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14/02/2018 -  tiempo  6' 58" - 381 Visitas Remitirán a juicio la causa de la vaca Los defensores de Urribarri, Báez, Aguilera y otros tienen tiempo hasta mañana para presentar sus escritos
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Pereira renunció a la defensa de Tamay y ahora lo representa Guillermo Vartorelli.
Los defensores de Sergio Urribarri; Pedro Báez; Juan Pablo Aguilera; Gustavo Tamay; Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; Luciana Belén Almada; Alejandro Almada; Corina Cargnel; José María Bustamante y Fernando Montañana, tendrán tiempo hasta este jueves para presentar sus escritos. Será cuando se cumpla el plazo para que ejerzan las defensas exhibiendo sus teorías del caso y ofreciendo las pruebas correspondientes. Deberán hacerlo ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), área que tendrá desde ese momento, cinco días para fijar una fecha de audiencia de remisión a juicio, según se confirmó a ANÁLISIS DIGITAL. Así quedó establecido el viernes pasado, cuando la jueza de Garantías Nº2, Marina Barbagelata, negó el pedido de los abogados para extender los plazos fijados por el Código de Procesal Penal (CPP). La causa en cuestión es que la investiga la contratación de publicidad a través de la imprenta de Aguilera, cuñado del ex gobernador. Los fiscales entienden que esas negociaciones “consistieron en el direccionamiento durante 2010 a 2015, de un monto total de 24 millones 204 mil 918,69 pesos”. De ANÁLISIS DIGITAL

Desde que los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa presentaron el requerimiento de elevación a juicio en la causa, el 2 de febrero, los defensores tenían cinco días hábiles para exhibir sus escritos con sus teorías del caso y sus ofrecimientos de prueba. En lugar de eso, pidieron que se les extiendan los plazos previstos en el CPP para concretar ese paso. La audiencia para discutir la extensión de plazos fue el viernes pasado, ante la jueza Barbagelata, que negó la solicitud.

La posibilidad de prórroga al plazo de cinco días existe, pero cuando concretamente se violentaron derechos de defensa, “por alguna imposibilidad concreta, material y efectiva, cosa que en este caso no sucedió”, marcó la magistrada. Por eso no hizo lugar “al pedido de prórroga solicitado por las defensas”. “Ha habido manifestaciones genéricas, pero incluso la defensa ha manifestado espontáneamente que han tenido acceso a la documental, que si bien refieren a la numerosa cantidad de testigos, los testigos están relacionados a la voluminosa documental. Era posible para la defensa anticiparse a quiénes iban a ser los testigos propuestos por la Fiscalía. La defensa no refirió ningún hecho puntual que ponga de manifiesto que el plazo de cinco días les imposibilitara efectivamente el ejercicio de la defensa en relación a algún imputado”, apuntó.

“Entiendo que la Fiscalía elaboró su requerimiento y se limitó a exteriorizar los fundamentos por los cuales considera que existe la sospecha suficiente para pretender la realización del juicio. Allí se manifiesta cuáles son las pruebas que serán producidas en el juicio. Ese acto de la Fiscalía no debe causar sorpresa alguna a los defensores, porque no es más que una exteriorización para dar inicio a una etapa intermedia, en donde se va a avanzar procesalmente. Es una instancia más, y la defensa que fue convocada desde el inicio de la IPP a producir sus pruebas para elaborar su propia teoría del caso. Entonces, las defensas tienen que tener prevista esta etapa, porque a lo largo de toda la IPP tienen que haber ido produciendo su propio legajo de prueba, en función de su propia teoría del caso, y no en relación a la teoría de la Fiscalía, en todo caso, también en relación a la teoría de la Fiscalía”, explicó Barbagelata en la audiencia.

Asimismo, consideró que la función de la defensa “en esta instancia concreta que es la de presentar por escrito su propio ofrecimiento de prueba, donde puede agregar una somera una oposición a la remisión a juicio y pedido de sobreseimiento consecuente, o la solicitud que le cabe a la imputación, o la excepción, son sólo manifestaciones que deben ser muy breve porque en realidad todo el planteo se hará en la audiencia. Es al sólo efecto enunciativo de lo que va a suceder en la audiencia. Todo el desarrollo profundo de la oposición a la elevación a juicio, consecuente en pedir el sobreseimiento se hará en la audiencia de etapa intermedia. Lo mismo que el tratamiento de las excepciones, como los fundamentos en casos de calificación, además de cualquier otro planteo que se pueda hacer en cuanto a la oposición de medidas de prueba que necesita la Fiscalía”.

Renunció el defensor de Tamay

El viernes pasado, una de las novedades fue la renuncia del defensor de Gustavo Tamay, el abogado Ramiro Pereira. Los fiscales se mostraron sorprendidos por el acto. Apenas iniciada la audiencia, Pereira explicó que sería Vartorelli quién tomaría su lugar para acompañar a Tamay en el resto del proceso.

Sobre este punto, Barbagelata señaló: “Entiendo que es parte de la responsabilidad profesional hacerse cargo de las consecuencias que tiene renunciar a una defensa. Considero que en este caso, siendo el nuevo defensor de Tamay un letrado que tuvo acceso a la causa durante toda la IPP, no se afectaron los derechos de defensa del imputado Tamay”.

Elevación a juicio

Desde este jueves entonces, cuando las defensas cumplan con las presentaciones, la OGA tendrá cinco días para fijar la fecha en que finalmente se realizará la audiencia de remisión a juicio. Por la apretada agenda de jueces, abogados y fiscales, hasta la concreción de esa instancia podrían pasar varias semanas y tal vez meses.

Cabe señalar que en esa audiencia, los fiscales pondrán a consideración de un juez de garantías los fundamentos por los cuales consideran que están en condiciones de llevar a juicio oral la causa, y explicitarán cuál es la prueba que pretenden producir en el debate.

Cabe señalar que en el texto de remisión a juicio, los fiscales precisan que los delitos investigados “consistieron en el direccionamiento durante 2010 a 2015, de un monto total de 24 millones 204 mil 918,69 por parte de Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez, en contrataciones de campaña publicitaria en la vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex gobernador”.

“Las empresas TEP SRL y NEXT SRL absorbieron casi la totalidad de la publicidad en la vía pública del estado provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Cultura y Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción. También, que otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas, como ‘J.M. Bustamante Publicidad’ y ‘Montañana Publicidad’, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaban en sus manos”, precisa el requerimiento de elevación.

Los fiscales consideraron probado además que “existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

En virtud de las evidencias, los fiscales calificaron los hechos en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Consideraron a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como “autores” de los hechos y calificaron a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana, y Gustavo Rubén Tamay como “partícipes primarios”; y a Luciana Belén Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y Maximiliano Romeo Sena como “partícipes secundarios”.

“En función de la gravedad y reiteración de los hechos, se estimó provisoriamente como monto de pena a requerir en juicio para Sergio Daniel Urribarri, Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Corina Cargnel, Jesús José María Bustamante y Hugo Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Gustavo Tamay 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Luciana Belén Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y Maximiliano Rmeo Sena, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo”, se detalló.

Por último, se requirió al juez de Garantías que “solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de los diputados Urribarri y Báez, para permitir su juzgamiento conforme a lo previsto en el Artículo 115 de la Constitución Provincial”.

(Foto: ANÁLISIS DIGITAL)
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