Bienvenidos a Semanario Analisis Digital
puntos
14/03/2018 -  tiempo  8' 3" - 2254 Visitas El miércoles seguirá el debate Causa Alanís: rechazaron un recurso de reposición para que el intendente Cristian Treppo se presente a declarar en el juicio
Click para Ampliar
La Fiscalía quería que vaya a testimoniar e incluso se habló de su responsabilidad en los hechos juzgados.
El juicio contra el ex vicegobernador Héctor Alanís y el ex senador radical Humberto Re, continúa este martes desde las 9 en los tribunales provinciales. Uno de los testimonios previstos para el debate es el del intendente de Seguí, Cristian Treppo, ex integrante del Tribunal de Cuentas, organismo que debió advertir sobre las presuntas maniobras de desvío de dinero de la Cámara de Senadores de la provincia, durante 1995 y 1999. El jueves pasado, cuando inició el juicio oral se informó que Treppo -al igual que el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, entre otros-, pidió declarar por escrito. Sobre ese punto, el procurador General Jorge García, reclamó un recurso de reposición e incluso habló de la posible responsabilidad del jefe comunal en los hechos investigados. El defensor de Alanís, Julio Federik, rechazó el planteo por extemporáneo y los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel le dieron la razón, registró ANÁLISIS DIGITAL. De ANÁLISIS DIGITAL

“Treppo y (Marta Aurora) Pérez fueron quienes cayeron en infracción porque debieron controlar lo que sucedía, pero se callaron. Fueron el hijo del zorro cuidando al gallinero. Nuestra hipótesis del caso es que ambos son coautores por acción u omisión del delito que se investiga. Queremos que vengan porque ahí puede salir la verdad y pueden caer en falso testimonio. Por eso queremos que vengan y se sometan a la oralidad”, alegó el procurador García este martes frente a los jueces de la causa Alanís. El procurador se refirió de ese modo a Treppo y Pérez, quienes ocuparon roles similares como auditores en terreno del Tribunal de Cuentas.

Días pasados, Pérez presentó un certificado médico en el marco de la causa, para evitar el testimonio oral. Según sostuvo la mujer, sufre estrés, ansiedad y un estado anímico que le impediría comparecer en el debate. Este martes, la junta médica de la Justicia entrerriana recomendó al tribunal que se desista de citar a declarar a Pérez, puesto que su estado de salud no le permite comparecer y brindar testimonio. Fue por esto que las partes resolvieron solicitar la incorporación por lectura de la declaración de Pérez en la etapa de instrucción. En ese mismo sentido se resolvió sobre la situación de Horacio Larrivey, otro de los testigos que mantiene un delicado estado de salud. Por su parte, Hernán Díaz, otro de los auditores que deben prestar declaración, lo hará con la compañía de alguien de confianza tal como lo recomendó un profesional de la salud.

El Procurador General se hizo presente al principio de la audiencia, sólo con la intención de solicitar la presencia del intendente de Seguí ante el tribunal. Cabe recordar que Treppo era el funcionario del Tribunal de Cuentas que debió detectar las irregularidades denunciadas en el presunto desvío de fondos del senado durante el año 99. “La situación de Treppo es ridícula porque no puede plantear dificultades de tareas, porque él no ocupaba el municipio al momento de los hechos”, dijo García y ejemplificó: “Si un tribunal trajo al papá, no podemos no traer al intendente de Seguí”.

Por su parte, el defensor Julio Federik rechazó el planteo de fiscalía porque “los recursos de reposición se deben presentar en el acto, o tres días después y esto no fue así”. Los jueces a cargo del debate evaluaron la situación y decidieron inclinarse por el argumento de la defensa técnica, por lo cual rechazaron el recurso presentado por los fiscales. Treppo tendrá tres días para responder a las preguntas que formularon los fiscales, la querella y la defensa.

Los testimonios del día

Este martes comparecieron seis testigos que hicieron distintos aportes a la recolección de las pruebas. El primero fue el contador Roberto García, quien hizo una exposición pormenorizada de su aporte a la causa. García fue uno de los auditores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que actuó y participó de la elaboración del informe que denunció la falta de rendición de cuentas por el monto de casi seis millones de pesos.

"Nunca obtuvimos la información respaldatoria sobre el destino de esos fondos que supuestamente eran destinados a personal del Senado. Nunca nos dieron esos comprobantes del pago de esos contratos, ni la copia de los contratos, ni un requerimiento de un senador sobre los trabajadores. Es como que se borró del curso del control público el destino de ese dinero", expresó el testigo.

Otro de los puntos donde puntualizó el contador García se refiere a lo que los fiscales vienen remarcando: en el acta de traspaso de un gobierno a otro se omitió la existencia de una cuenta bancaria que correspondía al programa 18. Según el testigo, fue el propio Banco de Entre Ríos el que informó a la nueva gestión de la existencia de esa cuenta que omitió la gestión Alanís. "Cuando se hizo el arqueo de la documentación para las nuevas autoridades, sólo se informó una sola cuenta bancaria (correspondiente al programa 17). Con posterioridad, con la nueva gestión se detectó una nueva cuenta gracias a la información vertida por el banco. Se pidieron los resúmenes de ambas cuentas y se hicieron los informes pormenorizados", expresó.

García calificó a esa cuenta como "fantasma" y aseguró que "la cuenta fue removida en diciembre del 2000". Insistió en que no se encontró material respaldatorio del gasto del programa 18 por un monto calculado de seis millones de pesos/dólares.

Además, explicó que las transferencias de un programa a otro sólo se consignaban con una "especie de memorandúm" que explicaba que el dinero que originalmente se destinaba a un programa, iba a ser transferido al otro. Pero, una vez más, explicó que no había comprobantes del gasto del dinero, que debía ser rendido por las autoridades del programa 18 a cargo de Maximiliano Alanís y que debía ser controlado por la auditoría permanente a cargo de Treppo y Pérez.

Otro testigo que hizo importantes aportes fue el contador Néstor Enrique Eguiguren, quien al momento de los hechos investigados ocupó el rol de asesor de un senador y quien luego al cambio de gestión fue designado director administrativo. Presenció el acto de traspaso donde se firmó el acta que omitió la cuenta como director electo para asumir en el cargo. Ratificó que en la misma no se registró la existencia de una cuenta destinada al programa 18 y que fue el banco quien ofreció la información tiempo después.

Además, confirmó que fue contratado de obra en primera instancia y que los primeros seis meses no pudo ver la letra del contrato. Cobraba en efectivo, en sobres, que le entregaba Maximiliano Alanís. Luego de seis meses pasó a ser contratado bajo la categoría de servicios y que allí se regularizó su situación. Aseguró que por el pago en efectivo se le hizo firmar recibos pero que no se le brindó la copia correspondiente. Los fiscales hurgaron en este tema con el objetivo de detectar irregularidades en el pago de los contratos, clave para la investigación de los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Ambos contadores y otros testigos ratificaron que en caso de haber transferencias de un programa a otro, el que debe rendir cuentas con los respectivos comprobantes es el programa que recibe el dinero y realiza la inversión. Allí es donde hay faltante de comprobante y en lo que basa parte de la hipótesis de acusación la querella y los fiscales.

También declararon Gustavo Eduardo Sayes, quien trabajó en el senado, en la mesa de entradas, durante el tiempo que se investiga. Pasó también Tomás Espíndola, quien fue tesorero del programa 17 durante el año 99. Se sentó como testigo también Hugo Faustino Acosta, quien trabajó como secretario privado de Alanís cuando era vicegobernador y mostró sus recibos de sueldo por pedido de la defensa: sin embargo, la situación de Acosta era diferente a la de los contratados, puesto que tenía el pago de sus habéres de manera bancarizada. Por último, compareció el abogado David Humberto Garrido, quien trabajó a cargo de Crettón Pereyra y Alanís en la vicegobernación. Tenía un contrato de obra y cobraba en efectivo, aunque el aseguró que sí le ofrecían un recibo aunque no logró encontrar ninguna replica para ofrecer como prueba.

Los hechos

Héctor Alanis, su sobrino Maximiliano Alanís, el ex senador radical Humberto Re (Diamante), y el ex director administrativo del Senado, José Crettón Pereyra, están acusados por el delito de Peculado en la causa por desvío de fondos púbicos del Senado durante 1995 y 1999. Tanto Crettón Pereyra como Maximiliano Alanís, presentaron acuerdos de juicio abreviado, por lo cual reconocen los hechos y ambos recibirían, al final del debate oral, una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.

En un principio, la pesquisa iniciada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que conducía Oscar Rovira, referenciaba una defraudación de alrededor de 20 millones de pesos/dólares. El expediente judicial que finalmente llegó a juicio oral después de 18 años, habla de una defraudación de más de 6 millones de pesos/dólares.

El desvío de dinero de los programas sociales 17 y 18 que manejaba el Senado entrerriano, se concretaba a través de una maniobra que consistió, según la causa judicial, en múltiples depósitos de dinero en una cuenta abierta en el Banco de Entre Ríos que desaparecieron a través de numerosos libramientos de cheques.

Los acusados son juzgados por el tribunal de la Sala Segunda de la Cámara Primera del Crimen de Paraná, integrada por los magistrados Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo.


(Foto: ANÁLISIS DIGITAL)
Enviar Imprimir
ULTIMA EDICIÓN
Destacadas
Deportes
Servicios
Envianos
tu noticia
Las mas leídas
Analisis Digital | Director | Denuncias | Contáctenos |  Pagina de Inicio |  Agregar a Favoritos |