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 -  tiempo  42' 8" - 19195 Visitas Capítulo X: La fuga
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-Ministro, se fugó Balla.
-¿Cómo que se fugó? ¿De la propia Jefatura de Policía?
-Alguien lo sacó del Casino de Oficiales. Todavía no sabemos quién ni cómo.
Al jefe de Policía de la provincia, Julio Luján González, le temblaba la voz cuando se decidió a avisarle a Hernán Orduna lo sucedido poco después de las 2.30 del 7 de noviembre de 1991 (sigue).
-Ministro, se fugó Balla.
-¿Cómo que se fugó? ¿De la propia Jefatura de Policía?
-Alguien lo sacó del Casino de Oficiales. Todavía no sabemos quién ni cómo.
Al jefe de Policía de la provincia, Julio Luján González, le temblaba la voz cuando se decidió a avisarle a Hernán Orduna lo sucedido poco después de las 2.30 del 7 de noviembre de 1991 (sigue).

Orduna estaba irreconocible. Le brotaba la bronca por todos lados. Fundamentalmente con los jefes policiales. "Me llaman por cualquier estupidez y ahora me entero de esto después de casi cinco horas", refunfuñó ante el propio Luján González.

Durante varios minutos se rompió la cabeza tratando de armar el esquema en el cual estaba parado. No podía entender muy bien lo que sucedía. Su estado de ánimo era una mezcla de impotencia y desorientación. "Esto es un golpe bajo al gobierno", repetía, una y otra vez, ante la atónita mirada de sus secretarios privados, Patricia Carreira y Carlos Pajarito Gómez, quienes en todo momento trataban de no hacer lugar a los planteos de los medios periodísticos, que a primera hora de la mañana se habían enterado de la noticia. "Habrá una conferencia de prensa a las 11", reiteraba Gómez, casi en forma mecánica, cada vez que sonaba el viejo teléfono negro, con botón rojo, que tenía en su amplio escritorio.

La noche anterior, mientras Orduna dejaba su despacho, Balla ingresaba a la Jefatura de Policía con un arresto administrativo "dispuesto por la superioridad", ante las dudas planteadas en el semanario Análisis por parte de dos testigos, de los cuales nunca pudo saberse la identidad por razones de seguridad. Ambos reconocieron ante el ministro político y ante el fiscal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Augusto Carlín, que Balla era uno de los partícipes del atraco al hospital Roballos de la capital entrerriana, producido el 31 de mayo de 1991, en el cual fue asesinado el cabo de Policía Vicente Ignacio Tarnowsky. Cinco días después la ciudad se volvería a conmocionar. Esta vez, con el secuestro del escribano Rubén Calero.

"¿Vos qué hacés acá?, fue lo último que alcanzó a pronunciar el suboficial, oriundo de Coronda (Santa Fe). Los disparos posteriores, al pecho y a la cabeza, troncharon su vida y por ende nadie supo de la identidad de su matador, a quien evidentemente conocía. Un rápido operativo tipo comando terminó de llevar adelante el atraco. Fueron interceptadas las comunicaciones policiales y los autores lograron escapar sin dejar rastros. A esa hora llovía y los perros de la fuerza de seguridad resultaron inútiles.

Balla fue uno de los primeros detenidos por el hecho y la actitud policial fue sorprendente. Cuando lo llevaron al reconocimiento -el 22 de agosto de ese año-, llegaron al hospital cinco vehículos policiales, numerosos efectivos con armas largas y se montó un operativo que provocó un miedo particular en la gente. Además, todos sabían que quien estaba allí para ser reconocido era Balla: los medios periodísticos, minutos antes, no callaron el dato. Desde la misma Policía había sido suministrado y buena parte del personal del nosocomio conocía la historia negra del policía.

Balla no tenía más de 24 años cuando -después de pelearse con el ex subjefe de Policía de Entre Ríos en 1974, Hugo Alvaro Roldán- decidió emprender viaje a Río Negro y afincarse allí durante unos dieciséis meses. Un amigo de Concordia, Víctor Gerardo Lestreto, que tenía programas de radio en Neuquén y era licenciado en Educación Vial, fue quien lo contactó con la Policía rionegrina. Su ligazón a los servicios de informaciones y/o inteligencia -al fin de cuentas eran lo mismo- comenzó en ese lugar, al ponerse bajo las órdenes del jefe de la Policía de esa provincia y ex comandante principal (R) de Gendarmería, Benigno Mario Ardanaz, un militar de singular poder en la zona y que recibía directivas permanentes del V Cuerpo de Ejército. El accionar represivo comprendía a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, como así también los partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones.

Balla volvió a Paraná en 1975 y logró infiltrarse en el Comando Paraná, que lideraba Emilio Gitano Romero en tiempos del gobierno de Enrique Tomás Cresto. El grupo, enrolado en la extrema derecha y con fuertes vinculaciones con la Triple A -que encabezaba el ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, José López Rega-, se dedicaba a producir atentados contra militantes de la izquierda peronista. Balla consiguió ingresar a la banda como proveedor de explosivos y porque, además, conocía a Romero de épocas anteriores.
-¿Cuántas veces le vendió armas y explosivos a Romero? ¿Tenía conocimiento del destino que se le daban?-, le preguntó a Balla el fiscal militar en la sesión del Consejo de Guerra en la que se juzgó a los miembros del Comando Paraná, realizada públicamente delante de buena parte de la prensa entrerriana poco después del golpe de Estado de 1976.
-Una sola vez le vendí cinco o seis granadas de mano, siete u ocho panes de trotyl, mechas instantáneas y lentas; dos granadas lacrimógenas y luces de bengala. Romero me dijo que serían destinadas al Comando Paraná para combatir la subversión de la izquierda y me pagó con mercaderías por un valor de unos cuatrocientos mil pesos. A Romero lo conocía desde 1970, cuando él era agente de la Policía de Entre Ríos y yo, cadete en la Escuela- contestó Balla, ante la atenta mirada del público.
-¿Participó en alguno de los atentados?
-En una oportunidad se me apersonaron Romero y (Gerardo) González para hablarme de un judío que era comunista, al que había que ponerle un artefacto explosivo, por lo cual me abonarían quinientos mil pesos. Yo no acepté la oferta, pero me puse en contacto con Vesco, quien aceptó. Después me enteré por los diarios quién era el judío; de apellido Heiniold, cuya casa estaba ubicada cerca del Mayorazgo.
-¿Usted sabía la procedencia del dinero recibido por Romero para comprar los explosivos?
-Se lo dio Cresto.

La sesión se llevó a cabo el 17 de mayo de 1976 en el patio del Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, ubicado en lo que hoy es calle Carlos Gardel. El Consejo de Guerra estuvo encabezado por el teniente coronel Carlos Patricio Zapata. Entre los imputados, además de Balla, se encontraban el destituido gobernador Enrique Tomás Cresto. La sentencia sólo fue favorable para el oficial, quien no sólo quedó en libertad, sino que nunca fue juzgado como integrante del Comando Paraná, lo que dejó en evidencia su ligazón con los uniformados.

El policía paranaense, durante su permanencia en Río Negro, también colaboró con el jefe de la guarnición militar Bariloche, teniente coronel Driolet, y a través de éste con el capitán Nazareno Funes, una especie de mercader de armamentos y explosivos con el que hizo cuantiosos negocios. En poco tiempo, Balla desarrolló lo más parecido a una sucursal en Paraná y se transformó en proveedor de los hombres de Romero.
Esa relación con los militares del sur del país fue la que lo salvó de continuar en la cárcel.

El 26 de julio de 1976, a las 16 -según consta a fojas 214 del grueso expediente de la "Causa Cresto, Enrique Tomás"- volvió a declarar Balla ante el juez federal de Paraná, Antonio Ernesto Pintos. Lo acompañó como abogado defensor Jorge La Rosa.
-¿Ratifica el contenido y las firmas de la declaración que tiene prestada en autos y que obra a fojas 31/34, de la que se le da lectura y se le exhibe?-, preguntó el juez.
-La ratifico parcialmente; la firma es de mi puño y letra. Pero quiero aclarar lo siguiente: no tengo el apodo Ruso. No tengo ningún apodo. Además, cuando se dice que me retiré de la Policía de Entre Ríos por problemas con Roldán, no fue así, sino en disconformidad por la forma arbitraria en que se hacían algunas designaciones y traslados -contestó Balla.

Dijo además que en Río Negro se desempeñó como "asesor del Servicio de Inteligencia del cuerpo de Policía provincial"; aclaró que el jefe de la institución era el comandante principal (R) de Gendarmería Benigno Ardanaz y se refirió a la vivienda que le habían dado. "No era para permanecer en ella en carácter de domicilio, sino por dos o tres días, al cumplirse un operativo que se debía efectuar en forma coordinada entre el Ejército y la Policía, y en el cual intervenía el teniente coronel Driolet, jefe de la guarnición militar Bariloche, y el jefe de Policía, comandante Ardanaz", señaló.
Balla, en su declaración judicial de cinco carillas, manifestó que conocía a Eduardo Emilio Romero "por haber sido de la Policía y suboficial militar; también sabía que era secretario y hombre de confianza de Cresto". Señaló además que "estaba dentro de la línea nacionalista y en contra de la subversión", aunque le preocupó el hecho de que "carecía de elementos apropiados para combatirla, a nivel seguridad". Tales inquietudes fueron transmitidas por Balla al comandante Ardanaz y éste le pidió que constatara esa situación. "Seguramente, el comandante Ardanaz se mostró inclinado a colaborar en esa lucha, ya que fue amenazado de muerte tanto él como uno de sus hijos", acotó. Ardanaz se puso en contacto con el capitán Nazareno Antonio Funes. Era fines de 1974 o principios de 1975 –dijo no recordar con precisión- cuando el citado militar le entregó a Balla "un bolso que contenía elementos explosivos, sin poder discriminar el número y clase, a los fines de ser entregado a Romero y posteriormente al subjefe de Policía, señor Roldán". Fue hasta el domicilio particular de Romero, sobre calle Belgrano, y depositó el material en manos propias, "pero sin percibir ninguna cantidad de dinero ni otros efectos". El líder del Comando Paraná le indicó que "se lo iba a entregar al gobernador Cresto y a Roldán", aunque ignoraba si ello realmente ocurrió.

Indicó también que "el traslado de ese material lo hizo por autorización y orden del comandante Ardanaz" y que para ello viajó "en un automóvil que le fue facilitado en préstamo, con credencial que lo acreditaba como integrante de los Servicios de Informaciones de la Policía de Río Negro y un libre tránsito, facilitado por el propio Ardanaz", por lo que estimó que dicho episodio "tenía carácter oficial, aunque sin percibir viáticos".

Balla explicó que nueve o diez meses después, estando radicado nuevamente en Paraná, lo sorprendieron algunos comentarios formulados, en forma personal, por Romero y Lenzi: estos daban cuenta de que "Roldán quería hacerle la boleta". Allí fue cuando Romero lo convocó a cometer un atentado contra una persona, de apellido judío, que residía cerca del Hotel Mayorazgo. "Yo en esas cosas no me meto", respondió Balla. No obstante, le recomendó a un individuo a quien Romero le pagó por adelantado con un cheque, llevado por el propio Balla. Romero ofreció todas las garantías. "No te preocupes para nada, porque están en conocimiento Roldán y Cresto", comentó.
-¿En alguna oportunidad le vendió mercaderías Romero?-, preguntó el juez.
-Me comentó que era integrante de una sociedad denominada Delta SA y me propuso una comisión para que vendiera ropa de niños y calzado. Sólo alcancé a vender algunas cajas de zapatillas, ropa para niños, como así también algunos camisones.

A los pocos días, a Balla le levantaron la incomunicación. Después, quedó bajo libertad condicional. La clave estuvo en el testimonio por escrito del comandante Ardanaz (de 52 años), enviado en noviembre de 1976 al Juzgado Federal de Paraná por el secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Su nombre, con los años, cobraría importancia en el ambiente judicial. El sello indicaba: Oscar M. Salvi, Secretaría Federal Número 4.

El secretario César De Monte había enviado un interrogatorio de siete preguntas, cuyas respuestas -rubricadas por el juez Federal Eduardo Marquardt- fueron incorporadas a fojas 571. El texto era el siguiente:

1) Si ha ejercido la Jefatura de la Policía de la provincia de Río Negro.
A: "Que, efectivamente, ejerció la Jefatura de la Policía de la provincia de Río Negro".
2) En caso afirmativo, durante qué lapso.
A: "Que la ejerció desde el 26 de mayo de 1973 hasta el mes de setiembre de 1975".
3) Si durante el lapso que desempeñó la Jefatura de Policía de la provincia conoció al procesado de autos de referencia, Carlos Ramón Balla.
A: "Que durante un período de unos cuatro meses, más o menos, el señor Carlos Ramón Balla fue subordinado del dicente, de donde proviene el conocimiento que tiene del mismo”.
4) Si Carlos Ramón Balla revistaba en la Jefatura de Policía de esa provincia.
A: "Que sí, que revistaba en la Policía de esa provincia".
5) Durante qué lapso lo hizo como tal y qué tareas tenía asignadas en la repartición a su cargo.
A: "Que el señor Balla revistó en la misma por un lapso de cuatro o cinco meses y que ostentaba el grado de agente en el Servicio de Informaciones".
6) ¿Qué causas motivaron el alejamiento de Carlos Ramón Balla?
A: "Solicitó la baja por cuanto tenía la madre enferma en Entre Ríos, según su manifestación al momento de pedirla".
7) Si tiene conocimiento de que dicha persona viajó a la provincia de Entre Ríos, a la ciudad capital, Paraná, con elementos explosivos, debidamente autorizado por la Jefatura de Policía de la provincia, teniendo como misión entregarlos al señor subjefe de Policía de esta provincia, don Hugo Alvaro Roldán, para combatir la subversión.
A: "Que ignora lo que se le pregunta, pero desea aclarar que el señor Balla estuvo en la lucha antisubversiva contra la guerrilla".
8) Cualquier información al respecto, vinculada con las circunstancias que rodearon el caso sub-examen.
A: "Que solamente desea agregar que en su actividad en la lucha antisubversiva fue un elemento muy eficiente".
9) De público y notorio.
A: "Que no, por cuanto la misión del mismo era reservada".

Permaneció detenido por espacio de no más de ocho meses. Cuando salió, pasó a integrar los servicios de informaciones del Ejército, tanto en Paraná como en Gualeguaychú. Balla era un hombre preparado y de acción y el poder militar no estaba dispuesto a desaprovecharlo, más aún luego de ponerlo en libertad y perdonarle las supuestas culpas que tenía sobre sus hombros.

*****

Esa mañana de junio de 1991 los diecisiete empleados que habían sido testigos del asalto al Roballos –en su mayoría enfermeras y personal administrativo- mantuvieron una reunión a solas.
-Ustedes conocen la historia de Balla. Saben muy bien que es un verdadero pesado. ¿Alguien se quiere animar a reconocerlo? -preguntó uno de ellos.
-Yo propongo que nos callemos. Que nos hagamos los desentendidos -propuso otro.

El resultado estaba cantado: ninguno lo reconoció como partícipe. Jorge Beades -juez de Instrucción de la causa en la primera etapa-, al ser consultado esa mañana fue muy concreto en su apreciación, dando a entender que una pieza no encajaba. "Nadie reconoció a Balla, pero es realmente sorprendente el miedo que hubo en los testigos. Más que miedo, diría que fue una especie de terror", dijo el magistrado a los medios periodísticos. Según consta en el expediente, recién el 1 de noviembre de ese año una mujer se animó a denunciarlo como uno de los partícipes del asalto. En esos días Balla estaba detenido, sabía que su destino era la cárcel y preparaba su fuga. La testigo declaró ante Beades y el fiscal Héctor Godoy. "Debido al pánico que reinaba entre todo el personal del hospital cuando se efectuó el reconocimiento, pánico del cual era partícipe, manifesté que no conocía a ninguno de los individuos colocados en la rueda.
Pero habiendo superado los temores originales, quiero expresar que en aquella ocasión reconocí a uno de ellos. Después me enteré que era el oficial Balla, a quien el día del robo vi de frente y muy cerca. Antes, nunca lo había visto", dijo. Otro testigo, menos contundente, encontró "detalles parecidos" en Balla, con respecto a las características de uno de los asaltantes. Cuando quienes presenciaron el hecho decidieron ampliar sus dichos, una mujer manifestó ante el juez que el día del reconocimiento "existió una especie de pacto de silencio entre los empleados del hospital, en el sentido de que si identificaban a alguien no lo iban a señalar". Otro sostuvo que Balla, en el robo, "la llevó por delante en el pasillo que conduce a la Administración, lo que ocurrió en momentos en que los autores se dirigían a perpetrar el asalto". Es más, aportó otro dato saliente: a su entender, Balla fue quien tomó de atrás al cabo Tarnowsky.

El ex oficial siempre negó cualquier vinculación con el episodio y, en verdad, la información sobre su presunta participación resultó confusa. Había datos poco claros que generaban dudas: la mayoría de sus ex camaradas de la Comisaría Tercera de Paraná dijeron no haberlo visto en la dependencia policial en el horario en que se desarrolló el atraco, poco después de las 9.30. Sus ex compañeros sostuvieron que recién lo vieron luego de las 9.45. Además, Balla no figuraba en el libro de novedades de ingreso y egreso del personal, en el inicio de la jornada del 31 de mayo. Pero había un dato a su favor: era uno de los apañados del jefe de la Comisaría y, en consecuencia, nunca llegaba temprano a su lugar de trabajo.

Fuentes policiales siempre sostuvieron que muchos de los implicados en el asalto eran conocidos por Balla. Tales los casos de Marcelo Chalaliche y Gabriel Giménez, detenidos y luego absueltos por falta de pruebas. A ambos, en los días previos al 3l de mayo de 1991, la Policía los alertó de que no ingresaran más a Paraná a llevar adelante una actividad de la cual casi siempre vivieron: el negocio de la prostitución.

Los 21 testigos del asalto denunciaron casi al unísono idénticas características en torno a los delincuentes: "uno de ellos de unos 20 años, pelo castaño, cara limpia; otro robusto, cara redonda, de unos 38 a 40 años, que usaba peluquín rubio de cabello grueso, ondulado en la punta, con anteojos oscuros". No obstante, ya el 3 de junio, en División Criminalística se apuntó para otro lado. En la ex dependencia de Balla -antes de su ingreso a la Comisaría Tercera- se hicieron tres identikit: uno de 25 a 30 años; otro de 25 a 27 y un tercero de unos 29 años. Los dibujos fueron distribuidos en toda la provincia. Recién el 31 de agosto se enviaron nuevas comunicaciones, dándose cuenta de la participación de una persona de unos 20 años y otra de unos 38 a 40.
Resultado: hubo tiempo suficiente como para que la Policía buscara a otros individuos.

El 6 de junio declaró una persona de apellido Ledesma, quien reveló que el 27 de mayo una mujer, cuyos datos de identidad desconocía, pero que viviría en la zona del Hipódromo de Paraná, se hizo presente en una casa ubicada en calle Los Minuanes para preguntarle si poseía "fierros" y pedirle que se los facilitara para hacer un trabajo. Se le dijo que tenían una escopeta y un 38 recortado, pero que habían sido prestados para otra cosa. Le pidieron que volviera a la noche siguiente para podérselos entregar. La mujer le respondió que tenía el vehículo y las personas. Nunca se avanzó en este punto. Nadie fue citado.

Como por arte de magia, a los dos días de la testimonial, fueron detenidos Chalaliche y Giménez, en Santa Fe. En los allanamientos se encontraron una escopeta calibre 16 recortada marca Centauro -similar a la utilizada para el asalto y el asesinato de Tarnowsky-, propiedad de Chalaliche, pero en poder de Giménez. Se hizo un informe balístico sobre el arma -que estuvo a cargo del oficial inspector Angel Manuel Iturria- y se comprobó que no era la utilizada en el Roballos. Se constataron "diferencias en la percusión" y "una considerable demora” en descargar y cargar nuevamente. “Las vainas secuestradas en el lugar del hecho no fueron percutidas con el arma sometida a estudio", acotaba el informe, elevado el 10 de junio de 1991 al jefe de la División Criminalística, comisario principal Rubén E. González. No obstante, tres testigos dijeron reconocerlos a Giménez y Chalaliche.

De las fibras levantadas del automóvil Taunus utilizado -hurtado en Santa Fe en la mañana del día 30 de mayo- solamente dos guardaban relación con algunos pulóveres secuestrados a los detenidos. De los pelos hallados, ninguno tenía vinculación con ellos. No obstante, las fibras encontradas y el reconocimiento parcial derivaron en el procesamiento de ambos. Merced a los planteos de la abogada Claudia Mizawak y al cambio de opinión de algunos testigos, el juez Beades tuvo que dejarlos en libertad. De igual modo, nadie investigó una denuncia de la letrada, con fecha 21 de agosto.
Uno de sus defendidos "en dependencias policiales fue sometido a malos tratos, torturas y a un irregular reconocimiento, ya que los pusieron en una habitación bien iluminada, sobre una puerta de vidrio y, si bien él no veía a los que pasaban por el otro lado, sí escuchaba que mientras un policía lo tenía de los pelos y le hacía colocar la cara de frente y de perfil, se sentía que del otro lado preguntaban si lo reconocían", indicó.
En ningún momento el magistrado ordenó tales reconocimientos, ni la presencia de algunos oficiales en la Unidad Penal con el objeto de indagar por su cuenta a los detenidos, como ocurrió con una comisión de Investigaciones, encabezada por el oficial subayudante Edgardo Daniel Santana, según consta a fojas 353.

En tanto, una testigo del hospital –que trabajaba como telefonista- dijo en su declaración que el día del asalto, a primera hora, le pasó una llamada al cabo Tarnowsky, quien se comunicó con la Policía Caminera de Paraná. La secretaria de Beades, María del Carmen Rigoni, tuvo que solicitar en dos oportunidades la nómina del personal que ese día desempeñó funciones en la Caminera. Recién el 23 de agosto logró la documentación, aunque los policías consultados en cierto modo desestimaron el episodio. Uno de los oficiales -de apellido Garrido- dio una opinión que nunca fue investigada: "Quizás haya llamado a la oficina de Adicionales, que también funciona allí, y por comentarios sé que el adicional que estaba haciendo el cabo muerto había sido rechazado. El jefe de la oficina de Adicionales es el oficial Muller", acotó. A Muller nadie lo llamó para preguntarle sobre la versión.

Otro episodio no investigado fue el denunciado por la ex concubina de Adolfo Valentín Oleinizak, asesinado, casualmente, al poco tiempo del atraco. María Elisa Robles, en principio, incriminó a cuatro personas, que fueron detenidas por la Policía y procesadas por el juez Beades. Según su denuncia, uno de los partícipes del asalto fue Sergio Alberto Giménez, domiciliado en el barrio El Morro de Paraná -dedicado al negocio de la prostitución-, con la colaboración de Josué D'Elía, Norberto Avilés y Miguel Angel Acevedo, quien en esa época era intendente del hospital y el día del asalto llegó cerca de las 10 al nosocomio. O sea, después del hecho.

Oleinizak era propietario de un bar ubicado sobre Avenida Ramírez. Según su esposa, allí se preparó el atraco. Supuestamente, Oleinizak -quien también iba a participar en el reparto del dinero- se asustó y expresó su desagrado al enterarse del crimen de Tarnowsky. Incluso, amenazó con contar lo que sabía. A los pocos días apareció asesinado con cinco balazos en el cuerpo. El presunto autor -una persona con antecedentes, contratada evidentemente para realizar tal tarea- permaneció no más de un año detenido.

D'Elía es un individuo con frondoso prontuario, con domicilio en Santa Fe y Paraná. Versiones periodísticas alguna vez lo relacionaron con el atraco a la Bodega San Gerónimo de Santa Fe; estuvo detenido por asalto a mano armada y tiene estrechas relaciones con dirigentes de la segunda línea del peronismo entrerriano. Investigaciones policiales sobre las que nunca se avanzó lo sindicaron como el presunto conductor del vehículo utilizado en el asalto al Roballos, que luego apareció abandonado en el barrio José Hernández, en proximidades a un centro comunitario con el que D'Elía tenía algún tipo de vinculación.

Acevedo era considerado el hombre de confianza de Emilio Eduardo Gitano Romero en el hospital. En realidad, ambos se conocieron en la década del '70, ya que Acevedo fue uno de los miembros del denominado Comando Paraná. Se lo consideraba el supuesto autor de la tarea de apoyatura logística para el atraco, secundado por dos enfermeras de su confianza y un empleado administrativo, pero la Justicia no lo pudo comprobar.
Avilés, por su parte, también era oriundo de Santa Fe, aunque radicado en Paso de los Libres (Corrientes). También se sabe que deambula por zonas de Brasil. Poco tiempo después del robo, un hombre de su confianza, Juan Montejano Cisneros, fue detenido al producirse un allanamiento en un taller mecánico de Avenida Zanni. En el lugar se secuestró una escopeta recortada y Cisneros resultó procesado por tenencia de arma de guerra. Nunca se trató de determinar si esa escopeta tenía alguna relación con los hechos del Roballos.

Lo denunciado por Marisa Elisa Robles (quien incluso señaló que luego del atraco Giménez se alojó en la casa de Oleinizak) perdió fuerza cuando, un mes después, decidió rectificarse. Lo preocupante fue que dijo que tuvo que hacer las declaraciones ante las reiteradas amenazas de muerte para con ella y su hijo de parte de personal de la Comisaría Octava, encabezada entonces por el comisario Rubio. Según su relato -del 3 de abril de 1992- los policías, entre los que recordaba a dos de "apellido Silva y Rodríguez", la amenazaron con "hacerle boleta" a su hijo si no colaboraba. "Tuve miedo, porque me estaban diciendo que podía desaparecer mi hijo", declaró. Nunca se investigó en qué testimonio la mujer dijo la verdad.

De igual modo, la Policía, a través de la División Relaciones Públicas, Prensa y Ceremonial, difundió el 4 de abril de 1993 a todos los medios periodísticos un comunicado dando cuenta de la detención de las tres personas citadas, mencionando a su vez la “peligrosidad" de los individuos, lo que provocó la reacción de la abogada Mizawak. Como defensora de Avilés, hizo un planteo a la Justicia en el que solicitó la rectificación de la información lo que, obviamente, no sucedió. La Justicia nunca convocó a dar explicaciones al personal de la Comisaría Octava, pese a la gravedad del episodio.

Robles era concubina de Oleinizak y madre de Diego Alejandro Leiva, quien en esos días no tenía más de 18 años. Al momento de declarar en la causa, el joven consignó que Oleinizak le pidió que fuera al hospital a buscar un arma y que Acevedo se la iba a entregar en un galpón ubicado detrás del edificio principal. El entonces intendente del nosocomio le dio a Leiva una escopeta de repetición, envuelta en una bolsa, y el chico se la llevó al concubino de su madre. Cuando llegó a la casa, se encontraba allí Sergio Giménez. Elisa Paulina Rikert era novia de Giménez en ese entonces y, al declarar, corroboró la hipótesis de la concubina de Oleinizak. Señaló que el día del asalto Giménez le narró lo sucedido: habló de dos santafesinos que participaron en el hecho; acusó a D'Elía; dijo que Acevedo fue "el entregador" del hospital y contó que su ex novio se escondió en la casa de Oleinizak. También reveló que Tarnowsky fue asesinado por haber reconocido a uno de los individuos de Santa Fe y que el dinero "se repartió entre todos". Con esa plata “Oleinizak le cambió los pisos al bar", entre otras inversiones, y Giménez viajó a España el 6 de junio de 1991. "Me comuniqué con él hasta el 18 de agosto, después no supe nada más", señaló Rikert, quien agregó además que escuchó “una conversación entre Giménez y Oleinizak", donde el primero comentó que "el Gitano Romero y el Chiro Lenzi le aconsejaron que el asalto se hiciera en Salud Pública", pero luego lo desestimaron "por la cantidad de personas que se reunían" y le recomendaron que el robo se perpetrara en el Roballos.

Los tres detenidos fueron dejados en libertad, al prosperar un recurso de los abogados Mizawak y Juan Antonio Tardelli -defensor de Acevedo-, elevado a la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná. El tribunal entendió que había fallas en la decisión del juez Beades y que no existían "elementos probatorios con entidad suficiente".
Claro que quedaron demasiados puntos sin investigar. Nadie hizo una interpretación sobre los resultados del informe de Criminalística, firmado por la perito Caro. En el trabajo -del 30 de marzo de 1992- la bioquímica dio cuenta de la existencia de "dos pelos (encontrados en el Taunus) que presentaban características de identidad con los pelos de Norberto Avilés"; dos pelos iguales a los de Josué D'Elía y tres pelos con características de identidad "con los de Acevedo".

Si bien siempre se sostuvo que Giménez nunca regresó de España, otras investigaciones indicaron que, en realidad, jamás abandonó Paraná y se lo confundió con otro individuo de su mismo apellido, cuyo cuerpo apareció flotando en aguas del río Paraná, a la altura de Santa Elena en los primeros días de noviembre. Héctor Giménez, de él se trata, era electricista, desempeñaba funciones en el Automóvil Club Argentino (ACA) delegación Paraná y apareció asfixiado con un torniquete al cuello. Del mismo modo mataron a Calero. Al parecer, Giménez habría sido quien -en acuerdo con los partícipes del asalto- ese día produjo el corte de luz en el nosocomio y desactivó así el conmutador, al igual que los equipos de comunicaciones del lugar, que no pudieron ser utilizados cuando los autores se dieron a la fuga. En una agenda que le pertenecía figuraba, entre otros, el nombre del ex agente de la Policía Federal Pedro Justo Iglesias, amigo personal de Emilio Gitano Romero. El hallazgo del cadáver se produjo, por esas casualidades, a los pocos días de la fuga de Balla.

Sin Beades en la causa -ya que luego fue ascendido a fiscal de Cámara, por pedido expreso al gobernador Mario Moine de parte de un alto hombre de la Iglesia-, quien tomó el expediente fue el juez de Instrucción Fidel Amavet, esposo de la diputada nacional Sara Liponesky (PJ-Entre Ríos). El magistrado, especialista en Derecho Agrario, no logró ningún tipo de avance. No duró más de cinco años en el cargo: la vergonzosa morosidad de causas sin resolver que tenía en su despacho lo obligaron a presentar la renuncia a fines de abril de 1998. Si no lo hacía, los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo iban a llevar al jury de enjuiciamiento por mal desempeño en la función. En su reemplazo asumió, como juez ad hoc, el abogado Juan Carlos Benavento, quien desde hacía muchos años no trabajaba como penalista. Benavento, en su momento, fue socio de Carlos Honorio Saccani, uno de los abogados del bustismo en Paraná.

*****

"Yo los hago responsables a ustedes. Mi marido nunca se hubiera podido ir solo, a raíz de su condición física". El mismo día de la fuga, la concubina del oficial Balla, Silvia Rey, se ocupó de recorrer cada uno de los medios periodísticos y cuestionar severamente a la cúpula policial. A su entender, la diabetes que padecía su compañero impedía una fuga. "Además estaba medicado", indicó. En verdad, al revisarse la habitación de Balla se encontró una caja vacía de Plidex grageas y otra de Euglocon comprimidos. El primero es un ansiolítico relajante; el segundo se receta habitualmente a diabéticos.

El experimentado jefe policial Luján González era, tal vez, uno de los más preocupados. El hecho significaba un triste final para su carrera al frente de la institución, a la que había retornado -como viejo oficial peronista retirado- por un pedido de Jorge Busti, al asumir la primera Gobernación, en diciembre de 1987.

La noche anterior a la fuga se ocupó personalmente de la detención de Balla en la sede de la fuerza de seguridad. Incluso llegó a enfrentarse cara a cara con el polémico oficial en el edificio de Tribunales, al concretarse el juicio oral por el procedimiento del recurso de habeas corpus presentado por el policía, contra el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso el arresto. Balla -ante la Cámara Criminal, integrada por Pablo de la Vega, Silvia Nazar y Arturo Landó- cuestionó la medida (lo propio hizo su abogado, Daniel Batut), pero sus argumentos fueron refutados tanto por el letrado de la Policía, Valentín Butazzoni, como por el fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy. El tribunal avaló la decisión de Orduna y Balla terminó en el Casino de Oficiales.

El comisario general Francisco Raúl Rapallo -quien se desempeñaba como director de Investigaciones- se ocupó de llevar adelante el sumario administrativo por la fuga. El propio Orduna se lo pidió. A los pocos días, el ministro tuvo una primera respuesta: Balla terminó de coordinar su escape con una empleada de la Comisaría del Menor y la Mujer, íntima amiga de una de sus hijas. Con ella arregló la hora y la forma. A las 2.30, se fue en un automóvil Renault 12 de la Dirección de Toxicología que ingresó al patio del edificio policial por calle Tucumán.

Balla consiguió -según Rapallo- un total de cinco mil dólares para el traslado hasta Santa Fe. El autor de la tarea fue Luis Héctor Almada, recibido de oficial subayudante en enero de 1976. Estuvo un tiempo destinado en la Jefatura; luego pasó a la Dirección de Seguridad e integró el equipo de espías de Investigaciones entre 1977 y 1978. Balla era su líder natural. Por historia y método.

Cuando Orduna supo su nombre lo primero que hizo fue desplazarlo de la fuerza. Algo similar ocurrió con los catorce hombres que estaban de turno en la madrugada del 7 de noviembre, pero con Almada fue más allá: cruzó a Tribunales y lo denunció por "facilitación de evasión" ante el juez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy, que al poco tiempo lo procesó y le impidió su salida de la provincia.

No hubo noticias de Almada hasta abril de 1992. Fue cuando el juez federal de Posadas (Misiones), Manuel Alberto Moreira, lo procesó por "tentativa de contrabando de exportación y tenencia de arma de guerra". Al ex policía se le encontró un bolso con una pistola ametralladora de asalto marca Uzi, de procedencia israelita, junto a dos cargadores (cada uno tiene sesenta balas) y un revólver calibre 38 largo. Lo que más extrañeza causó en el juzgado misionero fue la tenencia de una Uzi: en esos días, únicamente las usaban en el país algunos custodios de Carlos Menem y los miembros del servicio secreto de inteligencia israelita Mossad. Almada fue detenido junto a Carlos Alberto Romero Alves y Miguel Rubén Coronel, ambos de Paraná. Romero Alves, bombero, experto en explosivos, estaba exonerado de la Policía entrerriana.
Coronel se había visto involucrado en un caso en el que se denunció el hurto de una camioneta. Una versión daba cuenta de los motivos de la presencia de Almada y sus amigos en Misiones: habrían estado esperando un cargamento de armas, para luego venderlo en Entre Ríos. La información nunca se pudo comprobar fehacientemente en ámbitos judiciales.

Almada finalmente fue condenado por su participación directa en la fuga de Carlos Balla. La decisión la adoptó el tribunal integrado por Silvia Nazar, Reynaldo Gagliano y Arturo Landó. Tanto Gagliano como Landó fueron funcionarios de Jorge Busti en los primeros años de gestión y luego fueron nombrados en el Poder Judicial. Landó fundamentó el voto de la Cámara. "Los elementos me llevan a descartar que Balla haya obrado sólo en su evasión, ya que pudiendo irse caminando por cualquiera de los puestos de la Jefatura, no hubiera sido detenido en la emergencia, sino que ello le habría acarreado una posterior detención, derivada de esta nueva falta", indicó el magistrado, quien hizo también hincapié en la “amistad” de Almada con el evadido, demostrada por una permanente actitud de preocupación por su situación institucional y de salud, y que se tradujo en reiteradas visitas a Balla en la Jefatura. "He de decir por último que queda en mi ánimo la sospecha de que la fuga y la ayuda prestada por Almada no fue sólo un hecho concreto", sino que "debió pertenecer a un plan más amplio y que se sigue cumpliendo con la permanencia en estado de evasión de Balla, plan en el que posiblemente intervinieron otros sujetos". Almada fue sentenciado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por nueve años.

El ministro Orduna siguió personalmente lo relacionado a la fuga de Balla, las investigaciones en torno al crimen de Calero y el asalto al Roballos. Esto hizo que mantuviera, en esas semanas, diversas reuniones, tanto en su despacho como en las propias oficinas de algunos jueces. La actitud determinó una fuerte embestida por parte de las máximas autoridades del STJ. Entendían que Orduna había roto algunos códigos en la relación justicia - gobierno.

Los miembros del STJ advirtieron severamente a los magistrados Héctor Vilarrodona (a cargo de la causa Calero) y Jorge Beades, al igual que el camarista Felipe Celli y al fiscal del alto cuerpo, Miguel Augusto Carlín. Este último fue quien recepcionó las denuncias de los testigos del asalto al Roballos, en su propio despacho, cuando se decidieron -aunque en forma anónima- a reconocer a Balla. Los miembros del STJ, encabezados por Aníbal Nesa, consideraron "inadmisibles" los encuentros con Orduna; cuestionaron la apariencia de "un virtual estado deliberativo respecto del curso de las actuaciones administrativas" y expresaron abiertamente el "desagrado por lo ocurrido". La actitud de los jueces superiores no solo significó una especie de balde de agua fría para buena parte de la opinión pública; también determinó el rechazo del Colegio de Abogados de Entre Ríos y del propio Orduna.

La bajada de línea judicial no fue la primera. También en esos días, se conoció un comunicado de prensa -firmado por Nesa- consecuencia de la acordada general número 38/91 del STJ, donde se alertaba a los magistrados sobre la necesidad de "prudencia y mesura" en sus manifestaciones públicas. La misiva fue una respuesta a los dichos de Beades en un reportaje publicado por la revista Análisis en septiembre de ese año. En el artículo, el juez apuntó sus críticas a ciertos sectores de la Policía de Entre Ríos ligados a hechos de corrupción. El transcurrir de los días y los acontecimientos producidos le dieron la razón. "No hay que temer que porque se destape una olla se vaya a ensuciar a la institución policial. Hay que destaparlas todas las veces que sea necesario y caiga quien caiga", había dicho el magistrado; un mes y medio después se produjo la fuga de Balla, apoyado por personal de la propia fuerza.

*****

El crimen de Calero no sólo produjo una conmoción social en Paraná y buena parte de la provincia, sino que significó un fuerte golpe para el oficialismo. Cuando se conoció el hecho y la participación directa en el crimen de hombres históricamente ligados al partido gobernante faltaban poco más de tres meses para las elecciones generales. Ya en marzo habían tenido que afrontar un costo político importante: el ex integrante de los Servicios de Inteligencia del Ejército, Octavio Puigarnau, y un ex oficial de Policía –de nombre Juan José Aranaz- secuestraron y torturaron el parapsicólogo Miguel Angel Cejas y para ello utilizaron un automóvil de Vialidad Provincial. A fines de ese año, tanto Puigarnau como Aranaz fueron condenados por la Justicia. No obstante, la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná no encontró elementos suficientes como para considerar que hubo hechos que configuraran el delito de "tortura", tal como lo entendió la fiscal Lilia Carnero, al argumentar un pedido de doce años de prisión.
Finalmente, ambos hombres fueron condenados a ocho años de cárcel.

La dura golpiza propinada, el intento de asesinato (se oprimió varias veces el gatillo de una pistola colocada en la cabeza de la víctima, aunque no salió ningún proyectil), al igual que el hecho de iniciar fuego en partes de su cuerpo utilizando alcohol y la pérdida de un testículo a raíz de un disparo efectuado por Puigarnau, no fueron determinantes. "El obrar no alcanza para ser caratulado como tortura, ya que se requiere una intensificación progresiva y consciente de los sufrimientos o padecimientos de la víctima y con acciones de una envergadura tal que no dejen lugar a dudas de ese dolor", afirmó Silvia Nazar –presidenta del tribunal- al leer la sentencia.

Nunca se habló -ni en el juicio oral y público ni en el transcurso de la investigación- sobre lo que hacían en tiempos de la dictadura militar tanto Aranaz como Puigarnau. Nadie -según quedó establecido- preguntó qué destino tenía el primero en la Policía de Entre Ríos, ni qué rol jugaba Puigarnau en esa época, en que la privación ilegal de la libertad, los allanamientos del miedo, la tortura o el simulacro de fusilamiento eran moneda corriente. Tampoco hubo mayores novedades en torno a aquel caso, producido en 1985, en que Puigarnau fue detenido con una credencial del Ejército y un arma no registrada. Esa actitud le costó al oficial el traslado a la otra punta de la provincia: Islas de Ibicuy.

"La intensidad del sufrimiento de la víctima es una de las características de la tortura, que la distingue objetivamente de lo que pueden ser apremios ilegales o vejaciones, siendo esa gravedad la que separa la tortura de la vejación", dijo la vocal Nazar, indicando a su vez que el accionar de los imputados "no encuadra en tal delito.
Recuérdese -acotó- que no consideramos acreditado con certeza que rociaron a la víctima y le prendieron fuego". Los golpes en la cabeza, los disparos o la acción psicológica (desde el intento de asesinato o la posibilidad de ser violado, según dijo Aranaz), evidentemente pesaron menos. La finalización de la lectura de esa parte de la sentencia coincidió con la decisión de la fiscal Carnero de retirarse de la sala, visiblemente disconforme con tales apreciaciones, que echaron por la borda su teoría e investigación.

No fue el único episodio que alteró el ritmo provinciano. A los pocos días se atentó contra la sinagoga de la localidad de San Salvador y a ello se sumó una denuncia pública de Sergio Montiel (UCR) ante las pantallas de Canal 13 de Santa Fe. "Quieren atentar contra mi persona", reveló el ex gobernador. El subsecretario de Justicia de la provincia, Saúl Kohan, presentó un escrito ante el magistrado de turno para que se investigara, pero la causa terminó archivada. Montiel todavía no era candidato a gobernador. Faltaba un mes para las elecciones internas en las que reafirmó su liderazgo con casi el sesenta por ciento de los votos de los afiliados, que respaldaron su candidatura como en 1983.

Los hombres del gobierno tuvieron que considerar en plena reunión de gabinete la serie de episodios que se podían producir como consecuencia del año electoral. El propio ministro Orduna fue el que alertó a sus colegas. "Señores, hay que estar preparados. La embestida de la oposición va a ser fuerte", afirmó. Ni lerdo ni perezoso, Montiel solicitó la renuncia del ministro de Gobierno, como así también la del jefe departamental Paraná -que en su gestión había sido jefe de Operaciones-, Oscar Ignacio Taborda. "Los hechos son cada vez más graves y esta estructura policial no los puede contener. No tiene razón de ser", enfatizó el líder radical. La jugada del ex gobernador era fuerte: no le apuntaba a cualquier hombre del gabinete, sino al de mayor confianza de Busti y, a su vez, compañero de fórmula de Mario Armando Moine. "Vasco, quedate tranquilo. Estábamos esperando la exigencia de Montiel, pero tenés mi total respaldo. Lo de Taborda manejalo vos", le dijo Busti a Orduna la misma tarde en que se conocieron los dichos del candidato opositor, formulados en una emisora radial paranaense.

El jefe político de la Policía ya tenía decidido el relevo de Taborda. La determinación no era casual, sino consecuencia de una confesión que en los primeros días de agosto le hizo la testigo Eva Cristina Duarte. "Taborda me amenazó para que no lo reconozca a Balla", le reveló la mujer, que había presenciado, en la noche del 5 de junio de ese año, el secuestro de Calero, su tortura y su posterior asesinato.
Busti y Orduna se volvieron a reunir para diagramar una estrategia.
-Si lo relevo a Taborda, perdemos las elecciones -comentó el ministro y candidato a vicegobernador.
-¿Y qué plan tenés? -preguntó Busti.
-En principio, Eva Duarte no se anima a concurrir a Tribunales a hacer la denuncia. Le teme a Balla, que está en libertad, después de la falta de mérito decidida por Vilarrodona, pero también le tiene miedo a Taborda.
-¿Y entonces?
-Lo mejor será patear todo para después de las elecciones. Es muy grave.
La denuncia recién se hizo cuando pasaron dos meses del triunfo de la fórmula Moine-Orduna. A las pocas horas de la fuga de Balla, Eva Duarte se decidió a concurrir a Tribunales y a declarar ante el juez Vilarrodona, aprovechando que estaba de turno y, a su vez, manejaba la causa Calero, cuyo expediente resultaba cada vez más voluminoso. Además, era consciente de que la suerte de Taborda estaba definida después de la imprevista ida de Balla. Orduna no dudó en relevarlo, junto a los oficiales con cargo en la cúpula policial que estaban en funciones en ese día. Recién al tiempo la Justicia determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que la supuesta amenaza de Taborda contra Duarte alguna vez existió.
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