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13/06/2018 -  tiempo  4' 21" - 139 Visitas Estaba prevista para las 9 de este miércoles Se suspendió la audiencia por tenencia de arma, de la cual participarían Juan Pablo Aguilera y Belén Almada
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Juan Pablo Aguilera, Belén Almada y el abogado Rodríguez Allende no se presentaron este miércoles.
Juan Pablo Aguilera, Belén Almada y el abogado de ambos, Marcos Rodríguez Allende, faltaron a la convocatoria de este miércoles a las 9 en tribunales, registró ANÁLISIS DIGITAL. Estaban citados a una audiencia en la que accederían a una salida negociada respecto del delito de tenencia ilegal de un arma. Aún no hay una fecha en la que podría concretarse la instancia prevista para hoy. Al matrimonio se le secuestró un revolver calibre 22 sin registrar, en medio de un allanamiento que se hizo en la propiedad de ambos, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. La audiencia estaba prevista para este miércoles a las 9, frente al juez de Garantías Elvio Garzón, en el marco de una causa por el hallazgo de un revolver calibre 22 sin registrar en la casa del matrimonio Aguilera-Almada. En diciembre de 2016, se encontró el arma y la pareja no pudo justificar su tenencia con la documentación exigida por la ley.

El arma fue encontrada en medio de un allanamiento que se efectuó en la casa de Aguilera y Almada, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. Aguilera está embargado en 26 millones de pesos en una causa cuya elevación a juicio se debatirá en audiencia pública el 22 de junio y en la que se investiga la distribución irregular de publicidad que benefició a dos empresas que se adjudican al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL.

La pareja fue imputada e indagada el año pasado por la tenencia ilegítima del arma y para defenderse ambos contrataron los servicios del abogado Marcos Rodríguez Allende. A Aguilera y Almada se le imputa haber violado el artículo 189 del Código Penal, el cual señala que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de seis meses a dos años y multa de entre 1.000 y 10.000 pesos.

Pero el trámite de esa causa no seguirá el camino del juicio oral sino el juicio abreviado, con pedido de probation: normas de conducta para la pareja como sanción por el ilícito cometido.

Por delante, la pareja tiene otros asuntos de mayor envergadura que resolver en los Tribunales.

Aguilera está embargado en 26 millones de pesos en una causa cuya elevación a juicio se debatirá en audiencia pública el 22 de este mes y en la que se investiga la distribución irregular de publicidad que benefició a dos empresas que se adjudican al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL.

En esa investigación penal, un arrepentido, Jesús Bustamante, admitió que su firma accedió a publicidad oficial mediante un sistema en el que primaba el pago de coimas a las empresas del cuñado.

En la causa “Urribarri Sergio D. – Báez, Pedro A. – Aguilera, Juan P. – Cargnel, Corina E. Y Otros. S/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado, defraudación a la Administración Pública”, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de 26 millones de pesos en los bienes de Urribarri. Dicha causa investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas a Aguilera por un monto que supera los 24 millones de pesos.

El embargo alcanza también al ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante –que ya definió su situación mediante un juicio abreviado- y Hugo Fernando Montañana, también por 26 millones de pesos, más la inhibitoria general de bienes.

El jueves 1° de febrero, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Báez ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de ocho años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Además, Urribarri y Aguilera están imputados en la causa del Parador Playero que instalaron en Mar del Plata en enero de 2015, y que le costó a la provincia 14 millones de pesos. Según la Fiscalía, el montaje sirvió para financiar la campaña presidencial del entonces gobernador. En la documentación recabada se registraron transferencias por dos millones de pesos hacia empresas vinculadas a Aguilera –las ya famosas Tep Srl y Next Srl-, que luego fueron destinados a la impresión de cartelería proselitista.

El cuñado también está siendo investigado por la Justicia Federal, en un expediente caratulado “Urribarri Mauro Gabriel, Aguilera Juan Pablo, Robledo Juan Sebastián, Pérez Gustavo Hernán, Lazzaro Fabian s/Infracción Art 303”. Esta es la famosa causa de la “Mesa de Dinero”, denunciada por la revista Análisis, que dio cuenta de la venta de dólares en el Senado, cuando el hijo del exgobernador Mauro Urribarri estaba como secretario y Aguilera era prosecretario desde diciembre de 2011.

(Foto: ANÁLISIS DIGITAL)
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