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Adolfo Donda Tigel no sólo era uno de los hombres clave en la estructura de conducción de la ESMA sino que, además, era considerado uno de los más duros. Estaba adiestrado como un perro de caza para liderar los operativos de secuestro en la calle, torturar y, si era necesario, también ejecutar. El 10 de agosto de 1979 comandó la captura de Víctor Melchor Basterra, un dirigente del gremio gráfico. Después de casi veinte horas de tortura con picana eléctrica y golpes, lapso en el cual Basterra sufrió dos paros cardíacos, fue obligado, el sábado y domingo siguientes, a ir con sus captores a diferentes lugares de cita con compañeros del denominado Peronismo de Base (PB), al que pertenecía. En esas recorridas fueron secuestrados Guillermo Clera, Lito Bordolino, Juan Carlos Anzorena y Nora Irene Wolfson. Los dos últimos aún permanecen desaparecidos. Muy cerca de Donda había otro personaje que transitó por Concordia en los primeros tiempos del retorno democrático, aunque no por muchos días, porque decidió huir cuando fue denunciado públicamente: el prefecto Héctor Daniel Febre -conocido como Selva-, quien coordinaba los trabajos de falsificación de documentos y era el encargado de los niños nacidos en cautiverio.
Donda también fue el autor del secuestro de un ex conscripto entrerriano. El joven se dio cuenta de que era Donda Tigel porque lo conocía de Diamante. "Yo me sorprendía cuando me preguntaba por mi tío o mi primo y mencionaba lugares que únicamente conoce la gente del pueblo", recordó.
Adolfo Donda Tigel no sólo era uno de los hombres clave en la estructura de conducción de la ESMA sino que, además, era considerado uno de los más duros. Estaba adiestrado como un perro de caza para liderar los operativos de secuestro en la calle, torturar y, si era necesario, también ejecutar. El 10 de agosto de 1979 comandó la captura de Víctor Melchor Basterra, un dirigente del gremio gráfico. Después de casi veinte horas de tortura con picana eléctrica y golpes, lapso en el cual Basterra sufrió dos paros cardíacos, fue obligado, el sábado y domingo siguientes, a ir con sus captores a diferentes lugares de cita con compañeros del denominado Peronismo de Base (PB), al que pertenecía. En esas recorridas fueron secuestrados Guillermo Clera, Lito Bordolino, Juan Carlos Anzorena y Nora Irene Wolfson. Los dos últimos aún permanecen desaparecidos. Muy cerca de Donda había otro personaje que transitó por Concordia en los primeros tiempos del retorno democrático, aunque no por muchos días, porque decidió huir cuando fue denunciado públicamente: el prefecto Héctor Daniel Febre -conocido como Selva-, quien coordinaba los trabajos de falsificación de documentos y era el encargado de los niños nacidos en cautiverio.
Donda también fue el autor del secuestro de un ex conscripto entrerriano. El joven se dio cuenta de que era Donda Tigel porque lo conocía de Diamante. "Yo me sorprendía cuando me preguntaba por mi tío o mi primo y mencionaba lugares que únicamente conoce la gente del pueblo", recordó.

En diciembre de 1996, la revista Noticias lo entrevistó en forma telefónica. Fue el único reportaje que concedió al periodismo. Parte del diálogo fue el siguiente:
-¿Se arrepiente de haber estado en la ESMA?
-Si se volvieran a repetir las cosas, lo analizaría. Si todo fuera como entonces, creo que actuaría igual. Yo estaba convencido de que prestaba un servicio al país.
-Pero usted secuestró y torturó gente.
-Está equivocado, yo me dedicaba a combatir montoneros.
La carrera militar de Donda se terminó en los primeros meses del gobierno de Raúl Alfonsín cuando un grupo de Madres de Plaza de Mayo lo denunció ante la opinión pública. En esos días, el marino era agregado naval de la Embajada Argentina en Brasil, nombrado por un decreto de la gestión del último presidente de facto, general Reynaldo Benito Bignone, como premio a su tarea en el centro clandestino de la ESMA. En razón del manejo de la Marina sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de la salida del gobierno militar hubo diversos nombramientos de altos oficiales como agregados navales en España, Francia, Inglaterra, Arabia Saudita, Bolivia, Venezuela y Brasil.

Uno de los primeros que advirtió sobre el tema fue el entonces diputado nacional Rodolfo Miguel Parente (UCR-Entre Ríos). El legislador, domiciliado en Diamante, había sido informado por un dirigente del justicialismo de la misma localidad unos pocos días antes de asumir en el cargo, ya que hasta fines de 1985 fue presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR durante el gobierno de Sergio Montiel. Parente era un férreo defensor de los derechos humanos y ex preso político durante la dictadura. "Fijate Rodolfo el nombramiento de este tipo en Brasil; está como Dunda, no como Donda", le indicó. A los pocos días, Parente tuvo la respuesta del Poder Ejecutivo; efectivamente, se trataba de Donda Tigel, quien de inmediato fue relevado del cargo. El marino no se quedó sin trabajo. Lo salvó el Padrino: Alfredo Enrique Nallib Yabrán.

Quico o el Turco -como siempre se lo conoció en su Larroque natal- tenía 18 años cuando llegó por primera vez a Buenos Aires. Llevaba consigo un título de bachiller logrado en el colegio de su pueblo -ubicado a no más de treinta kilómetros de Gualeguaychú- y su aspiración era estudiar Ingeniería Química. No pudo; su acuciante situación económica no se lo permitió. Se tuvo que conformar con ser aprendiz de panadero y luego transformarse en vendedor de máquinas de escribir de la empresa Bourroughs.

Algo cambió en su vida cuando ingresó como simple empleado de la firma Juncadella: descubrió su visión para los negocios y por ello fue que en 1975, junto a su esposa María Cristina Pérez -también de Larroque-, se transformó en el principal accionista de OCASA. Cinco años después quedó atrás el poder de sus antiguos jefes, Enrique y Amadeo Juncadella, y Yabrán pasó a ser dueño de la totalidad de las acciones. De allí en más, favorecido en principio por el poder militar, su crecimiento fue continuo. No obstante, siempre reconoció que tenía sólo tres empresas: OCASA, Yabito y Aylmer.
Cuando Domingo Cavallo comenzó a denunciarlo públicamente, mencionó otras dieciséis: OCA, Andreani, Skycab, Juncadella, Transbank, Villalonga Furlong, Intercargo, Interbaires, Edcadassa, Orgamer, Brides, Sapran, Lanolec, Ocupar, Transporte Vidal y Udes.

Donda Tigel se sumó al esquema de seguridad de las empresas de Yabrán antes de haber sido favorecido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el radicalismo. Tanto Donda como otros numerosos ex militares beneficiados por esas normas se incorporaron al staff por pedido expreso de algunos representantes de los partidos políticos mayoritarios.

El capitán de fragata (R) pasó a ser uno de los hombres de confianza de Yabrán en poco tiempo. A fines de 1986, después de caer de su cargo diplomático en Brasil, quedó como director suplente de la firma Zapram, con sede en Paraná 597 de Capital Federal, dedicada a proveer seguridad a empresas del grupo Yabrán, especialmente a aquellas que operaban en el Aeropuerto de Ezeiza. En 1993 la compañía se declaró en quiebra. "La DGI la tenía en la mira por una monumental evasión impositiva. Fue cuando una nueva empresa, Servios Quality Control, tomó buena parte de los trabajos que prestaban en Ezeiza y heredó el personal", reveló la revista Noticias.

En ese mismo año Donda Tigel se incorporó como socio de la firma Tecnipol SRL, cuyo objeto social es la "industrialización y/o comercialización de equipos y elementos utilizados por fuerzas policiales o de seguridad, investigación criminal, pericia, inteligencia e identificación". Su socio -según acta notarial del 21 de octubre- es Víctor Hugo Dinamarca, ex oficial del Servicio Penitenciario Federal y ex contacto con la estructura de la ESMA. Dinamarca, según lo publicado por varios medios periodísticos nacionales, era integrante de "un grupo de tareas fantasma" que habría sido encargado de "trasladar detenidos" desde la escuela de la Armada al Vesubio, otro centro clandestino de detención que dependía del Ejército y era controlado por Guillermo Suárez Mason. Quality y Tecnipol actualmente comparten la misma oficina, en calle Santiago del Estero 454 de Capital Federal.

Dinamarca estaba junto a Yabrán desde 1983. "Tengo 38 muertes sobre mis espaldas", dijo en un asado familiar, junto a la familia del empresario, en uno de los campos de la localidad de Larroque. La frase dejó perplejos a varios de los parientes y amigos de Yabrán. El militar concitó la atención de los concurrentes al asado de camaradería. Primero, porque cuando llegaron era el hombre que, pistola 9 milímetros en mano, no dejaba de disparar a los pequeños animales y aves del campo Pirincho, uno de los primeros predios comprados por Yabrán en la década del '70. Después, porque no tuvo el menor problema en reconocer ante los presentes que era el responsable de varias desapariciones de personas ocurridas durante la última dictadura.
-¿Y usted qué es? -preguntó uno de los familiares en la mesa, mientras Yabrán no dejaba de mirar de reojo, tratando de contener al invitado.
-Soy ex oficial del Servicio Penitenciario Federal.

No se explayó en mayores detalles. Ya había contado bastante y se dio cuenta que corría peligro de pisar en falso.

Fue en esos días en que Dinamarca también conoció al empresario paranaense Hugo Lifschitz. Juntos, en marzo de 1992, acudieron a una escribanía céntrica de la capital provincial para acordar una operación inmobiliaria. El ex penitenciario, previo pago de treinta mil dólares en efectivo, pasó a ser el dueño de un terreno ubicado sobre Avenida Estrada, camino a Bajada Grande, denominado Costa Azul, propiedad de una empresa hotelera. El predio -pegado a la barranca del río Paraná- nunca fue ocupado. Dinamarca, otra vez en su vida, hizo sólo de prestanombre.

En 1996 hubo una operación inmobiliaria similar: en la misma zona, quien compró un terreno fue Donda Tigel. Hugo Lifschitz otra vez hizo de nexo. Además, le vendió su amplia casa de Bajada Grande -con puerto privado incluido- al empresario Miguel Marizza, ex funcionario bustista y menemista, en 350 mil dólares.

En enero de 1993, Lifschitz volvió a demostrar su relación con los hombres de Yabrán. Fue cuando un ex empleado de OCA -según trascendería luego-, Daniel Fernando Galván, intentó incendiar con nafta el estudio de los abogados Francisco Haimovich y María Rosa Ludi, quienes estaban de vacaciones a Brasil. Una semana antes recibieron una amenaza telefónica. "Dejate de joder con los Lifschitz", les dijo una voz masculina. A los pocos días, una integrante del estudio se encontró con Hugo y éste le señaló, a modo de advertencia: "La mano viene pesada". Los abogados estaban llevando adelante un juicio que afectaba a los Lifschitz.

Galván, con domicilio en Buenos Aires, llegó a Paraná en un Fiat Duna de su propiedad y en la madrugada del 10 de enero forzó las ventanas del estudio -ubicado en calle Corrientes-, roció con nafta la sala y lo mismo hizo con el expediente de la causa. No alcanzó a prender fuego porque la irregular situación fue advertida por un guardia de seguridad de la fábrica de fósforos -ubicada frente al estudio jurídico- y en consecuencia el individuo se fugó. Galván -de 46 años en esos días- fue detenido, pero siempre se negó a declarar por sugerencia de su abogado Carlos Alberto Federik (h), reconocido por ser asesor legal de Hugo Lifschitz en diversas instancias judiciales.
El hombre cometió el delito acompañado por otro sujeto de una edad similar, de 1,90 metros de altura, canoso y de buena contextura física, que nunca pudo ser hallado.
El juez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy procesó al autor del hecho -que en el escape abandonó su automóvil y dejó dentro del estudio un bidón con nafta que, al parecer, no terminó de rociar para cumplir su cometido- por "robo en grado de tentativa y daño", aunque lo dejó en libertad. El caso tenía que dilucidarse en el juicio oral previsto para el 30 de junio de 1994, que iba a ser llevado adelante por la Sala II de la Cámara I en lo Penal de Paraná, integrada por Pablo De la Vega, Arturo Landó y Silvia Nazar. Cuando lo fueron a buscar a Galván a su domicilio de calle Hernandarias de la localidad de Remedios de Escalada, en la provincia de Buenos Aires, se informó que el individuo estaba viviendo en La Pampa. Nunca más se supo de él ni hubo mayor preocupación por enjuiciarlo.

A medida que fue acumulando poder económico, Alfredo Yabrán se hizo amigo de Henry Kissinger, Lorenzo Miguel, el ex dirigente petrolero Diego Ibáñez (a quien le llegó a ofrecer dos millones de dólares para el pago del rescate de su hijo secuestrado y luego asesinado) y el mismísimo Carlos Saúl Menem. Al ex gobernador riojano lo conoció en tiempos de la dictadura merced a las gestiones de Ibáñez y de Mario Caserta, según cuenta en su libro El Jefe la periodista porteña Gabriela Cerruti. En el texto también se consigna que Yabrán era “una de las visitas más importantes que solía recibir Menem” y en la casa le decían tío Alfredo, porque los árabes y descendientes de árabes “llaman así a quienes respetan”. Cuando llegaba el empresario, Menem solicitaba que estuviera todo limpio, se quedaba a solas con él y conversaban sentados en la cama, mientras comían los dátiles que llevaba Yabrán. En la campaña electoral de 1989 se sabría, según un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), liderada por el radical Facundo Suárez, que Yabrán aportó unos veinte millones de dólares para el proyecto presidencial de Menem.

A Kissinger se lo presentó su vocero, Wenceslao Bunge, en 1991. Preocupado por una versión que lo vinculaba al narcotráfico en Tampa, en el estado de Florida, Yabrán le encargó -por intermedio de Bunge- una investigación al estudio de abogados del ex secretario de Estado norteamericano de Richard Nixon y Henry Ford, que le costó más de cuarenta mil dólares. Kissinger logró que, desde ese momento, Yabrán tuviera un documento emitido por la DEA en el que quedaba certificado que el entrerriano no tenía ningún antecedente con respecto a los negocios de la droga.

En realidad, el fantasma del narcotráfico casi siempre sobrevoló sobre el enigmático Yabrán. La sospecha se alimentó con la circulación de informes de inteligencia que lo acusaban abiertamente a él y a sus empresas de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, lo que constituyó una preocupación del brigadier Rodolfo Echegoyen, quien falleció misteriosamente. Otras versiones le adjudicaron procesos en Europa, tal como señaló el diario La Nación en un artículo publicado el 23 de noviembre de 1994. Según el matutino de los Mitre, Yabrán "tuvo que escapar de Italia, país donde tiene prohibida la entrada. De vuelta en España, siguió con sus negocios hasta que también recibió acusaciones similares".

Con la llegada de Menem al gobierno nacional, el empresario telepostal trazó buenas relaciones con varios hombres del círculo cerrado del presidente. Entre ellos con Ibrahim Al Ibrahim quien, a partir de 1990, comenzó a ser visto frecuentemente en Gualeguaychú, donde se encuentra la mayor cantidad de las tierras de Yabrán.
Ibrahim, coronel de Inteligencia del Ejército sirio, se convirtió en 1987 en el primer esposo de Amira Yoma, cuñada de Menem. "Ese mismo año llegaron al país un grupo de traficantes de armas sirios y libaneses, capitaneado por Monzer Al Kassar, el banquero Gaith Pharaon y su asesor Khalil Hussein Dib", señaló Román Lejtman en su libro Narcogate. La relación entre Ibrahim y Amira duró hasta mediados de 1989. El 30 de agosto de ese año él fue nombrado en la Aduana gracias a una decisión de Menem, pero por un decreto firmado el 4 de septiembre por el vicepresidente Eduardo Duhalde como titular en ejercicio del Poder Ejecutivo. Ibrahim entabló allí una fuerte amistad con Yabrán, quien antes de que Alfonsín abandonara el mando del gobierno pasó a controlar los depósitos fiscales de los aeropuertos, a través de las firmas Edcadassa e Interbaires, ésta última liderada por el paranaense Hugo Malespina. Las concesiones, firmadas por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, tuvieron un firme operador político también entrerriano: el ex jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, César Jaroslavsky, amigo personal y férreo defensor de Yabrán.

"Ibrahim estaba casi todos los fines de semana en sus campos del departamento Gualeguaychú", recordó un político de la zona. Es más: el ex militar sirio alquiló durante dos años su propia casa en Gualeguaychú y logró así mantenerse alejado del círculo político, con un excesivo bajo perfil. En todo caso, su única vinculación con alguien del poder era con Alfredo Yabrán. La vivienda, por esas casualidades, se encontraba justo frente a la sede central del Correo. La sugerencia de salir de Capital Federal se la hizo el propio Yabrán.

Ibrahim y el traficante de armas Al Kassar eran estrechos amigos. Lo que nunca se pudo determinar fue si, en algún momento, los dos llegaron a reunirse con Yabrán en el sur entrerriano. El diario El Día de Gualeguaychú, en una de sus ediciones de inicios de 1992, consignó la versión sobre la presencia de Al Kassar en la ciudad, a los pocos días de que se conociera el otorgamiento de la ciudadanía argentina, gracias a gestiones de otros dos entrerrianos miembros de la familia Adur.

Al Kassar siempre tuvo una estrecha relación con Abdón Adur y con su hija María Cristina, los que por varios años vivieron en la ciudad de Diamante, la misma de la que es oriundo el ex represor Donda Tigel. Tanto los hermanos de Abdón como las hijas de su primer matrimonio permanecen aún en la localidad entrerriana. María Cristina Adur, quien actuó como abogada de Al Kassar en su trámite de ciudadanía, vivió un buen tiempo en Diamante, pero luego se trasladó a España. Hay quienes sostienen que la mujer -que era muy amiga de Amira Yoma- sólo acató órdenes estrictas de altos hombres del oficialismo para colaborar con la suerte de Al Kassar, pero que de allí en más se distanció de su padre Abdón.

El conocido traficante árabe participó, incluso, de la fiesta de quince años de una de las nietas de Adur que se hizo en Diamante y no dudó en posar para las fotos como un ilustre visitante. No obstante, su presencia pasó inadvertida para las fuerzas policiales, pese a que el personaje ya era ampliamente conocido en el mundo.
La familia Adur está asentada en Entre Ríos desde hace mas de treinta años. Ligados siempre a la comercialización de cueros por lo cual, en un determinado momento se transformaron en socios de la familia Yoma e incluso del ex ministro radical Conrado Storani (aunque con éste la relación duró solo hasta el '82)-, los hermanos Abdón, Mustafá y Yaume no sólo desarrollaron su actividad en Diamante, sino también en otros lugares del país y el exterior. Yaume falleció; Mustafá decidió permanecer en la provincia. No sucedió lo mismo con Abdón, quien pese a continuar vinculado comercialmente con Diamante, se fue a vivir al exterior.

Las últimas transacciones comerciales de Abdón Adur en la zona fueron realizadas a principios de 1992. En esos días compró entre cuarenta mil y cincuenta mil toneladas de maíz a la cooperativa del lugar, con destino a una de las empresas mas importantes del rubro ubicada en San Pablo (Brasil), donde desarrolló fuertes negocios en los últimos años, al igual que en Carrasco (Uruguay), lugar en el que tiene su residencia. Obviamente, no es la única vivienda que posee. Caso contrario, su nombre no habría aparecido en los medios periodísticos, consignándose que tanto Al Kassar como su mano derecha, Roberto Sartre, permanecieron alojados por varias semanas en su departamento ubicado en Capital Federal. En Diamante también tiene varias propiedades, entre las que figura el edificio donde funcionaba el cine 9 de Julio, ubicado frente a la plaza homónima, adquirido a la Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos.

El desarrollo de curtiembres es considerado el negocio más fuerte de los Adur. Eso los llevó a concretar la sociedad con Conrado Storani (ex funcionario de Raúl Alfonsín y padre de Federico Storani, ex ministro del Interior de Fernando de la Rua) para desarrollar un emprendimiento en la localidad bonaerense de Avellaneda, también junto a los Yoma. Aunque la sociedad se disolvió en 1982, tras lo cual Abdón Adur se fue a vivir a España, los contactos entre ambas familias aún hoy se mantienen.
La actitud de Adur fue la que determinó que Yoma no adquiriera la curtiembre Compler de Diamante -tal como lo manifestó en un principio- y que se terminó rematando en Capital Federal, donde la compró un empresario que prefirió utilizar la estructura para el acopio de cereales.

*****

Jorge Busti no le dio mayor trascendencia, en 1990, al descenso reiterado de empresarios árabes a Entre Ríos. No le convenía; sabía que tenían el aval del propio presidente de la Nación porque entre ellos estaban muchos de sus parientes directos.
No obstante, siguió con cierta preocupación los acontecimientos por los informes que tenía, elaborados por personal de Inteligencia de la Policía de la provincia.
-¿Se puede hacer algo? -le preguntó un funcionario.
-¿Qué vamos a hacer? Traten de ver cómo se mueven y en qué andan.

Esos empresarios árabes tenían el pleno aval de Menem, como parte del acuerdo antes de las elecciones de 1989, en virtud del apoyo económico que le habían dado. Y Busti, por más que muchas veces lo pensó, no estaba con el suficiente poder político para preguntar sobre el tema. Todo lo contrario; era consciente de que tenía que recomponer su relación con Menem después de haberle dado la espalda en 1988, en oportunidad de la interna nacional del PJ.

En una primera instancia Busti se declaró prescindente. Menem estuvo en Paraná en los primeros días de mayo del '88, previo paso por Santa Elena. El pueblo era muy recordado por el riojano: allí fue donde un 2 de julio de 1976, en momentos en que festejaba su cumpleaños, resultó detenido por fuerzas de seguridad e inmediatamente trasladado a Las Lomitas, en Formosa. Menem llegó invitado por el vicegobernador Domingo Rossi, quien un tiempo antes le aseguró, en la Casa de La Rioja en Capital Federal, que iba a apoyarlo en su precandidatura. Cuando Rossi regresó a Paraná, Busti lo llamó urgente a su despacho: "Mirá Dani, si no jugás con nosotros y Cafiero, andá sabiendo que se terminan los negocios que hacés con el frigorífico. Se corta todo", le dijo el concordiense, con tono casi amenazante.

"Allá por 1984 comenzaba otra historia en Entre Ríos, cuando yo lanzaba al compañero, hermano y querido amigo Jorge Busti. Lamento que no estén aquí algunos compañeros, pero sí le agradezco al gobernador la pública prescindencia sobre su personal definición en la interna de nuestro partido", dijo el caudillo de prolongadas patillas, en el discurso pronunciado en un acto que se hizo frente a la Plaza 1° de Mayo de Paraná. Ese día, ni Busti, ni Domingo Daniel Rossi, ni el intendente de Paraná, Mario Moine, se encontraban en la capital entrerriana. Menem acudió a la sede partidaria y únicamente fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Orlando Engelmann, y por el secretario general del PJ, Juan Domingo Zacarías, porque el titular del Consejo Provincial, Jorge Heyde, también tenía un compromiso oficial en Capital Federal. Es más: quedó sin usar en la Municipalidad el decreto por el cual se declaraba a Menem huésped de honor, que fue anticipado por nota de Moine a la Junta Promotora del riojano. La actitud de las máximas autoridades de la provincia cayó mal entre los referentes entrerrianos de Menem, representados por Augusto Alasino, Jaime Martínez Garbino, Carlos José Scelzi, Abelardo Félix Pacayut, Eduardo Harispe, Mario Yedro, Fernando Pascual Gan, el diputado provincial Eduardo Ferreyra -de Guardia de Hierro- y el sindicalista Ricardo Vivanco. Previo al acto, en la conferencia de prensa, Menem respondió una pregunta sobre las ausencias. "Lamento que no estén. No creo que esta actitud sea producto de la interna, sino de un hecho casual", indicó.

Un día después llegó a Paraná el cordobés José Manuel de la Sota, compañero de fórmula de Antonio Cafiero. "Más allá de una prescindencia por las obligaciones de gobernar, sentimos que Busti está con Cafiero", dijo. El mandatario prefirió no aparecer con el cordobés; sí lo hicieron Mario Moine y Jorge Heyde.

La prescindencia de Busti no duró mucho tiempo. Cinco días después de la visita de Menem decidió realizar una conferencia de prensa en la sede del PJ donde anunció que apoyaría a Cafiero. Orduna fue el que más incidió, pero también pesaron las sugerencias de los integrantes de la comisión nacional de apoyo a Cafiero compuesta, además, por Carlos Vairetti, José Carlos Ramos, Enrique Cresto, Héctor Maya y Guillermo Presas. Busti, secundado por varios de esos dirigentes, leyó una carta para explicar su determinación. "Voy a ser el primer entrerriano peronista -dijo- que convoque a la unidad de los justicialistas detrás del candidato ganador, para que sea nuestro presidente en el año 1989. Es necesario remarcar -agregó- que he sido fiel, y lo seguiré siendo hasta el día del acto electoral interno, a mi premisa de prescindencia como gobernador, marcando claramente que la prioridad es gobernar y que en nuestro gobierno conviven compañeros que están con Cafiero y con Menem y ninguno de ellos ha sido molestado o presionado para que cambie su voluntad". Al final de la misiva señaló: "No tengo ninguna duda que Cafiero y De la Sota son lo mejor para el país, para nuestro movimiento y también para los intereses de la provincia de Entre Ríos.
Sería más fácil para mi quedarme callado, pero es el momento de hablar".

Los días previos a la interna del 9 de julio se recalentaron y también provocaron algunas tristezas. El primer golpe bajo fue la muerte de Julio César Neri, de 38 años, miembro del Directorio de Vialidad Provincial y enrolado en el scelzismo de Concepción del Uruguay. Neri, que integraba la Junta Promotora Menem presidente, chocó frontalmente a un caballo en la ruta 139, en inmediaciones de Concepción del Uruguay, a bordo de un Ford Falcon del organismo oficial. Participó en Basavilbaso de un acto menemista y retornaba a su ciudad. Lo traicionó la espesa neblina que había esa noche. En el accidente también murió Orlando Sastre, de 38 años, que iba en el coche y era funcionario de la Municipalidad de Concepción del Uruguay e hijo político del intendente Carlos María Scelzi (PJ). El día del velatorio, Menem iba encabezar un acto proselitista que, ante la situación, se suspendió. El riojano llegó hasta la sala mortuoria y permaneció por algunos minutos. Neri fue una de las primeras víctimas de la campaña de Menem, quien con el tiempo sufriría otras desgracias antes de acceder al poder.

Busti se jugó a muerte en la última semana previa a la elección. "Votar a Menem es votar a la patota; a Brito Lima...", decía el gobernador en esos días. Orduna, que era presidente del Consejo Departamental Concordia del PJ, utilizó algo de esa frase. "Debajo de Menem están todos los que fueron derrotados por la Renovación Peronista. Está Rousselot, Brito Lima, el Comando de Organización, Triaca, Cavalieri, Lorenzo Miguel y la gente de Herminio Iglesias. Todo lo que el peronismo dijo que no quiere. Si esa gente ahora está con Menem después va a estar en los Ministerios. ¿Qué futuro tiene el peronismo? Esa no es la renovación por la que tanto luchamos", indicó. La contundencia de las frases provocó malestar, fundamentalmente en Concordia.

Cuando la fórmula Menem-Duhalde logró más del 56 por ciento de los votos en la provincia, los hombres del bustismo sabían que debían prepararse para la embestida. Menem consiguió 44.137 sufragios contra 34.089 de Cafiero-De la Sota. El gobernador bonaerense únicamente ganó en los departamentos La Paz, Villaguay, Victoria, Diamante, Federal, Federación y Feliciano. Alasino consiguió en Concordia una diferencia de 79 votos.

El gobernador entrerriano, por un momento, creyó que se le desmoronaba la estructura porque, apenas conocidos los resultados de las elecciones internas, el Choclo exigió renuncias en el gabinete y pidió la incorporación de referentes de su confianza. Era la primera interna que perdía Busti y le estaba costando caro. "Vos sabés muy bien que Menem considera que lo traicionaste", le dijo Alasino en la cara. "El te vino a apoyar en las campañas, como precandidato y como candidato a gobernador, y eso no te lo va a perdonar", le acotó.

El primero que cayó fue el director de Telecomunicaciones, ingeniero Félix Arias, aunque, en verdad, lo que más se le cuestionaba era su pasado como funcionario de la dictadura militar en la provincia. En Concordia, los menemistas le elevaron un documento al intendente Elbio Bordet solicitando las renuncias de Hernán Orduna y del subsecretario de Cultura, Carlos Cicognini, en razón de "agravios e insultos" en la interna. "No se puede permitir que los propios compañeros hayan sido víctimas de la extorsión, que haya existido un lema tal como que para un cafierista no hay nada peor que un menemista", se expresaba y, a la vez, se consignaba que "la unidad pasa por la grandeza política y el reconocimiento de errores, para que los agravios no vuelvan a ocurrir". La Junta Promotora Menem Presidente elaboró otro documento. Allí se le pedía a Busti "que empiece a gobernar con esfuerzo y claridad en el manejo de la cosa pública", haciéndose hincapié en las formas de conducción en Safra y Santa Elena.

Busti fue lo suficientemente hábil para no perder la manija del poder político. "Nos vamos a encolumnar todos detrás de la figura de Carlos Menem", reiteró una y otra vez, ante cada micrófono periodístico. Pese a las diferencias, logró que Menem participara de un acto en Paraná, frente a la Casa de Gobierno. El riojano llegó acompañado de su esposa Zulema Yoma. La dama, en su recorrida por la Casa Gris, nunca dejó de mirar a los ojos a uno de los principales colaboradores de Busti que, evidentemente, la impactó. El barbado funcionario no podía ocultar la vergüenza que le producía la situación. "Si se llega a dar cuenta el Turco, me mata...", repetía nervioso.

En abril de 1989 Busti colaboró activamente en una idea del padre de Augusto Alasino: la de recorrer en tren buena parte de la provincia, como parte de su campaña. El sistema fue utilizado en 1925 por Alvear; en 1928 por Hipólito Yrigoyen y por el general Perón en 1946. Menem llegó de Posadas (Misiones) y se trasladó en helicóptero hasta el tren que, en casi nueve horas de viaje, pasó por trece pequeñas localidades entrerrianas, recorriendo 350 kilómetros. El convoy contaba con una locomotora y dos vagones, alquilados en trescientos mil australes a la línea General Urquiza de Ferrocarriles Argentinos. Adelante y a los costados el tren tenía los clásicos carteles: Síganme o Menem-Duhalde, la esperanza en marcha. Hubo 210 pasajeros, de los cuales cincuenta eran periodistas nacionales e internacionales. Entre otros se encontraban los apóstoles de Menem y varios de quienes luego serían sus más cercanos colaboradores, como Miguel Angel Vicco, Ramón Hernández o José Luis Manzano. Miles de entrerrianos se volcaron masivamente a los ferrocarriles a saludar al denominado Tren de la esperanza. Cuatro años después, en 1993, ese medio de transporte, el más usado por los habitantes de la provincia, dejó de funcionar. Cada una de las personas que fue a vivar a Menem en su campaña aún se acuerda del presidente y de su madre.

Cuando el candidato riojano se bajó del tren viajó hasta Concordia para participar de un nuevo acto. Antes, realizó algunas visitas sociales: acompañado por el coronel Mohamed Alí Seineldín -oriundo de Concordia- concurrió a la casa de los padres del militar. "Madre, éste va a ser el hombre que salvará al país", dijo Seineldín, según reconoció en febrero de 1998 en un reportaje concedido a la revista Noticias.

Menem logró más de 71.000 votos de diferencia en Entre Ríos en la elección del 14 de mayo. Sumó 291.979 sufragios contra 220.857 del cordobés Eduardo César Angeloz. El Frente Justicialista de Unidad Popular (Frejupo) ganó en todos los distritos entrerrianos. En el departamento Paraná logró una diferencia superior a los 16.000 votos.

Busti sabía que el notable consenso de Menem en la provincia le iba a traer otro dolor de cabeza. Por eso fue que se preparó para contener el aluvión de los menemistas entrerrianos. Cuando abrió el discurso del 110° período de sesiones ordinarias en la Legislatura, se puso firme y dijo: "Nuestra administración es ordenada, transparente y, fundamentalmente, digna". Parte del embate podría venir por allí; por las desprolijidades de los últimos meses, como la adjudicación directa de la obra Cierre Norte-Cierre Sur o la intención de construir hospitales llave en mano en acuerdo con una firma brasileña, por setenta millones de dólares, que los legisladores -por lo vergonzoso del esquema- no dejaron pasar.

Antes del posicionamiento nacional del Choclo Alasino y después de la victoria menemista, Busti se adelantó y exigió algunos nombramientos en la nueva estructura de poder. El propio Busti llegó hasta el despacho del flamante ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, y le pidió por el ingeniero Miguel Marizza en la estructura de Gas del Estado. "Nos tienen que dar una mano en la proyección del Gasoducto Mesopotámico", le dijo. Marizza, de excesivo bajo perfil, había dejado la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER), a raíz de los cuestionamientos por la inversión en el sistema interconectado y no estaba en condiciones de continuar con un cargo en la provincia.

No obstante, hubo otro elemento determinante que ayudó al posicionamiento de Marizza en Gas del Estado. Hay quienes recuerdan que, en las semanas previas a la asunción de Busti, el ingeniero paranaense fue demorado por personal policial en una localidad entrerriana por no contar con la documentación pertinente de su vehículo. En esa misma dependencia conoció a un porteño: Marcelo Cavalieri, un hombre muy allegado al menemismo y especialmente a Dromi, que estaba en el lugar por el mismo motivo. Marizza y Cavalieri -que no tiene ningún tipo de relación con el dirigente gremial Armando Cavalieri- se hicieron muy amigos y por un buen tiempo no olvidaron el día en que fueron socios en la desgracia. "Pedí que me ubiquen en la intervención de Gas del Estado; yo sé porqué te lo digo", le reclamó Marizza a Busti. El gobernador cumplió con la solicitud y de esa manera le devolvió el favor por la tarea del ingeniero al frente de EPEER. Cuando Dromi le informó que Marizza iba a ser el viceinterventor de Gas del Estado, Busti sintió que aún tenía poder político en el plano nacional.
Desconocía el otro episodio; Marizza nunca se lo quiso contar.

El que puso el grito en el cielo fue Alasino. "Yo soy el hombre de Menem en Entre Ríos y ni siquiera me consultan para esta designación", le gritó a Dromi en su despacho. El ministro no dio marcha atrás. "Choclo, no sé cómo, pero Marizza ya tiene el aval del presidente. No hay posibilidades de revisión", le respondió.

Alasino pegó un portazo, revisó su documentación y los pasajes respectivos y al día siguiente partió hacia París para participar de los actos por un nuevo aniversario de la Revolución Francesa. Antes de viajar se ocupó de llamar a Ambito Financiero. Les contó lo de Marizza y les pidió un favor. En un recuadro, un día después de su partida a Europa, el diario de Julio Ramos publicó que existía "honda preocupación en ámbitos de la Gobernación" por la designación de Marizza en el organismo nacional. Siempre mencionando "fuentes confiables", el matutino porteño acusó al ex titular de EPEER y de la Empresa de Gas de Entre Ríos (Egaser) de haber "incurrido en algunas desprolijidades en la contratación de una línea de alta tensión de 132 mil voltios cuya obra fue valuada en sesenta millones de dólares", en referencia al Cierre Norte-Cierre Sur.

Alasino volvió a los pocos días. "¿Lo sacaron a Marizza?", preguntó de entrada a uno de sus colaboradores en la Cámara de Diputados. "No sólo que no lo sacaron; Busti ahora quiere hacer nombrar a otros", le respondieron. "Me hartaron; ahora me la juego sólo", comentó. El legislador concordiense tomó el teléfono y empezó a hacer una serie de operaciones políticas. En menos de tres días colocó a su hermano Carlos María Alasino en el directorio del Banco Nación y a su primo hermano, Eduardo Cinto, en el Banco Nacional de Desarrollo (Banade). No fue lo único: también abortó la casi convenida designación del senador provincial Mario Yedro, que era uno de los pocos que trabajó para Menem en Concordia, pero que se había aliado nuevamente con Busti. Yedro tenía prácticamente cerrada la presidencia de la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, merced a un proyecto técnico aprobado por el designado canciller, Domingo Felipe Cavallo. Alasino hizo un acuerdo con los ministros Eduardo Bauzá y Julio Corzo, por lo cual su reclamo llegó hasta el propio Menem. "Arréglense entre ustedes", les respondió el riojano. Yedro nunca pudo lograr el cargo y debió permanecer como senador provincial del PJ.

Desde el gobierno nacional le enviaron el mensaje a Busti: "De ahora en más, toda sugerencia desde Entre Ríos para definir algún cargo en la Nación debe pasar por Alasino". El Choclo nunca se preocupó demasiado por convocar a otros funcionarios, salvo sus amigos o parientes.

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Apenas Menem llegó al poder, comenzaron a aparecer inversionistas en Entre Ríos con tarjetas personales de funcionarios de su entorno. Mario Caserta fue el que trató de impulsar los créditos italianos luego investigados por la Tangente y también hubo propuestas de los Yoma. Caserta, Ibrahim y Amira Yoma eran asiduos concurrentes a los casinos de Gualeguaychú y Colón. Incluso se mostraron interesados en adquirir este último y, a la vez, comprar el hotel Quirinale -propiedad del empresario paranaense Luis Losi-, en el que se encuentra ubicada la sala de juegos. Muchos recuerdan la primera vez que los tres llegaron a Colón y estacionaron el vehículo en un lugar prohibido. Cuando un empleado del hotel intentó convencerlos de retirar el coche los visitantes se cansaron y mostraron sus credenciales oficiales. La primera que adoptó esa actitud fue Amira, que tenía la documentación de la Presidencia de la Nación. No sólo se les permitió dejar allí el coche, sino que también fueron atendidos por el subgerente del casino. Cuando saltó el denominado Yomagate, en marzo de 1991, dejaron de aparecer por Entre Ríos. La revista española Cambio 16 destapó las denuncias efectuadas por el narco arrepentido Andrés de la Cruz Iglesias -(a) Andy o Ignacio- que comenzó a investigar el valiente juez Baltasar Garzón. El panameño señaló a Amira Yoma como camello (es decir, dedicada al transporte de dinero) de la organización de lavado. A Ibrahim lo identificó como la llave que permitía el ingreso de los dólares en Ezeiza en su condición de asesor de la Aduana. A Caserta como el que proporcionaba el personal que iba a los Estados Unidos a recoger los maletines repletos de dinero y a Karim Yoma como un futuro correo del grupo.

La red se ocupaba de lavar su propio dinero. Para ello compraba automóviles en Europa y los revendía a agencias de su propiedad en Estados Unidos. También utilizaba la adquisición de inmuebles a precio menor que el real. Los investigadores norteamericanos estaban tras su pista, pero sus operaciones en España no serían detectadas hasta 1988, cuando cayó un cargamento de 530 kilos de cocaína en Barcelona. Fue cuando Puentes decidió trasladar las operaciones al Uruguay, aunque prefirió vivir en Buenos Aires. Para llegar a los bancos uruguayos sólo le bastaba un viaje de media hora en avión. El trabajo de la pareja Ibrahim-Amira Yoma consistía en cargar las valijas repletas de dinero en Nueva York y trasladarlas en avión de línea a Buenos Aires como equipaje sellado. Pasaban por el aeropuerto de Ezeiza sin revisión y eran llevadas a la casa de Puentes, donde se contaba la plata. Luego, el dinero era enviado a Uruguay por diferentes vías: en valijas o en autos camuflados que se preparaban en el garage del cuñado de Caserta, Carlos Torres.

Uno de los hombres que participó, aunque con un rol secundario, estuvo detenido por mucho tiempo en la Unidad Penal Número 1 de Paraná. Carlos Alberto Valacco -domiciliado en Salto, provincia de Buenos Aires- era íntimo amigo de Caserta. Colaboraba en el traslado de las valijas en cuestión y cayó preso en Diamante el 19 de diciembre de 1990, después de producirse un autoasalto en la Arenera Colobig Donda –de una familia con parentesco con Donda Tigel-, en el cual se sustrajeron 180 mil dólares. Valacco fue contratado por uno de los dueños de la empresa, pero al salir con el dinero, en la tarde del 6 de diciembre, le tendieron una trampa: lo estaba esperando la Policía diamantina. Iba acompañado por otro secuaz de Buenos Aires -con frondoso prontuario- y ambos se escaparon a la zona de islas de Diamante. Permanecieron escondidos durante trece días "comiendo animales, plantas y miel de abejas".
-Usted tiene buenos contactos, Valacco... -le dijo el fiscal Juan Leonidas Cardoso, del Juzgado de Instrucción a cargo de Hugo Daniel Perotti, al observar las tarjetas personales que estaban en su portadocumentos.
-Y no las encontré tiradas en la calle, doctor.

Entre ellas figuraba la de Caserta, entonces titular del Consejo Federal del Agua Potable y ex apóstol de Carlos Menem, junto a Alberto Kohan, César Arias, Juan Carlos Rousselot, Rubén Cardozo, Carlos Cañón, Luis Barrionuevo y Augusto Alasino.
A los pocos días de su detención, la mujer de Valacco viajó hasta la cárcel de Paraná y le mostró una carta que le había enviado Caserta, fechada el 24 de diciembre: "Quedate tranquilo que por tu caso me voy a mover. César Arias te va a mandar a un abogado amigo para que estés mejor asistido que ahora", decía. Arias, que era subsecretario de Justicia de la Nación y apoderado del Partido Justicialista, nunca hizo nada; el 30 de diciembre se conocieron los indultos presidenciales a los militares condenados a prisión perpetua por la responsabilidad de cada uno en los delitos de lesa humanidad y el funcionario allegado a Carlos Menem fue el que trabajó en los decretos. La mujer de Caserta acudió al abogado Pablo Argibay Molina para que atendiera el caso, pero desistió de la idea cuando le solicitó setenta mil dólares para hacerse cargo.

Caserta fue detenido en abril de 1991 y no estaba en condiciones de aportar dinero para lograr la defensa de Valacco, quien fue condenado por el caso de Diamante y volvió a ser noticia en julio de 1994, cuando empezó a gozar de libertad condicional por el régimen laboral. Esta vez, intentó defraudar a la Administración Pública, luego de hurtar un cheque en blanco de la oficina de la Dirección General de Rentas (DGR) de la Casa de Gobierno. Fue denunciado por el empleado Elvio César Ruiz Díaz y fue condenado a un año y seis meses de prisión. Hoy, ya en libertad, retornó a su pueblo, rehizo su vida e intenta mantenerse al margen de las tareas delictivas.

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"Jorge, hay que escuchar a los amigos; tienen buenos proyectos", le dijeron desde la Presidencia de la Nación a Busti. En 1990 fueron varios los funcionarios entrerrianos que se sorprendieron con la propuesta que traía el Pájaro Héctor Villalón -un legendario dirigente del peronismo residente en Francia-, que se presentó como la llave de un grupo árabe para concretar en la provincia una inversión de más diez millones de dólares. Villalón, considerado un experto en el tráfico internacional de armas, conocedor del mercado iraní y allegado a Monzer Al Kassar, en 1979 resultó absuelto luego de que lo acusaran de ser el cerebro organizador del secuestro de Luchino Revelli Beaumont, director de la Fiat Francia y ex titular de la Fiat Argentina.
También se constituyó en uno de los principales intermediarios durante la crisis por la ocupación de la Embajada de Estados Unidos en Teherán.

El Pájaro estuvo dos veces en Paraná con funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia y mantuvo otros encuentros similares en la Casa de Entre Ríos en Capital Federal. Al ingeniero Blas García -que presidía el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS)- le presentó un trabajo de diez hojas con un proyecto de casino y complejo turístico al lado del puente Zárate-Brazo Largo. "Me preocupó que no tuviera ninguna oficina y consideré que, quizás, me estaba ofreciendo una idea para el blanqueo de dinero", dijo el entonces funcionario. Ibrahim realizó una propuesta similar: quería abrir una casa de juegos bajo el puente, construir un atracadero y una pista de aterrizaje. Villalón llegó a Paraná enviado por un dirigente político de La Rioja, conocido por sus operaciones con máquinas tragamonedas, y al no encontrar el eco suficiente emprendió viaje hacia la provincia de Misiones.

Las inversiones en temas frigoríficos fueron también de las preferidas por los árabes. A mediados de 1990 hubo varias visitas de grupos sirios a Paraná; entre ellos, según algunos testigos, en dos oportunidades estuvo Al Kassar. Los visitantes, en una oportunidad, llegaron acompañados de Mohamed Sabrí Sultán, cónsul general y encargado de negocios del Reino de Arabia Saudita en la Argentina, que fue incluso quien presidió el acto en el cual se impuso el nombre de dicho país a una escuelita del barrio Paracao. Con la denominación de Gepsa se presentaron a la segunda licitación del Frigorífico Regional Santa Elena, pero no pudieron competir con el grupo
Euromarche por requisitos legales no cumplimentados. Se interesaron también en el frigorífico Alberdi de Oro Verde -cuyo principal proveedor de ganado vacuno, en la actualidad, es la empresa Yabito- y hubo comentarios sobre la planta San Antonio, que estaba ligada al ex diputado nacional Carlos Cristóbal Vairetti (PJ-Entre Ríos). "Yo sé que aquí hay gente, dentro del peronismo, que puede engancharse en las propuestas de esta gente, pero conmigo no van estas cosas. No me vieron a mí, pero les hubiera dicho que no. Negocios como el de la carne, hoteles o casinos son apropiados, por su dinámica, para blanquear dinero. Incluso, otro rubro bastante apropiado sería el de los supermercados", apuntó el veterano dirigente. También hubo contactos con empresarios de Paraná, ofreciendo créditos. A quienes precisaban trescientos mil dólares les ofrecían un millón. Nunca se pudieron saber los nombres de los que aceptaron ingresar al círculo.

Los movimientos registrados en Entre Ríos alertaron a la Drug Enforcement Agency (DEA). A fines del '91, un informe oficial daba cuenta de "negocios de venta de yeso a buques paraguayos y de tráfico de drogas, producidos fundamentalmente por la falta de control en la zona" de Diamante. Los barcos solían atracar en el puerto El algarrobo, a quince kilómetros de Piedras Blancas en el departamento Diamante y se realizaban las operaciones con personas vinculadas a Abdón Adur y a los Yoma. De las negociaciones también participaba un sobrino de Adur que se dedica a la venta de pieles y cueros y era considerado el "secretario privado" de su tío en la región.

La Embajada de Estados Unidos ya había advertido sobre operaciones de ese tipo al gobierno entrerriano, en junio de 1990. Algunos hechos significaron una especie de luz roja. Gendarmería encontró cocaína en un charter que descendió en Gualeguaychú, con personas que iban al casino. La misma fuerza también halló 5,3 kilogramos de la misma droga en un Peugeot 504 procedente de Lanús y no sabía cómo controlar el continuo movimiento de aviones pequeños que descendían en diferentes zonas del sur entrerriano.

Las ciudades de Paraná y Concordia comenzaron a ser parte de un esquema preocupante de consumo y tráfico, en el que convivían sectores empresarios y del poder político. El gobierno creó el Comité de Prevención de Conductas Adictivas y Narcotráfico (Coprecan), pero cuando comenzaron a llegar los primeros informes, en los que se vieron rozados algunos funcionarios, decidieron anularlo. Desde el Poder Ejecutivo también se ordenó el traslado de tres oficiales de la Policía que colaboraron con una tarea de inteligencia encomendada por un sector del Ministerio de Bienestar Social, Cultura y Educación (MBSCyE).

"La situación nos preocupa, gobernador", le dijo a Busti, en su dificultoso castellano, el ex embajador estadounidense Terence Todman durante su visita a la capital entrerriana. A los pocos meses, tal como le adelantó al ministro de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Públicos, Hernán Darío Orduna, comenzaron a llegar a la provincia investigadores de la DEA. Durante 1991, en cinco oportunidades, arribó a la provincia personal de la agencia investigadora norteamericana. La última vez fue en los primeros días de noviembre: un total de treinta agentes desembarcaron en Santa Fe y luego se trasladaron a Paraná por vía terrestre. Junto a ellos también estuvieron mas de veinte hombres dependientes de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción, conducida en esos días por Alberto Lestelle. La DEA trajo su propio jet, incluso mucho mas sofisticado que los actuales Lear Jet asentados en la II Brigada Aérea de la capital de Entre Ríos, y realizaron un relevamiento aerofotográfico por la provincia, fundamentalmente para detectar pistas clandestinas. En ese trabajo –del que participó un veedor de la unidad militar paranaense- los investigadores se encontraron con mas de cien pistas secretas en la provincia y solamente cerca de doscientas registradas. La mayoría estaba ubicada en el norte y el sur entrerriano. En esa zona, la DEA siempre siguió muy de cerca los movimientos registrados en el establecimiento Mazaruca, una palabra indígena que quiere decir cementerio. El lugar, ubicado veinte kilómetros aguas arriba de Puerto Ibicuy, pertenecía a Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y servía para utilizar la madera de los eucaliptos para los encofrados de las minas de Río Turbio.
Siempre tuvo algunas características interesantes. Hay quienes aún recuerdan que entre las décadas del '20 y el '30 sirvió para residencia temporaria de una famosa actriz norteamericana o que en 1971 adquirió cierto renombre a raíz de la polémica desatada por la adjudicación de explotación efectuada a una conocida empresa, vinculada al ramo de la celulosa. También fue noticia en diciembre de 1975 cuando el establecimiento le sirvió como refugio al sublevado brigadier Jesús Orlando Capellini, en su intento golpista por desconocer la autoridad de Isabel Perón y exigir que las Fuerzas Armadas tomaran el gobierno.

La zona del departamento Islas es conocida por algunos de los propietarios de sus tierras. Entre ellos, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Pedro Pou, quien posee, desde fines de la década del '60, cerca de 45.000 hectáreas en el paraje denominado La Calera. Inversiones similares, pero de menor cuantía, han realizado -hace unos cinco años- el ex ministro de Economía, Roque Fernández (2.000 hectáreas) y Eduardo Escassany (2.500 hectáreas), presidente del Banco de Galicia. Hacia el sur -casi lindando con los campos de la familia Yabrán, que posee cerca de 150.000 hectáreas en la provincia- se encuentran las tierras del ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy; los del sindicalista Raúl Amín y los del ex vocero presidencial Humberto Toledo.

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En reiteradas oportunidades el ex senador nacional Luis Agustín Brasesco (UCR-Entre Ríos) cuestionó severamente la falta de control que existía en la zona, tanto de Ibicuy como de Lechiguanas. "Están totalmente desprotegidas y pueden ser base de operación para cualquier ilícito. A mí me consta de la preocupación por parte de la Embajada de Estados Unidos", indicó. En el libro Blanca y radiante, de Gabriel Pasquini y Eduardo De Miguel -sin dudas la investigación periodística más completa de los últimos tiempos sobre el negocio de la droga-, los autores se refirieron al tema: "El Mercosur ofrece canales de tránsito fluidos y con menos controles, puertos de salida marítima y áreas importantes y plazas financieras desreguladas para lavar las ganancias hechas fuera o dentro de la región. Sólo por el paso fronterizo argentino-brasileño de Uruguayana-Paso de los Libres cruzan casi un millar de camiones por día y sale el 8,5 por ciento de las exportaciones brasileñas. Los países socios proyectan una hidrovía desde el Río de la Plata hasta Mato Grosso do Sul, centro de almacenamiento y redistribución de grandes cantidades de cocaína. En 1995, una vía ferroviaria-fluvial unió el Pacífico con el Atlántico, a través de Chile, Argentina y Brasil. Los tres son mercados interesantes para vender cocaína. Si Argentina reveló un incesante aumento del consumo desde los '80, en marzo de 1995 una encuesta oficial chilena reveló que el 13,4 por ciento de la población había probado algún tipo de droga ilegal y que el 2 por ciento (un cuarto de millón de habitantes) entraba en la categoría de consumidores habituales”.

Según los informes oficiales sobre la situación en Entre Ríos, existen al menos cuatro vías de ingreso de la droga a la provincia: por el Túnel, desde Rosario; por la zona sur, a través del Complejo Zárate-Brazo Largo; por el norte, siguiendo la vía del Mercosur que delinea la ruta 14 (se ha descubierto cocaína traída desde Brasil); y también se han establecido mecanismos de ingreso fluvial a través del Puerto de Paraná. Quienes trasladan droga a través del río saben muy bien que el Paraná es el mayor. Se extiende desde el Mato Grosso en Brasil, transita por Paraguay, se puede conectar con el Uruguay y termina -luego de atravesar por las provincias de la Mesopotamia- en el Río de la Plata.

Los periodistas Ricardo Leguizamón y Fabián Vivot publicaron un extenso informe en el semanario Análisis de la actualidad, a fines de 1996. “Cada dos semanas ingresan al mercado paranaense unos quince kilos de droga, que rápidamente son colocados en un circuito de consumo y distribución que crece cada día. El dato corresponde a fuentes de la Policía de Entre Ríos, organismo que -según admiten los propios oficiales- solamente logra detectar el diez por ciento de las sustancias que efectivamente circulan por la provincia. Lo cierto es que la droga está hoy extendida a todos los estratos sociales y, de acuerdo al nivel de ingresos y a la posición en la escala social, varía la calidad. Eso sí: hay consumo desde la exclusivísima zona de Boulevard Mitre, hasta el barrio Anacleto Medina. En un lugar es la cocaína, el LSD y también el éxtasis; y en los barrios está muchísimo más extendido el consumo de marihuana”.
El poder político entrerriano nunca se destacó por tener una actitud firme para combatir el negocio de la droga en Entre Ríos en los últimos diez años. Las vinculaciones de algunos de los hombres del oficialismo en sociedad con determinados empresarios llevaron a frustrar más de una investigación. Esos personajes pudieron enriquecerse a un ritmo sorprendente y el o los funcionarios comenzaron a cambiar sus vidas y tener porciones de poder, ya que, en determinadas instancias, hasta podían darse el lujo de hacer aportes de campaña.

Un alto oficial fue relevado de su cargo en 1996 cuando intentó detener un cargamento. Un superior llegó hasta el lugar del operativo y fue concreto: "No nos metamos; hay orden de arriba para que pase", le indicó. Ese tipo de entorpecimientos no permitió que la Justicia pudiera avanzar en pesquisas concretas, donde no solamente tuvieran que pagar culpas los pequeños distribuidores.

El esquema del negocio siempre comprendió a individuos de Paraná y Santa Fe, en conexión con Bolivia, Paraguay o Uruguay. El caso más evidente fue el que se denominó Operación Casino, por el cual, a principios de febrero de 1996, fueron detenidas seis personas. Entre ellas fue capturado el boliviano Ronald Coronado Cárdenas, a quien le hicieron expulsar cincuenta cápsulas con cocaína pura que estaban alojadas en su estómago. Cárdenas traía la droga y la dejaba en manos del santafesino Oscar Fito Morales -considerado el cerebro de la organización- quien, a su vez, coordinaba la tarea de correos en Santa Fe y en Paraná. En la capital entrerriana tenía como contacto a Luis Chiro Lenzi, el mismo que en 1991 fue detenido por su supuesta participación en el crimen de Rubén Calero, aunque luego del juicio oral y público de 1993 la Justicia no pudo comprobar su implicancia.

La investigación incluyó las escuchas de más de sesenta líneas telefónicas, intervenidas por disposición del entonces juez federal de Santa Fe, Raúl Dalla Fontana. Las relaciones de los detenidos con varios hombres del poder político de ambas provincias apareció en algunas de las comunicaciones grabadas, que nunca tuvieron trascendencia pública. Del cruce de llamadas entre el teléfono de Lenzi con los otros procesados, fundamentalmente con Cárdenas y Morales, surgieron indicios que demostraban que se estaba frente a una importante red de comerciantes de estupefacientes. Incluso, se especuló con que la primer pista que obtuvo la Policía provino de una denuncia supuestamente realizada por otra banda de narcotraficantes afectada en sus intereses por el crecimiento que consiguió el grupo de Lenzi.
"En todos los allanamientos que se realizaron, como por ejemplo el efectuado en una quinta ubicada en Sauce Viejo (Santa Fe), propiedad del cabecilla de la banda, se secuestraron -además de drogas- cheques y valores por un total aproximado de cien mil pesos. Estos elementos fueron aportados al Juzgado y ahí se dedujo que con el dinero obtenido por la comercialización de la cocaína se efectuaban préstamos en el Casino de Paraná. Esto les servía para blanquear la operación", apuntó un alto oficial de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santa Fe, que se ocupó de desarrollar la investigación.

Morales terminó condenado a seis años y diez meses de prisión; Cárdenas fue sentenciado a cinco años y seis meses; mientras que a Lenzi se le aplicaron cuatro años.

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El único hombre que pateó el tablero fue el datero uruguayo Mario López, un personaje oriundo de Paysandú, a quien la Policía de Entre Ríos contrató al poco tiempo de la asunción de Jorge Busti en su segundo mandato. El titular de la fuerza, el cuestionado Mario Ricardo Marín, fue quien lo nombró en ese lugar, aunque al poco tiempo intentó desmentir la designación. A principios de 1996 la figura de López fue clave en una investigación secreta por comercialización de drogas en la costa del Uruguay. Su tarea se reforzó al momento de participar en un operativo realizado por policías de Gualeguaychú en Concordia, donde fue prácticamente acribillada una persona de apellido Cañete, a quien se acusaba de tenencia de droga. En el grupo de uniformados se encontraba un hermano de Marín. El caso prácticamente murió en la Corte Suprema de Justicia, que debía definir si era competencia federal o provincial. Cañete permanecía indefenso en una habitación, pero quien estaba al frente del operativo no dudó en ordenar su fusilamiento.

La puerta de la vivienda quedó destrozada por las balas. Quienes allí estaban sabían que si el hombre hablaba ante la Justicia algunos integrantes del poder político y de la fuerza de seguridad se podían ver comprometidos en graves denuncias que, de alguna manera, se animó a relatar el datero un año y medio después del hecho. Si bien sus declaraciones tuvieron trascendencia pública, nunca se conoció la parte de su testimonio en la que denunció, con nombre y apellido, a un senador nacional del PJ entrerriano y a un diputado provincial del oficialismo, supuestamente vinculados al negocio de la droga.
-¿Y usted por qué decide ahora hacer estas denuncias? -le preguntó un periodista del diario El Día de Gualeguaychú, que fue el primer medio que se ocupó del tema.
-Porque nunca me pagaron lo que me debían; yo hacía mi trabajo y a ellos les servía –contestó López, sin ningún tipo de prurito.

Una de las denuncias formalizadas contenía detalles sobre la forma en que fue asesinado Cañete y también señalaba a los partícipes del crimen. Allí el datero habló de órdenes emanadas desde la conducción de la fuerza, pasando por la Jefatura Departamental de Gualeguaychú -donde se organizó el operativo- y personal subalterno. Entre ellos se encontraba el hermano del jefe de Policía, a quien también acusó de participar de tareas de intercepción de billetes falsos (más de medio millón de dólares) y estupefacientes, que eran trasladados por una camioneta proveniente de Santa Fe.

López, en sus declaraciones ante el entonces juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, denunció tres hechos relacionados con falsificación de dinero y acusó de haberse apropiado de los billetes a personal policial de Gualeguaychú. A su vez, reveló irregularidades en cuatro causas por tenencia de droga que, según sus dichos, "fueron armadas" por uniformados. También consignó que tuvo oportunidad de presenciar el momento en el que Marín recibió de otro oficial de la fuerza la recaudación correspondiente a los pagos del juego clandestino. "No sólo la Policía se beneficia en este negocio, sino que también participan en la cadena funcionarios políticos y un legislador nacional", manifestó, aunque no reveló identidades. En Entre Ríos, el juego clandestino mueve cerca de 24 millones de pesos anuales.

López fue también quien provocó que el juez Lauritto decidiera la citación de Alfredo Yabrán. "Pasados unos días, me vino a buscar el agente Carlos Marín, hermano del jefe de la Policía, y me dijo que tenía que entregar un paquete a un señor (de apellido) Bustos, que yo conocía. En ese paquete había dinero falso, seguramente parte del secuestro", dijo López en la denuncia original, en referencia al procedimiento que se efectuó en Gualeguaychú. Y añadió: "Me dijo que teníamos que voltearlo (a Bustos), ya que el gobernador Busti se lo ordenó a Marín, porque Bustos se quedó con el vuelto de Yabrán, y Eduardo Duhalde se lo pidió a Busti". Al declarar, Yabrán negó toda supuesta vinculación con los hechos denunciados.

En poco tiempo y siendo muy joven, Héctor Alfredo Bustos pasó de desempeñarse como peón de campo en la empresa Radom Sociedad Anónima de Gualeguaychú -por lo cual percibía cuatrocientos pesos mensuales- a ser un próspero empresario de la zona, aunque no de actividades productivas exactamente. Casado con Roxana Benítez, hija de un sargento de la Policía que prestaba servicios en la Comisaría de Larroque, sorprendió a propios y extraños cuando apareció en la ciudad con varios vehículos, viviendas -algunas a nombre de su esposa-, dos pubs, extensiones de tierra y animales vacunos. Los que lo conocen consignan que su relación con la familia Yabrán iba por dos andariveles: por el lado de su entrañable amigo Mauricio Ronconi, yerno de José Toto Yabrán -administrador de Yabito y hermano de Alfredo Yabrán-; y a través de su suegro, cuyo hermano era un hombre muy allegado a Alfredo y a Toto Yabrán.
No obstante, son muy pocos los que se animan a decir si ese acercamiento era real o existía una marcada distancia, más vinculada a la enemistad que a otra cosa, a raíz de algunos actos que involucraron a Bustos.

No hay dudas de que Bustos cambió su vida en los últimos años. Claro que hay quienes sostienen que ese supuesto enriquecimiento es de alguna manera ficticio. "Acá se habla mucho; entonces, cuesta entender que se hable de un Bustos de mucha plata y ahora ese mismo hombre prácticamente no tenga dinero", dicen sus allegados. Unos hacen referencia a un crecimiento repentino a raíz de una supuesta vinculación con dólares falsos; otros hablan de una actividad que Bustos sabe desarrollar muy bien en Capital Federal, sobre la que no dan mayores especificaciones.
-¿Pero es verdad que el propio Yabrán se enojó con Bustos?
-Yabrán nunca le perdonó que se quedara con lingotes de oro, por casi un millón de dólares, que le robaron de una de sus estancias en Entre Ríos. Nunca lo quiso reconocer, pero montó un operativo de desquite.

La Justicia Federal no pudo comprobar el robo, pero el juez Lauritto tuvo en su despacho un dossier de más de veinte carillas, realizado por personal de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, donde sí constaba ese hecho. A los pocos días del robo, quien llegó a Paraná para pedir justicia fue Víctor Hugo Dinamarca.
-El jefe quiere vendetta –le dijo a su amigo Hugo Lifschitz.
-¿Qué concretamente? –preguntó Lifschitz.
-Que tenga un accidente; dejarlo pegado con la droga... No sé... Algo de eso hay que armar.

Lifschitz no dudó en acudir a su ex socio y amigo Oscar Horacio Mori, quien estaba al frente de la Secretaría de Reforma del Estado y Control de Gestión de Entre Ríos. “El único que puede solucionar esta cuestión es el jefe Marín”, le indicó Mori.
-¿Y qué nos puede salir este esfuerzo? –preguntó Lifschitz, sabedor de la forma de moverse de su amigo.
-Creo que con 180 mil dólares va a estar bien.
-¿Cuándo cerramos el acuerdo?
-Mañana mismo. Decile a Dinamarca que lo espero en este lugar –contestó Mori.

No era la primera vez que Dinamarca, Lifschitz y Mori estaban juntos en una reunión. Algunas veces, el mismísimo Yabrán se sumaba a los asados que se organizaban en la anterior mansión de Lifschitz, sobre la costa del río Paraná. Dinamarca llegó a la oficina de Mori a la mañana. No se le movió un músculo de la cara cuando sacó del maletín los 180 mil dólares y se los entregó al funcionario bustista.
-Si querés contalo, Pacha... –bromeó Lifschitz.
-No es necesario. Confío plenamente en los amigos –respondió Mori.

A los pocos días, Bustos fue detenido por la Policía de Gualeguaychú. En menos de media hora lo empapelaron y quedó como el peor narcotraficante de la zona. Dinamarca, que siempre se caracterizó por filtrar información, se ocupó de averiguar si Marín había cobrado el dinero pactado. La respuesta le llegó en forma inmediata: “Cobró dos mil pesos por ese trabajo”, le indicaron. Una semana después, Dinamarca volvió a Paraná y pidió reunirse con Marín. “Simplemente le vengo a expresar mi agradecimiento, en nombre de don Alfredo. Espero que disfrute de los 180 mil dólares que le dimos, de acuerdo a lo solicitado”, le dijo.
-¿Cuánto? –preguntó exaltado Marín, con el rostro totalmente colorado por la situación.
-180 mil.

Dinamarca le extendió la mano; esbozó una sonrisa socarrona y partió raudamente. Marín quedó puteando solo.

A fines de diciembre, pocos días después de que Lauritto decidiera el procesamiento de varios de los policías denunciados, López sufrió graves consecuencias. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras se encontraba en la zona céntrica de Gualeguaychú sin la custodia de personal de Gendarmería asignada por la Justicia, fue interceptado por un Renault 18 color azul. Bajaron dos personas bien vestidas, pelo corto y con armas de fuego. Uno de ellos le puso la pistola en la cabeza y le advirtió: "Subí al auto porque de lo contrario te vamos a hacer boleta a tu hijo, que en este momento se encuentra con su novia" en una dirección determinada. López se dio cuenta que la información que tenían era verdadera y temió por la seguridad del joven. No dudó en ascender al coche y desde la esquina de 25 de Mayo y Montevideo lo trasladaron al acceso sur, es decir, a la salida de la ciudad. Se detuvieron en una zona descampada, lo hicieron bajar y uno de ellos le apuntó a no más de un metro. "Esto es de parte de Mario", le dijo, como queriendo trasladarle una advertencia del ex jefe de Policía de la provincia, del mismo nombre. López se le abalanzó y el disparo le perforó la mano derecha.
Cuando giró para correr hacia la ruta otro balazo se le incrustó en el flanco izquierdo de la espalda, pero no le tocó ningún órgano vital. El datero uruguayo pudo llegar hasta la ruta justo cuando se aproximaba el vehículo de un médico de la ciudad, de apellido Grecco, que lo subió y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Centenario. Los captores se dieron a la fuga. A la 1.45 llegó al nosocomio, fue atendido y quedó fuera de peligro. Fue un claro mensaje de la impunidad.
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