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05/12/2018 -  tiempo  1' 39" - 244 Visitas Consideraciones del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia “Un aval innecesario y peligroso a la violencia institucional”
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Sobre el nuevo reglamento para uso de armas de fuego por parte de las fuerzas.
El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia manifiesta su “rechazo y preocupación ante la reciente aprobación del Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad [1]”. Más allá de las críticas que se han dirigido o pueden dirigirse a su redacción [2], “llamamos la atención sobre tres aspectos centrales de la situación que ha provocado”. “En primer término, no es necesario ampliar, como aquí se pretende, la doctrina de las Naciones Unidas sobre el uso progresivo y excepcional de la fuerza pública, ya que de esas limitaciones no ha derivado ningún problema de seguridad. La demagogia al respecto puede, fácilmente, conducir a una escalada de violencia y de abusos”, marcaron en un comunicado de prensa desde el Instituto.

“En segundo lugar, las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) distorsionan las disposiciones de la legislación vigente -y la propia letra del reglamento-, con la mera intención de enviar a las fuerzas policiales y de seguridad una señal favorable para la extensión de sus facultades. Que, por otra parte, es falsa: lo que constituya el ejercicio legítimo de un deber será determinado por los jueces y no por un protocolo de actuación, ni, mucho menos, por un mensaje ministerial”, agregaron.

Finalmente, “ese control judicial ya ha establecido los límites del uso de la fuerza, sobre la base de la Constitución Nacional y la normativa internacional que rige la materia [3]. Se trata de una de las bases fundamentales de la convivencia democrática, y se está intentando arremeter contra ella”.

Notas

“[1] Resolución del Ministerio de Seguridad 956/18.

[2] Por ejemplo, manda a los funcionarios a hacer uso del arma en lugar de regular su empleo gradual, y pone como requisito para el uso el peligro inminente, pero propicia su interpretación extremadamente flexible.

[3] Véase, especialmente, el documento “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de la ONU, incorporado a la normativa nacional por la Ley 24059 de Seguridad Interior”.
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