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 -  tiempo  20' 53" - 14909 Visitas Capítulo IX: La caída
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-¿Qué hacemos, Chiqui? -preguntó la fiscal Susana Medina de Rizzo.
-Voy a ordenar la detención de las tres personas que reconoció la testigo. Tratá de estar en cada uno de los operativos -respondió el juez de Instrucción Héctor Enrique Vilarrodona.
-¿Qué hacemos, Chiqui? -preguntó la fiscal Susana Medina de Rizzo.
-Voy a ordenar la detención de las tres personas que reconoció la testigo. Tratá de estar en cada uno de los operativos -respondió el juez de Instrucción Héctor Enrique Vilarrodona (sigue).

Eran las 19 del jueves 13 de junio de 1991 cuando el magistrado firmó la resolución y se la entregó al oficial que encabezaba la comisión investigadora. El ministro de Gobierno, Hernán Orduna, fue informado a los pocos minutos. Estaba siguiendo personalmente el movimiento de los hechos y pegó un puñetazo contra el escritorio -que casi rompe el vidrio- cuando se enteró de que el Gitano Romero era quien encabezaba el grupo de individuos que secuestró al escribano Rubén Calero. Orduna fue de los pocos hombres de confianza de Jorge Busti que le advirtió al gobernador sobre los problemas que Romero y su grupo estaban ocasionando en el área de Salud Pública de Entre Ríos.

No era conveniente efectuar los allanamientos y las detenciones a plena luz del día. Por eso se prefirió esperar la madrugada. Además, existía otro elemento político importante: ese viernes, a primera hora, llegaba a Concepción del Uruguay el presidente de la Nación, Carlos Menem, y la atención de la opinión pública iba a estar centrada en los actos que se desarrollarían en la localidad. "Si alguien le pregunta a Busti sobre las detenciones de estos tipos se va a ver en serios problemas; más aún delante de Menem", advirtió alguien del gobierno.

Tres días antes, en el puesto caminero de Gualeguay, Ramón Eustaquio García -cafisho de profesión-, fue detenido. Era propietario de un automóvil Torino color blanco, patente de Córdoba, que reunía características similares a las denunciadas por Eva Duarte. Supuestamente, era el coche utilizado por Romero al momento del secuestro de Calero. La mujer se dio cuenta que se trataba de ese vehículo por el color del tapizado, las butacas delanteras y algunos detalles, como la falta de la manija interior de la puerta trasera derecha o un muñequito colocado en el espejo interior.
-¿Usted sabe que su auto fue utilizado para secuestrar al escribano Calero? -preguntó uno de los policías.
-Ustedes están locos -contestó presuroso el individuo-. Yo me enteré del caso por las noticias de los diarios nacionales porque ni siquiera estuve en la provincia en la primera semana de junio. Viajé con mi señora a Pehuajó y nunca le presté el auto a nadie.

El primero de los partícipes directos del secuestro en ser allanado fue el Gitano Romero. La comisión policial, encabezada por el comisario Wolff, llegó hasta su departamento de Italia 176. Romero -de 43 años en esos días- se encontraba en su habitación y fue prácticamente sorprendido por uno de los oficiales, que ingresó al lugar con la pistola reglamentaria en la mano. "No puede ser que cuando estoy durmiendo me encuentre con una pistola en la cabeza", reprochó Romero al jefe del operativo. Entre otros elementos se le encontraron dos credenciales policiales en blanco, firmadas y con sellos, como para ser utilizadas en situaciones comprometedoras. "Yo quiero hablar con mi abogado", insistió el Gitano. Los efectivos aguantaron un tiempo; después tuvieron que ceder. En las primeras horas de la mañana, Romero pudo hablar con su abogado, Alberto Ottalagano, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la última parte del gobierno de Isabel Perón. El letrado, que era un nazi confeso, recibió el llamado en su estudio jurídico de Capital Federal.
-¿De qué lo imputan Romero? -preguntó Ottalagano.
-Dicen que participé del secuestro del escribano Calero, doctor, una barbaridad...
-Pero fíjese usted... Quédese tranquilo; mañana mismo estoy en Paraná.

Apenas los policías salieron de lo de Romero se dirigieron a la casa de Luis Lenzi, ubicada en Vicente del Castillo 310. Finalmente llegaron a la vivienda de Jorge Fadil, a quien Duarte no había visto, pero los investigadores dedujeron que, en virtud de la amistad con el resto de los detenidos, podía ser otro de los partícipes. Fadil no estaba allí; nunca se pudo saber cómo se enteró de que la Policía lo iba a detener. Se cortó el pelo, se rasuró la barba y el bigote, y se cruzó a Santa Fe. Acudió a un periodista oriundo de Victoria, que en ese año desempeñaba funciones en LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, y que a posteriori recaló en Paraná. Lo fue a ver a la radio, donde realizaba un programa en horario vespertino. Fueron compañeros durante el servicio militar obligatorio, en el batallón de la localidad de Crespo, durante 1980.

En la casa de Fadil fue secuestrada una lancha, denominada Lulilau, y un jeep, que pertenecían al secretario de Salud de la provincia, Miguel Torrealday, quien no se encontraba en el país; había viajado a Estados Unidos, invitado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Era tal la confianza que Torrealday depositaba en los hombres del grupo que antes de partir les dejó la lancha para que revisaran algunas imperfecciones que detectó durante los últimos días en el motor fuera de borda. Varios conocían muy bien la embarcación; usualmente la utilizaban en la zona de Villa Urquiza, donde Torrealday levantó un complejo turístico durante la década del '80.

La lancha encontrada en la vivienda de Fadil no tenía rastros de rocío ni de polvo, sino señas claras de haber sido recientemente lavada. Tanto en el Peugeot 504 que pertenecía Calero, en el Torino y en la embarcación, personal de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos levantó muestras de pelos y se encontraron con algunas sorpresas. La perito Patricia Mónica Caro de Díaz Lynch se encargó personalmente de hacer el trabajo, acompañada por un oficial de su confianza.

En el vehículo de Calero encontraron dos pelos de Duarte. En la lancha de Torrealday hallaron otros pertenecientes a Calero y Lenzi. En el Torino encontraron cabellos de Lenzi y uno guardaba similitud con los de Romero. Lo extraño fue cuando llevaron a Duarte para mostrarle la embarcación secuestrada.
-¿Es ésta la lancha en que llevaron al escribano? -preguntó la fiscal.
-No, no la reconozco.

*****

En la madrugada del miércoles 12 de junio hubo una fuerte tormenta de viento y lluvia. Eran no más de las 16.45 cuando un pescador se encontró con un cuerpo que flotaba, boca abajo, en el extremo sur de Bajada Grande, junto a un paraje conocido como Punta del Diablo, a unos dos mil metros de las cloacas. Ninguno de los pescadores se percató de que el cadáver -en avanzado estado de putrefacción- era del escribano desaparecido, a quien se buscaba hacía exactamente catorce días. Llegó una comisión policial al lugar -encabezada por el jefe departamental Oscar Taborda-, pero hasta que personal de Prefectura no estuvo allí no se pudo tocar el cuerpo. "Es Calero", dijo Taborda, apenas observó el pulóver de color rojo, la camisa clara y el pantalón marrón que llevaba. "Miren la herida", acotó el alto oficial, en referencia a lo señalado por Eva Duarte al momento de efectuar la denuncia, lo que constituía un elemento clave en la investigación. En la muñeca izquierda tenía un trozo de cordel de nylon triple trenzado, que fue el utilizado para colgarle un elemento de peso, a fin de mantener el cuerpo hundido y que, evidentemente, se corrió de lugar a raíz del fuerte viento registrado. En el cuello tenía un elástico, similar al de una prenda íntima, sujetado con un trozo de madera.

Juan Manuel Calero, hermano de la víctima, llegó al cementerio municipal de Paraná antes de iniciarse la autopsia. El cadáver había sido trasladado hasta allí. "No tengo dudas que es Rubén", señaló. Juan Manuel observó algunos detalles: las manos con dedos arqueados, una uña quebrada en el dedo anular de la mano derecha, las orejas y una cicatriz en la frente, sobre la ceja izquierda, producto de la patada de un burro cuando eran pequeños.

La autopsia fue realizada por los doctores Horacio Zaidenberg, Carlos Francisco Falcón, Luis Moyano y el médico policial Siromsky. Demoraron casi siete horas. Finalizaron a las seis de la mañana del día siguiente. Los cuatro concluyeron que la muerte se produjo "por asfixia, por estrangulamiento a lazo". Calero no tenía agua en los pulmones ni en el estómago. Antes de finalizar el estudio autópsico los médicos le cortaron las dos últimas falanges de los cinco dedos de la mano izquierda, para determinar fehacientemente su identidad. A los pocos días, la pericia papiloscópica determinó que correspondían a Calero. En las necrológicas de El Diario nadie quiso arriesgar el pellejo: únicamente hubo un aviso del Colegio de Escribanos de Entre Ríos.
-Miguel, venite urgente -le dijeron desde la Casa de Gobierno a Torrealday, cuando levantó el teléfono en la habitación del coqueto hotel de Washington en que se encontraba.
-¿Por qué tengo que regresar?
-Mataron al escribano Calero. Está involucrado el Gitano Romero y su gente y lo más grave es que habrían utilizado tu lancha para dejarlo muerto. Busti está como loco por el tema.

El gobernador ofreció una conferencia de prensa y, cuando le preguntaron específicamente por el funcionario de Salud, contestó: "Va a tener que dar explicaciones a su regreso". Torrealday sacó pasaje el mismo día en que fue informado de la situación. Era consciente de que Romero no tenía límites. "No sea cosa que quiera involucrarme en el crimen", le dijo a su abogado, Roberto Quinodoz, dirigente demócrata cristiano. "Vengo de desgracia en desgracia", le acotó. Dos días antes de la partida a Estados Unidos falleció su madre, Delia Meucci de Torrealday. La sepultaron 24 horas antes de que se encontrara el cuerpo de Calero en el río.

Cuando llegó a Paraná, Torrealday ya sabía que en las primeras horas de la tarde Busti lo esperaba en la quinta gubernamental de la zona de Toma Vieja. "Primero lo atiendo a Miguel", le dijo el mandatario entrerriano a Walter Grand, titular del IAPV, quien también llegó al lugar a dar explicaciones. El secretario de Salud -que llevó redactada su renuncia al cargo- no ingresó solo; lo hizo acompañado por su abogado. Había transcurrido no más de media hora cuando Busti interrumpió la reunión para permitir el ingreso de Hernán Orduna. El ministro tenía una vieja interna con Torrealday y no quería estar ausente en ese momento porque, además, estaba decidido a exigirle la renuncia. Incluso, se ocupó de convencerlo a Busti. Pero se encontró con una sorpresa: el gobernador no lo echó.
-Así lo acordamos, Vasco. Creemos que es lo mejor -le indicó.
-Claro, porque es lo que le conviene a Torrealday. ¿Y cuál será ahora la imagen del gobierno, que cubre al responsable de la lancha en que trasladaron a una persona muerta? -preguntó Orduna, visiblemente ofuscado por la determinación.
-Quedate tranquilo, ya se va a arreglar la situación. Miguel no tiene nada que ver en el tema –sostuvo Busti.
-Es el pecado de omisión; de no saber controlar a sus empleados. Está bien, pero convengamos una cosa: yo quiero que se haga un sumario administrativo en Salud, ordenado por la firma del secretario –indicó el ministro.
-¿Pero cómo voy a hacer eso? -retrucó Torrealday, descolocado por la idea de Orduna.
-Es una instancia de negociación. Yo acepto lo otro; ahora te toca ceder a vos.

El planteo del Vasco quedó sellado. Quinodoz añadió un pedido: que no se hicieran declaraciones periodísticas, a fin de que su cliente no se viera afectado. Busti asintió con la cabeza. El gobernador sabía que podía ser él uno de los más perjudicados por algún encuentro con la prensa. Más aún, luego de haber anticipado que la salida de Torrealday era prácticamente un hecho, apenas apareció en la investigación la lancha del funcionario.

Al día siguiente se conoció el decreto número 2.798, firmado por el secretario de Salud de la provincia, por el que se sustanciaba una información sumaria por las conductas de Romero, Lenzi y Fadil. Allí se les reprochaba "usar para fines particulares y en forma absolutamente irregular bienes y servicios del Estado; faltas de respeto y desobediencia a la superioridad; liquidar viáticos en forma irregular y no autorizada; inasistencias reiteradas y sin justificación; tomar licencias sin las autorizaciones correspondientes; amenazar y presionar a otros trabajadores con inconfesables fines, además de distraer materiales destinados a la construcción, apropiándoselos".
"¿Viste lo que ordenó Torrealday?", comentaron una y otra vez los empleados de Salud, apenas se conoció la información por los medios de prensa. "Pensar que les montó una oficina específica para que hagan y deshagan", acotaron varios. En verdad, nadie creyó que la determinación era del funcionario. Lo conocían demasiado.

*****

Busti esperó el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura para expresar la opinión institucional ante las más altas autoridades de la provincia. Era el momento ideal para hacerlo, porque las acusaciones a varios de sus principales funcionarios, fundamentalmente desde la oposición, eran muy fuertes. "Soy y seré garante de la transparencia necesaria y esta garantía no tuvo ni tendrá en cuenta el amiguismo o intereses políticos", señaló casi en el arranque de su balance anual. "No hubo ni habrá impunidad para nadie; pertenezcan al sector al que pertenezcan, piensen como piensen y se escondan donde se escondan", añadió. El gobernador afirmó además que "nadie con buena fe podrá decir que un solo juez recibió una sugerencia sobre un fallo, que algún periodista recibió la sugerencia al oído, en busca del elogio fácil, o que algún policía fue obligado a sacar un preso, un procesado o un delincuente por otros lugares, cuando la autoridad lo introdujo por la puerta principal". Fue la forma de marcar distancia.

Un día después, el 2 de julio, Carlos Alberto Lenzi, ex funcionario de la provincia en uso de licencia (hermano de uno de los implicados en el crimen de Calero), fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal por su presunta responsabilidad en la desaparición de miles de kilos de plomo de dependencias de la Imprenta Oficial. Lenzi prestó declaración indagatoria ante el juez federal de Paraná, Aníbal María Ríos, y fue excarcelado 24 horas más tarde, luego de que se abonaran diez mil dólares de fianza que nunca se supo de qué bolsillo salieron. El material faltante era propiedad del Ministerio del Interior de la Nación y se utilizó para la impresión de los padrones electorales de los comicios de 1983 y 1985. Según estimaciones su peso alcanzaba los cuarenta mil kilos. La causa fue radicada inicialmente en el Juzgado de Instrucción encabezado por Pilar Aldasoro, pero la magistrada declaró su incompetencia porque el presunto delito afectaba al patrimonio del Estado nacional.

Muchos de los hombres del oficialismo que escucharon atentamente el discurso de Busti el 1 de julio se trasladaron dos días después al salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Había motivos suficientes: Miguel Augusto Carlín, ex presidente del bloque de senadores provinciales del PJ, asumía como fiscal del alto cuerpo.
Restaban no más de siete meses para la finalización del mandato de Jorge Busti y el concordiense sabía muy bien que varios vocales del STJ estaban en condiciones de jubilarse. Los nombramientos de la mayoría de los integrantes del cuerpo se habían producido en el gobierno de Sergio Montiel. Al momento de asumir Busti, el STJ estaba compuesto por Venus Caminoa de Tardelli, Miguel Angel Aranguren, Antonio Suárez, Julio César Berlari, Enrique Mihura, Jesús Solari y Aníbal Nesa, de origen democristiano. Algunos -como Aranguren, Caminoa, Suárez y Solari- eran magistrados de carrera, con participación incluso durante la dictadura militar. Mihura fue delegado regional de ISSARA en el período de facto y, al igual que Nesa, fue nombrado directamente como vocal. Berlari fue designado como camarista por Montiel y luego ascendió a vocal del cuerpo. A ellos, en 1988, se sumaron Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, propuestos por Busti.

Una mañana de junio el gobernador lo llamó a Carlín a su despacho para ofrecerle el cargo de fiscal del STJ, en reemplazo de Javier María Mestres, hermano de monseñor José María Mestres. Con Busti lo unía una importante amistad, producto de la campaña proselitista de 1987, pese a que en la interna del año anterior el Chacho Carlín se enfrentó con el concordiense, ya que apostó a la figura del ex diputado nacional Carlos Cristóbal Vairetti. El viejo Carlos Scelzi -caudillo de Concepción del Uruguay y padre del dirigente Carlos José Scelzi- lo convenció de que reunía el perfil necesario para ser el senador provincial por el departamento. Carlín era director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Basavilbaso -su localidad de origen- y, a la vez, ejercía la docencia en la escuela secundaria del pueblo y en el Profesorado de Rosario del Tala. En la escuela fue dejado cesante a los pocos días del golpe de Estado de 1976, a través de una resolución firmada por el entonces ministro de Educación de Jorge Videla, Eduardo Llerena Amadeo.
-Sabe qué don Carlos, le tengo miedo a mi problema de salud... -le comentó Carlín a Scelzi.
-Pero si se te ve fenómeno, m'hijo...
-Sí, me siento bien. Pero sucede que desde 1985 tengo tres bypass y no sé si me va a aguantar el corazón.

Sergio Carlín, su hermano menor, lo terminó de convencer. En su ciudad ganó con el 65 por ciento de los votos en la elección general. Cuando llegó a Paraná se instaló en el cuarto piso "F" del viejo edificio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS), ubicado en la peatonal San Martín. Entre otros, allí vivían Carlos José Scelzi -que pasó a ser diputado provincial del PJ-, Sergio Carlín (nombrado funcionario del Consejo Provincial del Menor) y Rubén Barac, secretario del Chacho Carlín en el Senado. A principios de 1989 hubo otras incorporaciones: Eduardo Macri -nombrado subsecretario de Coordinación Económica- y Juan Luis Puchulu, sumado al staff de prensa de Busti. Macri no estuvo más de cinco meses en el lugar, pero el resto convivió durante un buen tiempo.

El Gordo Puchulu fue el que cambió las reglas cotidianas. “Compañeros: lo único que les quiero decir es que yo no sé hacer nada. No sé cambiar una bombita de luz, ni preparar mate, ni plancharme los pantalones. Así que preciso ayuda", les indicó el popular periodista de LT11 de Concepción del Uruguay, a quien conocían hacía varios años. "No te preocupes Gordo, yo te voy a dar una mano", le contestó Miguel Carlín. Desde ese día, Puchulu se convirtió en el compañero de habitación del Chacho. Como buen bohemio, Puchulu nunca llegaba antes de las 3 ó 4 de la madrugada al departamento. Se pasaba horas conversando con sus amigos en el bar Flamingo, de Urquiza y San Martín. Carlín, de sueño liviano, siempre se despertaba y esperaba que Puchulu dejara caer al suelo sus dos zapatos para continuar con el reposo. No sucedió lo habitual una fría noche de julio. El Gordo llegó más cansado que de costumbre, se tiró en la cama y dejó caer uno de los zapatos. Como a la hora, Carlín no aguantó más la espera, se dio vuelta y le dijo: "Gordo, ¿te falta mucho para sacarte el otro zapato?". Puchulu recién se enteró de lo acontecido al día siguiente; estaba casi desmayado y con la ropa puesta sobre su cama.

El Chacho era el que se tenía que levantar a las cuatro para prepararle el café y plancharle los pantalones o prenderle el calefón antes que la custodia del gobernador lo pasara a buscar. El resto no quería saber nada con las demandas del Gordo, aunque les costaba mucho decirle que no. Barac era el otro que colaboraba, pero un día lo hartó. Fue cuando Puchulu llegó una medianoche, saludó a uno por uno, y se sorprendió cuando Barac no le contestó. El Ruso -como lo apodan- siguió leyendo La Nación, con el diario extendido en su doble página. No pudo continuar, porque Puchulu llegó hasta él en puntas de pie y con el encendedor le prendió fuego a la parte inferior del matutino. Barac tuvo que salir corriendo hasta el baño para apagarlo. Esa noche, Puchulu terminó durmiendo en el Hotel Paraná. Si se quedaba corría el riesgo de ser arrojado desde el balcón.
-Chacho, tenés que hacerte cargo de la Fiscalía del Superior Tribunal de Justicia -le dijo Busti en los primeros días de junio.
-¿En reemplazo de quién?
-Se jubila el doctor Mestres. Tengo entendido que le rechazó el planteo a Montiel de que tratara de permanecer un tiempo más. Me enteré que le dijo: "Yo le debo mi cargo a la Iglesia, no a usted". Tenés que aceptar; mañana mismo quiero enviar el pliego al Senado.

Carlín formalizó su renuncia al cargo de senador provincial el 19 de junio. Sabía que el 20 a la mañana se le iba a dar entrada al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, para ser nombrado fiscal general del STJ. Víctor Pedro Fedanzuk, ex intendente de Basavilbaso -que estuvo al frente de la Dirección Provincial de Rentas hasta que fue desplazado por Oscar Mori-, asumió como legislador.

No hubo objeción alguna al pliego. Los senadores radicales dieron el visto bueno. Carlín había sido un legislador importante y un mediador permanente entre los bloques cada vez que se producía algún cortocircuito. El Chacho asumió el 3 de julio. El propio gobernador fue quien le entregó el diploma. La primera fila estaba integrada, fundamentalmente, por los senadores de la UCR.

Carlín no olvidó más esa jornada. Se cumplió su sueño de asumir en un cargo de importancia del Poder Judicial. Cuando llegó a su despacho se encontró con alguien que colaboró mucho para su desarrollo en la nueva función: el abogado Héctor Daniel Morales, que era el secretario de la Fiscalía del STJ.

Pero hubo otro elemento que lo marcó: el día de su asunción se produjo un gran revuelo en el Palacio de Tribunales, a raíz de la detención del oficial de Policía Carlos Ramón Balla, en el marco de la investigación del crimen de Calero. El uniformado a los quince días quedó en libertad porque el juez Vilarrodona interpretó que no existían elementos suficientes para procesarlo.

Carlín no se pudo borrar la imagen de Balla; fundamentalmente porque en noviembre de ese año había sido el encargado de llevar adelante la otra investigación por el asalto al Hospital Neuropsiquiátrico Antonio Roballos, encarada entre la Justicia y el Poder Ejecutivo. Personalmente se encargó de tomarle declaración a los testigos del atraco. Muchos de ellos reconocieron que Balla participó en el hecho.
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