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11/10/2018 -  tiempo  3' 21" - 2097 Visitas Decisión judicial Por mayoría, Casación Penal rechazó el recurso de los defensores del cura Moya
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Marcelino Moya.
La Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), rechazó el recurso presentado por los defensores del cura Marcelino Moya, en el marco de la causa por abuso y corrupción de menores mientras fue párroco en Villaguay. La sentencia judicial confirmó el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Según se indicó en el órgano judicial a ANÁLISIS DIGITAL, el rechazo fue por mayoría y no por unanimidad. En disidencia se pronunció el vocal Hugo Perotti. Ahora habrá que esperar como máximo diez días hábiles. Ese es el plazo que tienen los abogados del religioso para apelar la decisión de este jueves. Si así ocurre, el planteo por la prescripción escalará otro peldaño y llegará a la Sala Penal del STJ. De ANÁLISIS DIGITAL

La decisión de Casación Penal, que habilita la prosecución de la investigación judicial en cuanto a determinar la responsabilidad del cura Moya en dos denuncias por abuso sexual infantil, fue por mayoría. Al voto fundamentado lo dio la vocal Marcela Davite, postura a la que adhirió la vocal Marcela Badano. A favor del recurso planteado por los defensores de Moya se pronunció el vocal Hugo Perotti. La posición de este último integrante es coherente con sus decisiones anteriores. Perotti ya se pronunció a favor de la prescripción de los delitos en la causa Ilarraz, cuando ese proceso judicial estaba en una instancia similar a la que hoy atraviesa la causa del cura Moya.

Pese a esa postura que todavía encuentra adeptos en estructuras judiciales, la mayoría de los jueces del Poder Judicial entrerriano han tomado la decisión de no dejar pasar los delitos de abuso sexual infantil, aunque desde una óptica formalista estén prescriptos. Actualmente, existe esa comprensión distinta de las víctimas. Y para la mayoría de los jueces provinciales es una decisión firme entender que los niños abusados, no se autocomprenden como víctimas hasta muchos años después de ocurridas las vejaciones. Podría decirse entonces que el Poder Judicial provincial, entiende que el daño producido en la psiquis de los niños no sólo es irreparable sino que conlleva -en la mayoría de los casos-, la imposibilidad de denunciar los abusos. La decisión que hoy tomaron las dos juezas de Casación Penal va en esa línea.

Los hechos denunciados contra el cura Moya se remontan a la década del 90, en la parroquia de Villaguay, a donde estuvo destinado. A poco de iniciar el proceso, los defensores del cura estuvieron ocupados en realizar planteos de prescripción de los delitos, como un modo de retrasar la discusión de fondo, tal como ocurrió con el juzgamiento al cura Justo José Ilarraz. Cabe señalar en este sentido que, tanto Ilarraz como Juan Diego Escobar Gaviria -este último no pudo retrasar el proceso porque los abusos denunciados habían sido recientes-, fueron condenados por la Justicia entrerriana a 25 años de prisión.

Moya carga con dos denuncias por abuso en la causa: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. Desde finales de junio de 2015, cuando en Tribunales se comenzó a tramitar la causa penal por abusos, la Iglesia Católica lo suspendió a Moya en su función pastoral, y por eso mismo no puede oficiar misas en público. Esa vía, la de la prescripción, ya tuvo sentencias adversas en dos oportunidades en la causa Moya. La última, de un tribunal de alzada en Concepción del Uruguay. Pero a pesar de los antecedentes, los abogados defensores del cura insisten con el mismo criterio: pidieron en la Cámara de Casación Penal la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote. Ahora habrá que esperar como máximo diez días hábiles, porque ese es el plazo que tienen los abogados del religioso para apelar la sentencia de este jueves.

El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso. Así lo hicieron después de la publicación de la revista ANÁLISIS. El caso recaló en los Tribunales de Villaguay. Allí, la fiscal Nadia Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria en mayo último e hizo el pedido de elevación a juicio, que resolvió el juez de Garantías a finales de junio.
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