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28/02/2018 -  tiempo  6' 1" - 6522 Visitas Concesión a empresas de colectivo El Poder Cedente
La Municipalidad de Paraná tiene el Poder Concedente sobre el Servicio de Transporte Público de Pasajeros. El Municipio de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipios y a la Constitución Provincial es el Titular del Servicio, tiene la obligación constitucional de prestar estos servicios dentro de criterios de calidad y cantidad socialmente aceptables. Estos servicios no pueden ser disminuidos en su cantidad y calidad de los que se vienen prestando. En tal caso los derechos adquiridos por los ciudadanos usuarios serían vulnerados, desvirtuados, ofendidos.
El Municipio concede en un Contrato de Concesión la prestación del servicio. El proceso de licitar y conceder la concesión ha insumido la mitad del mandato del Gobierno de la ciudad. La restructuración de un servicio iniciado hace un siglo prestando la debida atención a los estudios científicos (Universidad Tecnológica Nacional, Logitrans, PTUMA), realizados específicamente (y onerosamente retribuidos con fondos públicos) ha quedado completamente de lado. Todos los actos en relación a este asunto desconocen absolutamente (y contradicen en muchos casos) las recomendaciones de los estudios citados. Además, el proceso de la Nueva Concesión ha desconocido la opinión de los usuarios y de quienes con el solo interés de lo público hemos opinado y predispuesto actitud de colaboración para aprovechar la ocasión única que se presentaba para repensar, rediseñar y reestructurar en función del interés común, el servicio en cuestión.

El Gobierno Municipal ha ejercido el poder sin atender consultas: dio vuelta el sentido de las grandes avenidas en el corredor 5 Esquinas-Centro, excluyó el colectivo del centro histórico-comercial después de casi un siglo, otorgó la nueva concesión, pero no solo no reestructuró el servicio mejorándolo sino que dictó por Ordenanza un Marco Regulatorio y un Pliego de Licitación que hacen retroceder en cantidad y calidad el servicio contratado de la prestación vigente al momento del debate del asunto. El Gobierno Municipal ejerció el poder no en función del interés público. No lo hizo tampoco en un acotado interés de los empresarios (estos siguen pensando en la estrecha visión de amamantarse del estado nodriza). Gobierno Municipal y empresarios no tuvieron en cuenta el contexto político nacional de agotamiento de la política de subsidios. Los recorridos debían reestructurarse en función de ampliar los servicios en consonancia con el aumento de población y de los nuevos barrios (y la conexión necesaria con las poblaciones aledañas). Se debía buscar mejorar sustancialmente para obtener mayor cantidad de usuarios. Los recorridos fueron replanteados sin ningún criterio científico, caprichosamente, irracionalmente, arbitrariamente y con una gran suficiencia y falacia. El resultado ha sido una reducción de la cantidad de pasajeros transportados y en consecuencia la reducción del IPK (índice pasajeros-kilómetros) con el que habrá que calcular la tarifa. El procedimiento actual significaba (hasta aquí) que a menor cantidad de pasajeros el estado debía compensar con mayor cantidad de subsidios.

El Gobierno Municipal y los funcionarios a los que encargó el asunto han creado una situación probablemente irresoluble: las consultas a los vecinos quizá signifiquen algunos parches, pero solamente eso. El rediseño necesario y científicamente elaborado queda archivado (en el cesto) junto con los estudios encargados y pagados. La postergación de la implementación de los nuevos servicios hace coincidir la discusión de recorridos y frecuencias con el pedido de aumento de tarifa. El Gobierno Municipal ha montado una bomba de tiempo a la que le puso fecha de estallido: 1° de Mayo.

Pero el asunto no termina en la evidente falacia de un Gobierno Municipal que anuncia que mejora el servicio público de transporte de pasajeros cuando en la realidad elimina recorridos, saca el colectivo del centro, hace caminar cuesta arriba cuatro o cinco cuadras, deroga la ordenanza que obligaba a poner gradualmente coches con aire acondicionado, excluye a los usuarios del Organismo de Control: el Gobierno Municipal en conferencia de Prensa conjunta con el Concesionario cede en el aspecto principal que hace a la calidad del servicio: la frecuencia. El Gobierno Municipal representado por sus funcionarios se queda callado y no contradice a Marcelo Lischet (representante del concesionario) cuando anuncia que el municipio va a controlar si pasan cuatro coches por parada (independientemente si el intervalo entre coche y coche sea regular). Por otro lado, Hugo Ruiz Gerente de ERSA en reunión con la prensa anunció que “buscaran regularizar la frecuencia en 15 minutos”. El art. 12 del Pliego de Licitación aprobado por ordenanza establece las planillas de recorridos y frecuencias del anexo “L” como documentos licitatorios determinando en ellos frecuencias mínimas y máximas: 10 minutos y 15 minutos. La frecuencia es el elemento principal que hace a la calidad del servicio y ha sido el reclamo esencial de los usuarios desde hace mucho tiempo y por estos dichos del concesionario nos vamos enterando que el municipio ya acepta infringir la letra del Contrato de Concesión transformando la frecuencia máxima en mínima.

El Organismo de Control y Monitoreo integrado por funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales del Bloque Oficial y de las dos minorías, por el Defensor del Pueblo y paradójicamente por el mismísimo controlado (el concesionario) tiene el destino anunciado en su creación: terminará siendo una suerte de “Comisión Paritaria” para ir ajustando (infringiendo la letra del Contrato y el Pliego aprobado por Ordenanza) con algunas voces disonantes que no serán suficientes para torcer el rumbo de la nueva concesión completamente análogo a la antigua que ha significado uno de los servicios de transporte más ineficientes y malos del país. La reducción de pasajeros por kilómetro recorrido junto con la baja de los subsidios implicará en esta nueva situación un boleto mucho más caro (alrededor de los $20). Este escenario preanuncia una negociación dura y compleja dónde el resultado sea que el gobierno municipal ceda más de los 15 minutos de frecuencia. Quizá todo termine, para satisfacer el mantenimiento y corrección de algunos recorridos, en ajustar más las frecuencias (volviendo a los 25/30 minutos actuales) para satisfacer las ganancias empresarias y no elevar tanto el valor del boleto. El resultado entonces será empeorar lo malo que funcionarios y concesionario describen falazmente como grandes mejoras.

El Municipio de Paraná en el aspecto específico del Servicio Público de Transporte de Pasajeros no puede definirse por todo lo analizado como el “Poder Concedente” sino como un “Poder que Cede” a las presiones e intereses del Concesionario. Cede desvirtuando el Contrato, las Ordenanzas promulgadas, la Ley Orgánica de Municipios y la Constitución Provincial.

Carlos Alberto Godoy
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