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16/05/2018 -  tiempo  10' 13" - 676 Visitas Se solicitará al TdC la copia de un expediente completo Caso Vialidad: comenzó el tercer día de audiencias con la comparecencia de nueve testigos
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Continúan las audiencias en el juicio que investiga irregularidades en la creación de una escuela vial.
Comenzó el tercero de los días de las audiencias por el juicio que investiga al ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Jorge Rodríguez, como así también a Néstor Kemerer y Mario Heyde. La jornada comenzó con un pedido de la fiscalía a cargo de Patricia Yedro y Alejandro Cánepa sobre una prueba aportada por la directora de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz, Graciela Bergna. Según registró ANALISIS DIGITAL el pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) se basa en que la copia aportada por la directora del establecimiento educativo no estaba completa. Se trata de un expediente del Tribunal de Cuentas donde se incluiría la petición de la asociación civil Los Viales para poder devolver el dinero que la DPV aportó para los sueldos de los docentes. "Falta la contestación del TdC, por lo cual solicitamos al tribunal que solicite al organismo de control que nos envíe el expediente completo", expresó Cánepa. Uno de los defensores de Rodríguez, Miguel Cullen dio su visto bueno para que se solicite al organismo de control que envíe la totalidad de la prueba. El tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta resolvieron dar curso a la petición y el TdC tendrá 48 horas para enviar el expediente en cuestión. Durante la jornada de este miércoles compareceran nueve testigos, entre los cuales están trabajadores del Consejo General de Educación que intervinieron en la elaboración del proyecto, los informes técnicos y la posterior supervisión. Además, se espera la presencia de Héctor Milocco, quien firmó los contratos de los docentes como jefe de uno de los departamentos de la DPV. Por JCB de ANALISIS DIGITAL

Fueron nueve los testigos que pasaron este miércoles por el salón 1 de los Tribunales de Paraná. Lucía Soledad Gabás, Claudia Céspedes, Marianela Gómez, Lorena Miño, Héctor Milocco, Néstor Fabián Hernández, Bournisent María Victoria, Anciliotti Oscar y Alfredo Larrosa. El grupo de testigos está conformado por trabajadores del Consejo General de Educación (CGE), trabajadores de vialidad y personal de la institución educativa.

Entre ellos se presentó Héctor Milocco, quien cumplía funciones en la dirección de despacho y era quien firmaba los contratos de la DPV con los docentes. El negó haber tenido conocimiento sobre el rol que iban a cumplir los docentes, puesto que sólo se firmó contratos "para la estructura de la DPV". El hombre tiene 46 años de antiguedad en el organismo autárquico. "Los contratos que hacíamos eran para la DPV, en nuestra dirección realizábamos los contratos por orden superior, del ingeniero Rodríguez. Nunca hice un contrato que dijera que era para la escuela, sino que todos eran para la DPV", señaló Milocco ante el tribunal. Además, explicó el escalafón del trabajador vial distribuido en distintas categorías que van de 1 a 19. A su vez, brindó detalles de los adicionales salariales que se pagan dentro de la estructura de DPV. "Si se cumplía más del horario normal, el adicional era por actividad intensiva. Es alrededor de tres horas más que el promedio común".

Pero el presunto desconocimiento por parte de Milocco sobre el destino de los contratados se puso en tensión con la comparecencia de María Victoria Bournisent, quien entonces cumplía el rol de segunda jefa de Recursos Humanos de Vialidad. Según la mujer, ella observó documentación referida a distintas contrataciones de las cuales había dos que tenían una incompatibilidad horaria. "No recuerdo que haya habido contratos de docentes bajo la órbita de DPV. Nosotros dependíamos de la dirección de despacho, de Milocco. Nos llaman de la dirección de despacho, me mostraron la documentación pero los contratos después, pero las funciones asignadas en el contrato fueron de vialidad". Aseguró que Milocco le dijo que efectivamente se trataba de trabajadores que eran contratados para cumplir funciones en la escuela.

"Nosotros no sabíamos de la escuela aún, eran alrededor diez contratos. Me dieron la documentación no los contratos, en la declaración jurada que nosotros entregamos, había dos que eran docentes y que había incompatibilidad horaria. No podían ingresar a trabajar salvo que renuncien al otro organismo", expresó.

En base a la declaración jurada donde ella había observado la incompatiibilidad horaria, Bournisent señaló: "Eran docentes porque estaban los títulos. Cuando los contratos vienen firmados y los archivamos en su legajo, todas las planillas de declaración juradas estaban en blanco. Todas. Ninguna tenía la observación que había formulado sobre esos dos contratos".

En relación al control que hace el TdC, Bournisent confimó que el auditor permanente, el contador Tano, tenía acceso al sistema informático. Además, ante la pregunta de la defensa, aseguró: "Nunca se me pidió que falseara algún tipo de documentación o contrato. Nunca Rodríguez me hizo llegar ningún tipo de referencia a esos contratos. Nunca nadie me negó que exhiba documentos a los auditores del TdC", aseguró.

La declaración de Néstor Fabián Hernández también se vinculó con lo acontecido en la dirección de despacho que tenía como jefe a Milocco. "El contrato decía que era para prestar servicios para el área de la dirección de mantenimiento y suministro, no para desempeñar tareas en la escuela", aseguró Hernández en referencia a algo que el propio Rodríguez confirmó en su declaración indagatoria. También reconoció que Milocco tenía conocimiento de que se trataban de trabajadores de la educación destinados a la escuela.

Luego fueron dos integrantes del CGE que participaron del proceso de revisión técnica que hace el organismo educativo en la instancia de petición y aprobación de un proyecto de escuela. Claudia Céspedes y Lucía Soledad Gabás fueron las dos trabajadoras del CGE. Esta última fue la que brindó un testimonio detallado de su intervención en el proyecto de la escuela Heráclia Ruíz Díaz: "Yo trabajo en el equipo técnico de la dirección de educación en gestión privada. Acompañamiento a los equipos de supervisión en cuanto al seguimiento de los jardines de escuelas públicas de gestión privada. Participo del acompañamiento a las nuevas instituciones.

Una vez que alguno de los agentes autorizados por la ley que solicitan nuevas instituciones, se entrevistan con la directora de escuelas de gestión privada, hacemos asesoramiento de los requisitos en el marco de la resolución 240, es intervención nuestra hacer informes técnicos respecto de haber cumplimentado o no los requisitos, saber si lo hicieron de manera total o parcial y en tal caso solicitarle a los que pedían que cumplan con lo faltante".

"El procedimiento de incorporación de nuevas instituciones está normado en la resolución 240 en el capítulo 2 se nombra quienes pueden ser agentes solicitantes. En el capítulo 3 se nombran requisitos de las entidades propietarias, informes de factibilidad económica, proyectos educativos y curriculares (donde estoy facultada para hacer más observaciones), planos donde funcionará la nueva institución, habilitaciones municipales correspondientes, personal docente, grupo de familias que tienen necesidades que haya una nueva escuela, datos reales de niños y niñas que requieran estos bancos", explicó.

Gabás aseguró que "hasta el momento que emitimos el informe, el 18 de febrero del 2014 no estaba presentada la documentación de una entidad propietaria, no había un estudio de factibilidad económica (no había un informe de un contador matriculado)" y que "en cuanto la cuestión pedagógica había cuestiones a mejorar que era nuestra tarea". Confirmó que "había firmas de padres (alrededor de 15 familias) faltaban datos de nombres y apellidos de niños que efectivamente vayan a ocupar las salas". "Se pidieron dos salas de cuatro y cinco años, los mínimos de 15 y 20 niños -respectivamente- fueron adjuntados con posterioridad", agregó.

"La habilitación municipal definitiva no estaba presentada a esa altura, ni tampoco los planos", aseguró.

En cuanto a lo pedagógico, aseguró que participó "en el acompañamiento una vez que el proyecto fue presentado" y que estuvo presente "el 19 de febrero en una reunión con las maestras y los directivos y junto quien ya había sido nombrada como supervisora". "Tuvimos una mañana de trabajo con ellas explicando las correcciones en los pedagógico didáctico que ellas tenían que hacer para que el proyecto esté mejor acabado. Este informe se lo eleva a la directora de la educación pública de gestión privada y a los solicitantes", aseguró.

Gabás destacó que su informe técnico no es vinculante y que la decisión política de aprobar o rechazar una solicitud es de las autoridades del CGE.

Aclaró que "en la mayoría de los casos no se autorizan los proyectos con las partidas económicas, salvo cuando se traten de situaciones de mucha dificultad económica". Además, aseguró que en el proyecto "quedaba claro que el solicitante era la DPV". "En la 240 (capitulo 2) cuando se nombran los agentes que están posibilitados para realizar una escuela, a mi entender particular y de los compañeros que firmamos el informe no había ninguna de esas entidades incluidas en este proyecto. Esta resolución no autoriza a estamentos públicos a realizar escuelas", afirmó.

Dentro de los nueve testigos, se incluyeron dos integrantes de la asociación civil Los Viales, creada a pedido del CGE para poder sostener el proyecto educativo. En este sentido, Oscar Anciliotti y Alfredo Larrosa eran empleados del área de Mantenimiento y Suministro de la DPV. Ambos fueron convocados por Kemerer para integrar la asociación civil con el simple objetivo de cumplir con el requisito puesto por el CGE.

El acta fundacional de la asociación civil fue exhibida por la fiscalía a los dos testigos. La misma se creó a mediados del 2015, con la escuela ya en funciones. Según el propio Rodríguez, la creación de la misma fue una condición sine qua non para la continuidad de la escuela y esto forzó la creación. Las preguntas de la fiscalía mostraron que la asociación civil fue conformada sólo para cumplir con este requisito y nunca más se reunieron.

Oscar Anciliotti, aseguró: "Yo tuve conocimiento -sobre la escuela- cuando se presentaron a los papeles, yo siempre estuve en conocimiento de todo. Estuve al tanto de lo que se estaba haciendo, la presentación de la nota para ampliar el jardín y continuar lo que se venía haciendo. El CGE lo aprobó y hubo que empezar a cumplir. Formo parte de la asociación civil, soy secretario. Formo parte desde su fundación. Se fundó en el 2014, a mediados de año. En ese momento era Tesorero. Me invitó Néstor, me pareció interesante y me gustó la idea. Me comentó que lo había pedido el CGE. La necesidad surgía del pedido del CGE para administrar la escuela, con eso la escuela iba a poder seguir funcionando porque si no no íbamos a poder seguir".

Ambos testigos negaron haber realizado aportes económicos y confirmaron que las actividades para recaudar dinero no las realizaba la asociación sino un grupo de padres que trabaja para financiar la escuela.

"Para nosotros era importantísimo la continuidad de la escuela. Además, estábamos a mitad de año, a uno le surge una responsabilidad. A esa escuela, cuando empezó, como empleado vial me pareció que era extraordinario, nosotros participamos de todo el proceso, pintamos los fines de semanas. Me invitaron a participar y yo contento de la vida, por eso no me fui nunca. No me arrepiento de haber formado parte de la asociación, por eso no he renunciado. La asociación fue creada por un requisito del CGE, que nos dijo 'se hace esto o se cierra'. Una vez que se cumplieron los requisitos y el CGE empezó a depositar los sueldos y se comenzó a regularizar la situación", agregó Anciliotti.

Larrosa mostró tener menos conocimiento de los hechos investigados. Aseguró que formó parte de la asociación pero que no conoce en detalle siquiera si sigue formando parte nadie le avisó que lo daban de baja. "Kemerer nos comentó que el CGE le exigía un requisito más para la continuidad de la escuela y que era necesario crear la asociación civil", señaló. "Como DPV no podía hacerse más cargo, debía hacerse la asociación civil. Firmamos un acta de fundación, la firmamos en la presidencia de DPV, en el despacho de Rodríguez", aseguró.

La lista de testigos de este miércoles se completó con dos trabajadoras del área del jardín de la escuela, personal que cumplió funciones de maestranza y asistencia a las maestras jardineras.

Las audiencias continúan este jueves a partir de las 9.30 horas.
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