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12/10/2018 -  tiempo  5' 13" - 5084 Visitas Además, coletazos del sueño frustrado de la vivienda propia; glifosato y justicia; y qué hacen los condenados por corrupción Recaudaciones millonarias: este jueves en la revista ANÁLISIS, los negocios de altos funcionarios municipales y los contratos en la Legislatura entrerriana
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La revista ANÁLISIS está otra vez en la calle. Este jueves, todos los detalles de un negocio millonario que involucra al secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná Walter Rolandelli, y al fiscal municipal Francisco Avero. Ambos concentran gran parte de los honorarios por apremios judiciales como abogados particulares, pese a que son quienes comandan las dependencias encargadas de supervisar el cobro de la comuna a los ciudadanos deudores. El mecanismo afecta en su mayoría a gente de escasos recursos. Se judicializan alrededor de 4.000 casos por año, por lo cual quedan alrededor de 12 millones de pesos anuales en concepto de honorarios para los dos abogados. Ese dinero no ingresa a la comuna, en una clara incompatibilidad con la función pública. Además, ¿qué ocurre en la Legislatura entrerriana con la causa por contrataciones? Son más de 350 los contratos que están en la mira judicial e implican unos 10 millones de pesos por mes. La nueva edición de ANÁLISIS ya está en la calle. Este jueves, un informe detallado sobre el negocio redondo que involucra a dos altos funcionarios municipales: Walter Rolandelli y Francisco Avero. Ambos resultaron beneficiados cuando el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Paraná se mudó, a finales de septiembre, a unas oficinas ubicadas en calle Urquiza al 1146, a tan sólo una cuadra de la Peatonal San Martín y a pocos metros del municipio. Esta mudanza le calzó como anillo al dedo a los abogados del Departamento Ejecutivo de Paraná, quienes frecuentan con asiduidad esa sede judicial en su carácter de abogados particulares. Allí se tramitan los procesos judiciales que derivan de las deudas que tienen los contribuyentes con el municipio y que los funcionarios deciden judicializar ante la imposibilidad de hacerse con el monto adeudado. Estamos hablando de miles de ciudadanos paranaenses que quedan debiendo al municipio por impuestos impagos, multas por infracciones a leyes impositivas y sanciones impuestas por los juzgados de Faltas municipales a la ciudadanía.

Los contratos en la Legislatura de la provincia y un negociado multimillonario también es objeto de información en las páginas de ANÁLISIS. Es que el parlamento provincial quedó en la mira judicial, tras la detención de varias personas vinculadas a diputados y senadores. Hay más de 350 contratos en observación, que equivalen a 10 millones de pesos mensuales, del período actual. Pero la justicia quiere ir más atrás; por lo menos a partir del 2007, para determinar manejos irregulares de dineros públicos. La causa provoca preocupación y zozobra en el poder político, como así también en determinados ámbitos judiciales.

Además, el problema de 168 familias con su sueño frustrado de la vivienda propia. Luego del informe en la anteúltima edición de ANÁLISIS, el titular de Muvicer, Pedro Comas, solicitó la réplica y aclaración de algunos puntos expuestos en el artículo periodístico. Aseguró que las viviendas no se construyeron por falta de voluntad política de Sergio Urribarri y advirtió que si los reclamos judiciales siguen avanzando, acudirán a la Justicia para denunciar al gobierno provincial por el incumplimiento de compromisos asumidos. Se trata de un plan habitacional para 168 personas que hasta el momento no se ha concretado. Sólo hay un extenso terreno baldío en lugar del sueño de todas esas familias que se inscribieron en el grupo habitacional.

En la columna de análisis político, Los sueños de la corrupción engendran Bolsonaros. Los dineros que se roban los corruptos, se alega, son los que luego escasean en los hospitales y en las escuelas. Hay quienes van más lejos: los desfalcos que deterioran la infraestructura y provocan por ejemplo catástrofes ferroviarias confirman la idea de que, literalmente, la corrupción mata. Es el modo de deplorar la indecencia gubernamental, que en verdad representa un mal en sí mismo, por los daños que ocasiona. Pero si de eso se trata, de examinar el fenómeno desde el punto de vista de sus efectos, el último domingo deparó un ejemplo continental: la podredumbre de los sistemas políticos engendra monstruos autoritarios. A cincuenta millones de brasileños les resulta encantador que los gobierne un sujeto tan primitivo como Jair Bolsonaro.

La edición 1087 de ANÁLISIS también repasa cómo cumplen las tareas comunitarias los condenados por corrupción. El director de la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OMA) dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rodrigo Juárez, brindó un pormenorizado informe del trabajo que se realiza desde el organismo en cuanto al control y seguimiento de las medidas dispuestas en juicios abreviados y probation. Los datos estadísticos muestran que el 10 por ciento de los casos tratan delitos de índole sexual; el 19,29 por ciento se debe a la problemática de la violencia de género, y sólo el seis por ciento de las personas condenadas son mujeres. Además, el detalle de cómo cumplen sus condenas los acusados por delitos de corrupción contra la administración pública.

El glifosato y la ley es otro de los ejes informativos de este jueves. El amparo ambiental para que las escuelas rurales no se vean expuestas a las fumigaciones llegó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Luego de un trascendental fallo en el cual se ordenó la prohibición de las aspersiones aéreas en un radio de 3.000 metros y las terrestres en 1.000 metros a la redonda de los establecimientos educativos, el Gobierno Provincial apeló esta sentencia y pide instancias de mediación. En tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista Paraná sostienen la imperiosa necesidad de que se efectúen urgentes medidas precautorias de la niñez que se ve afectada en la vida y su salud por los pesticidas. Ahora, el máximo tribunal provincial deberá expedirse en un escenario sobre el cual pesa la ausencia de una Ley de Agroquímicos cuyo tratamiento se ha visto empantanado en la Legislatura.

El reportaje impertinente a Víctor González: “Soy un tipo muy conservador”, confiesa. Dice que el periodismo militante del cual todos reniegan, hace mucho tiempo que existe. Que no le gusta estudiar y que su deuda pendiente es la Abogacía. Víctor González, ex conductor de los horarios centrales de Canal 9, hoy está en la primera mañana de LT 14 Nacional Paraná y en Radio “La Voz”. Habló sobre el periodismo de antes y de ahora.

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