó.

Los abogados Lanfranqui y Rosales -fundamentalmente éste último, quien había repartido ya innumerables caramelos que tenía en el bolsillo- no podían contener la alegría. Se tomaron de las manos y, por espacio de algunos segundos, festejaron la resolución del tribunal con Lenzi.

Romero volvió a acomodarse. Por un momento casi se convenció de que seguiría la misma suerte. En realidad, el clima le resultaba favorable. Nazar acomodó las últimas quince carillas que le faltaban leer, tomó aire y arrancó. Repasó cada una de las declaraciones realizadas por el imputado y testigos citados, tanto en la etapa instructoria como en el debate, y desarrolló su conclusión: "La tendencia o inclinación a mentir que ostenta Romero no sólo surge del hecho de que todas sus afirmaciones en este proceso han sido desvirtuadas como ya hemos visto al tratar el contenido de sus defensas materiales , sino que palmariamente aparece demostrada si comparamos las constancias obrantes en esta causa con las contenidas en la información sumaria remitida por Fiscalía de Estado (ofrecida como nueva prueba por el Ministerio Fiscal en el debate, admitida como tal sin oposición e introducida por lectura en su oportunidad)". Las primeras palabras hicieron que el abogado Ottalagano bajara su cabeza. Estaba anticipando la derrota de su defendido.

"Ha sido probado en autos -siguió Nazar- que el 28 de mayo de 1991 Romero viajó a Esperanza para participar de un retiro espiritual y regresó el domingo 2 de junio en horas de la tarde. Sin embargo, en la información sumaria administrativa aparece en ese período como realizando viajes en comisiones de servicios y cobrando los viáticos correspondientes (del 27 al 29 de mayo y del 30 de mayo al 1 de junio inclusive), como así también prestando servicios en Paraná y cobrando horas extras el sábado 1 de junio, cuando en realidad ninguna de esas comisiones realizó ni tampoco esas horas extras trabajó. Y si tenemos en cuenta que se hallaba durante esos días precisamente en un retiro espiritual, su propensión a la mendacidad resulta rayana en la hipocresía.
Ahora bien -añadió-, atento a la valoración efectuada del testimonio de Eva Cristina Duarte el cual fue veraz, sincero, creíble y también corroborado por las otras pruebas remitidas considero que el mismo es suficientemente apto para tener por acreditada, en grado de certeza, la intervención de Eduardo Emilio Romero en los hechos que se le han endilgado. Igualmente, el análisis global de la prueba reunida me lleva al convencimiento de que, previo a la ejecución material de los hechos, existió una conspiración entre todos sus intervinientes, un plan premeditado y cuidadosamente organizado que tenía por fin último dar muerte a Rubén Daniel Calero. Y llego a esta afirmación en base a las siguientes razones", manifestó. Enseguida, la presidenta del tribunal enumeró once puntos:

1) "Si bien la muerte fue producida en forma directa por el accionar de una persona que sería Carlos Ramón Balla , en la ejecución total del hecho actuaron cinco personas (Romero, Balla, el Tuyango y los dos que llegaron en la lancha) y cada una de ellas desempeñó esa noche un rol o función previamente determinada para cumplir o llevar a cabo el objetivo final, sin obstáculos o circunstancias que lo entorpecieran.

2) "Romero fue el encargado de conducir el Torino de propiedad de Ramón Eustaquio García en el cual se trasladaban al comienzo del hecho el Tuyango y el Ruso (Balla), portando este último dos armas de fuego una escopeta corta y una pistola y una sevillana.

3) "También en el Torino conducido por Romero llevaban un equipo de radio que fue utilizado durante el iter criminis para comunicar a otra persona el desarrollo y cumplimiento del plan acordado y, posiblemente, para interceptar al automóvil de Calero en la esquina de 25 de Junio y Mendoza.

4) "La maniobra realizada por Romero si bien no colocó el Torino delante del Peugeot consistió en salir al cruce del automóvil de Calero, interponiéndose en la línea de marcha de éste y obligándolo a frenar bruscamente y detenerse, para ser abordado de inmediato por el Ruso armado.

5) “En el primer tramo del trayecto, el Torino guiado por Romero, donde iba también el Tuyango, no lo siguió al Peugeot de Calero (a partir de calle Patagonia), sino que directamente se dirigió al camino ubicado dentro del predio de la fábrica de portland, lo cual demuestra que ese lugar también había sido previamente convenido.

6) “En ese camino de broza, el Torino se ubicó en un sendero semioculto, brindando protección y apoyo al accionar del otro integrante del grupo (el Ruso), que estaba a unos veinte metros más adelante sometiendo a golpes y reclamos a la víctima, hiriéndola incluso en el abdomen con un arma blanca.

7) "Ese apoyo y protección también se concretó en los hechos, pues al intentar huir Duarte, intervino el Tuyango quien descendió del Torino e impidió con golpes que aquélla huyera, regresándola por la fuerza al Peugeot.

8) "Momentos después, hallándose los dos autos en el muelle de la fábrica de portland, la llegada de la lancha al lugar no fue providencial, sino producto de un acuerdo previo, y a fin de cumplir con lo planeado para hacer desaparecer el cadáver, arrojándolo al río.

9) "Romero no sólo presenció y brindó un apoyo psicológico a todo lo que iba sucediendo delante suyo, sino que además en el baúl del Torino llevó la frazada sobre la cual acostaron a Calero en el muelle antes de darle muerte evidentemente para no dejar rastros de sangre en el lugar ni en la lancha donde luego (ya sin vida) lo cargaron sin olvidar que la muerte en sí de Calero fue ejecutada por el Ruso delante del Torino y a muy escasa distancia a poco más de un metro según lo indicó la testigo en la inspección judicial , estando presentes allí Romero y el Tuyango.

10) "También dentro del baúl del Torino conducido por Romero llevaron un paquete sumamente pesado, que cargaron en la lancha junto al cadáver, tratándose evidentemente de un peso, el cual luego fue atado a la muñeca izquierda de la víctima para hundir el cuerpo en el río, asegurándose así que no flotara en la superficie en lo inmediato.

11) "Después de arrojar el cadáver al río, los dos ocupantes de la lancha se retiraron en la misma, y Romero siempre conduciendo el Torino trasladó al Ruso, al Tuyango y a la testigo Duarte hacia el centro de la ciudad, sacándolos a todos del escenario de los hechos”.

Según Nazar, "los móviles que determinaron ese concierto previo y su ejecución posterior lamentablemente no han podido ser dilucidados. En ese sentido, varias hipótesis se plantearon pero ninguna de ellas adquirió firmeza en el curso de la investigación. Así, el hecho de que Calero adquiriera el campo de Ménguez y saldara la deuda que éste tenía con el prestamista Tórtul no pareciera ser un motivo de una entidad tal como para causarle la muerte al escribano y, menos aún, con los sufrimientos previos que le provocaron; por otra parte, aquél hecho ocurrió en el año 1988, habiendo transcurrido tres años del mismo al momento de la muerte, sin que haya mediado en todo ese tiempo ninguna demostración de rencor. Tampoco surgió algún motivo relacionado con las funciones que desempeñaba Calero en el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Al ser interrogados al respecto los hermanos de la víctima dijeron desconocer la existencia de algún hecho o situación en ese organismo que pusiera en peligro la vida del escribano y la señora de Abdala (empleada del ente y amiga de Calero) también lo descartó, señalando que Calero no tenía un cargo de gran relevancia ni tampoco poder de decisión. Y en cuanto a las manifestaciones del Ruso mientras lo golpeaba referidas a supuestos reclamos de placas, cheques, dinero del Roballos, el filo, los verdes no pueden ser tomadas como un indicio para vincular a la víctima a otros actos ilícitos, puesto que pudieron ser expresiones dichas con la intención de confundir a la testigo Duarte, como sin dudas ocurrió con la referencia al supuesto autor ideológico del hecho".

A su entender, pese a "no haberse logrado, entonces, dilucidar los verdaderos o reales móviles que determinaron las acciones llevadas a cabo por el enjuiciado, considero que, en base a las valoraciones y conclusiones ya puntualizadas, es posible reconstruir históricamente y con certeza los hechos". Nazar se tomó unos minutos para relatar la forma en que fue secuestrado y asesinado Calero. Apenas terminó, empezó a dar lectura a los fundamentos del voto de Pablo De la Vega, otro de los integrantes del tribunal. El vocal fue funcionario judicial del fuero federal de Paraná durante buena parte de la década del '70, lo que lo llevó a abarcar los períodos de Isabel Martínez de Perón y del general Jorge Rafael Videla, tras el golpe de Estado de marzo de 1976. Era el segundo caso de amplia repercusión pública que pasaba por sus manos.
Anteriormente, en diciembre de 1975, secundó al primer juez Federal de Paraná en la dictadura, Antonio Pintos, en la investigación del crimen del general Jorge Esteban Cáceres Monié y su esposa Beatriz Isabel Sasiaiñ -hermana del general Juan Sasiaiñ, ex comandante de la Brigada de Infantería IV de Córdoba-, perpetrado por hombres de Montoneros.

Nazar leyó los argumentos de su colega De la Vega. El magistrado hizo una crítica introducción -fundamentalmente dirigida a los medios periodísticos, cuyos representantes ocupaban la sala casi en su integridad- y se extendió en sus fundamentos en torno a lo que estaba debidamente acreditado en la investigación. "La muerte de Rubén Daniel Calero -dijo- se halla suficientemente probada con el hallazgo de su cadáver en la ribera del río Paraná el 19 de junio de 1991 y con los resultados de la autopsia que se practicó en el cuerpo, coincidiendo los profesionales intervinientes en la misma que la causa del deceso fue por asfixia por estrangulación a lazo, y tal como lo ratificaron los doctores Falcón, Zaidemberg y Moyano al prestar declaración en la audiencia de debate. Tampoco pueden existir dudas que el cadáver era el del escribano de acuerdo a lo expresado por su hermano Juan Manuel Calero en la audiencia, en el sentido de que lo reconoció en la morgue del cementerio local por ciertos rasgos anatómicos que a su entender hacían posible ello, mencionando entre ellos el de una uña quebrada en uno de los dedos de la mano derecha”, relató, sin dejar de mencionar que en el proceso se produjeron tres informes policiales necropapilares a fin de determinar si las falanges que le fueron seccionadas a una de las manos del cadáver se correspondían o no con las impresiones digitales de Calero obrantes en las reparticiones policiales y en el Registro Nacional de las Personas. “Los dos informes de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos y el restante de la División Rastros de la Policía Federal son totalmente coincidentes en cuanto a que todos ellos afirman o sostienen como conclusión que existe una total correspondencia papilar entre las falanges seccionadas al cadáver hallado el día 19 de junio con las huellas dactilares impresas en las diversas fichas de Rubén Daniel Calero. No puede haber entonces en esta prueba margen de error y no es cierta la alusión del letrado defensor de Romero en orden a que tales informes o pericias no se encuentran debidamente fundados o motivados porque la realidad es bien distinta.

Paradójicamente, tal línea defensiva -o sea el negar que el cadáver hallado en la orilla del río perteneciera a Calero, insinuada ya en la audiencia de debate con el pedido del defensor en orden al aferramiento del cuerpo de la víctima sepultada actualmente en la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, a fin de practicar posibles pericias sobre el mismo, o en la mentirosa alusión de Romero de que el marinero Benítez le había manifestado que tal cadáver al momento de ser recogido de las aguas del río no presentaba ninguna herida, circunstancia ésta que, conforme los dichos de la persona mencionada, resultó ser totalmente inexacta- no fue llevada hasta sus últimas consecuencias. Ello fue así porque si el cadáver no era el de Calero sólo cabía entonces una de estas posibilidades: un grueso error en el reconocimiento por parte del hermano y tres pericias distintas que se equivocan en su técnica y conclusiones, o nada de ello sucedió sino que, por el contrario, nos encontramos ante un plan perfectamente premeditado, y que necesariamente debió involucrar a muchas personas para su concreción, a fin de hacer creer que quién no era sí era, y entonces esta última posibilidad se torna inaceptable, y en último caso ninguna prueba se aportó sobre ella", expuso.

De la Vega también se explayó en torno a los dichos de la testigo. "Y bien, ¿quién es Eva Cristina Duarte?", se preguntó. "Es una prostituta; ella misma así lo reconoció en una de sus declaraciones. Una mujer de condición humilde que usurpó una casa para poder vivir en ella -esta circunstancia también fue admitida por la nombrada-, que fue acusada por una parienta que le había facilitado un inmueble de la sustracción de diversos efectos (aunque fue absuelta por el juez que entendió en la causa), que causó hilaridad en el público asistente cuando manifestó que le gustaba concurrir a las reuniones de los partidos políticos porque siempre se aprende algo y que, a pesar de ser afiliada a otra agrupación, concurrió la noche del 5 de junio de 1991 a la sede del Partido Justicialista". Luego de citar el informe psiquiátrico realizado, agregó: "No es una neurótica, no es una psicótica, ni tampoco una psicópata. Por tal motivo no le asiste razón al letrado defensor de Romero cuando la califica de mitómana el informe no lo dice ni de histérica, porque lo que tal estudio refiere es otra cosa bien distinta: que la testigo presenta o es portadora de un estilo de personalidad histérica. Tal estilo de personalidad histérica de Duarte sirve, en mi opinión, para explicar perfectamente ciertos rasgos de su personalidad, como ser algunos gestos teatrales o ampulosos en el curso de sus testimonios, los circunloquios que a veces utilizaba antes de abordar un tema importante y la propensión a ser una figura pública, opinando fuera de los estrados judiciales en muchísimas ocasiones, aunque evidentemente alentada por los medios de comunicación. Pero tal estilo de personalidad no puede desmerecer su testimonio si éste, en su línea argumental, resulta creíble".

De la Vega basó en cuatro puntos su argumentación:

-"La referencia a la herida que el Ruso le produjo a Calero con un arma blanca en la primera detención ocurrida en el camino que bordea la cancha de fútbol en terrenos de la fábrica de portland de esta ciudad. Si la testigo describe una herida en el cuerpo de una persona, detallando inclusive su ubicación y que era muy sangrante, cuando todavía el cuerpo del escribano Calero no había sido hallado, y luego cuando esto último sucede la autopsia la confirma en un todo, quiere esto decir, inexorablemente, que la testigo estuvo presente en ese lugar y que observó lo que sucedió".

-"Durante el acto de la inspección ocular en el lugar de los hechos la testigo sorprendió a todos los intervinientes al señalar claramente y con exactitud los distintos accidentes topográficos y todo ello con la seguridad propia de quien ha estado anteriormente en el lugar y por la naturaleza de lo sucedido".

-"El careo con la testigo Abdala. No me gusta aceptarlo pero debo rendirme ante la evidencia: lo que ni el juez de Instrucción, fiscal de Primera Instancia, fiscal de Cámara, jueces del Tribunal, representante del actor civil y defensores lograron, lo consiguió Abdala. Alguna cuerda, alguna fibra íntima de la testigo supo esta mujer tocar, y lograr así la necesaria catarsis en Duarte quien, entre llantos mal sofocados, relató por primera vez ante un estrado judicial la muerte del escribano Calero por asfixia".

-"El reconocimiento del automóvil Torino que le fue secuestrado a García. La testigo lo describe antes de que le fuera exhibido y tal descripción coincide plenamente con las características del rodado que fuera interceptado por la policía provincial a la entrada de la ciudad de Gualeguay el 11 de junio de 1991".

De la Vega justificó aún más a Duarte, acerca de la demora en denunciar el crimen. "La razón que da para explicar tal omisión es bien plausible: sintió miedo -indicó-, y esto aparece como totalmente creíble si a la vez que era espectadora de un asesinato, también era receptora de una amenaza futura en igual sentido si llegaba a contar algo sobre el episodio. Fue como lo sostuvo el representante del actor civil: una testigo protagonista inmersa en un suceso terrible que, notoriamente, dejó hondas huellas en su espíritu y psiquis y que recién refiere públicamente tiempo después".

Por último, se refirió al vicegobernador Hernán Orduna, quien había comandado la investigación del caso desde su sillón de ministro de Gobierno. La mención era en virtud de los dichos de la testigo, en cuanto a la supuesta autoría ideológica, partiendo de los conceptos de Balla. De acuerdo con el criterio del magistrado, la intención del ex oficial "fue sólo la de confundir o hacer caer en error a la testigo acerca de la verdadera identidad del autor ideológico del hecho. En realidad -acotó- no lo consiguió, porque Duarte relató que no le creyó. Y a lo expuesto debe sumarse la circunstancia también referida por la testigo, de que el nombrado era un ministro del gobierno de nuestra provincia en aquella época, y tal calidad le imponía respeto y la inhibía entonces de referirse a la alusión por parte de Balla".

Había transcurrido casi media desde el comienzo de la lectura del segundo voto. Por un instante, como implorando un milagro que nunca llegaría, el Gitano clavó su mirada en la Biblia depositada sobre el escritorio. Nazar continuó: "Así, frente a la solidez de este testimonio, Romero sólo puede alzar una excusa que no resulta en absoluto creíble y que, como agravante, es recién introducida en la causa con bastante posterioridad a su primera justificación al declarar ante el juez de Instrucción, oportunidad en la que también brindó datos sobre su paradero el día 5 de junio de 1991, pero que luego fueron desmentidos. Yo no advierto que existan de parte de Eva Cristina Duarte motivos espurios para incriminar a Romero en el hecho, sobre todo si, como ella dice, lo conoce desde hace varios años e inclusive en una época militaron juntos. Por otra parte, y volviendo a lo expresado al iniciar este voto, en lo esencial, su relato no se encuentra con relación a Romero desvirtuado por algún otro elemento de convicción de los que fueran incorporados al debate en el curso de su desarrollo. Corolario de tales consideraciones es que llego a la certeza de que el coimputado Romero intervino en el hecho descripto", concluyó.

El último voto que se expresó fue el del vocal Arturo Landó, quien conocía perfectamente a Romero. En tiempos del gobierno de Enrique Tomás Cresto, el magistrado fue un activo dirigente justicialista, enrolado en las corrientes más progresistas, por lo cual fue nombrado subsecretario de Justicia. Incluso, en esos días tuvo un incidente con Ottalagano por una causa iniciada por el juez de Instrucción Osvaldo Angel Liprandi, que luego seguiría adelante Carlos Chiara Díaz. El problema era que la mujer del abogado se apropió en forma indebida de una vieja camioneta. El tema fue analizado por el propio gobernador Cresto, su subsecretario Landó y los representantes de la Justicia, quienes no querían tener inconvenientes con Ottalagano. El abogado, unas semanas antes, había sido nombrado rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) mediante un decreto firmado por el ministro de Educación de Isabel Perón, Oscar Ivanisevich. Landó abandonó el gobierno de Cresto cuando se produjo la derechización de su gestión, producto de la embestida de José López Rega desde el gobierno nacional. Era un referente de los sectores de centroizquierda del justicialismo y recién volvió a la función pública en 1987, de la mano de Jorge Busti y del fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy, que fue quien apoyó luego su designación como vocal de la Cámara del Crimen de Paraná. El pliego de Landó no tuvo objeciones en el Senado encabezado entonces por el vicegobernador Domingo Daniel Rossi. Del otro lado, Romero representó a la ultraderecha peronista y por ello se ganó el reconocimiento de los líderes máximos de la Triple A.

"Eduardo Emilio Romero, al momento de los hechos que se le atribuyen, actuó con plena conciencia y voluntad y, por lo tanto, posee capacidad de culpabilidad o, expresado en otros términos, es penalmente imputable", indicó Silvia Nazar, al leer los argumentos de Landó, luego de mencionar algunos estudios psiquiátricos que se hicieron sobre la personalidad del Gitano. "La privación de libertad fue lograda por los intervinientes en el hecho amenazando a la víctima y luego ejerciendo violencia sobre el cuerpo (golpes y herida con arma blanca). Y es coincidente la doctrina en que la amenaza y la violencia pueden ejercerse tanto para iniciar la privación de libertad, como en cualquier etapa de la permanencia de la acción, si van destinadas a mantenerla", señaló. Según el criterio del magistrado, "causarle la muerte a Rubén Daniel Calero –y hacer desaparecer su cuerpo- constituyó el objetivo o fin último del plan del hecho cumplido esa noche y a ese fin se llegó por la intervención de varios sujetos, desarrollando cada uno de ellos un rol o función esencial en el desarrollo de los acontecimientos”. Para Landó “existió un plan original previamente trazado” y, si bien Romero “no fue quien realizó la maniobra de estrangulamiento, sino que fue el Ruso y que sobre tal cimiento podría afirmarse que sólo éste tenía en sus manos las riendas de la consumación, no es de aplicación al caso esta argumentación toda vez que está demostrada la decisión conjunta previa".

La conclusión fue obvia: "Eduardo Emilio Romero debe responder por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por el uso de violencia y amenazas en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor". Finalmente, Landó se refirió a la pena a imponer. "Es menester -indicó- reparar en una constelación de pautas de mensuración. A tal efecto, en primer lugar, como atenuantes, tengo en cuenta: su edad, su situación familiar y la carencia de antecedentes condenatorios computables. Pero además, y como agravantes, computo: la naturaleza de las acciones llevadas a cabo por Romero revelan una alta dosis de peligrosidad, especialmente por la impunidad con que entendió actuar y por las características singulares de los hechos, de los cuales emerge un evidente desprecio hacia la víctima , los medios empleados para ejecutarlas utilizando un vehículo casi desconocido en esta ciudad equipado previamente con radiotransmisor, contando con los elementos para hacer desaparecer el cadáver sin dejar rastros y también con una lancha cuyos tripulantes se encargaron de ejecutar esto último y la extensión del daño causado por la muerte de una persona que era unánimemente apreciada en la comunidad. Su ponderación armoniosa e integral me lleva a propiciar como justa la pena de prisión perpetua", finalizó.

El murmullo producido en la sala no fue suficiente para que Silvia Nazar se detuviera en la lectura del fallo, mientras Romero no dejaba de mover su cabeza en señal de negativa por lo que el tribunal había resuelto. Poco y nada importó que los vocales hubieran decidido también enviar al Juzgado de Instrucción en turno las declaraciones de Ramón Eustaquio García -dueño del Torino blanco-, del agente de la Policía Federal Pedro Justo José Iglesias y de su esposa María Inés Alem por el presunto delito de falso testimonio a la hora de declarar en el juicio. Romero tomó el ejemplar de la Biblia, encaró a los periodistas presentes en el lugar y reiteró lo que había sostenido en otras oportunidades: "Esto es gatopardismo puro. Yo soy un simple chivo expiatorio. No dejen de investigar", reclamó. Le preguntaron a qué se refería. No lo quiso contestar. Sabía que no podía romper ese código. Y prefirió la cárcel.
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