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04/12/2017 -  tiempo  6' 41" - 1083 Visitas Columna de opinión Defensa indefensa y falsas reivindicaciones
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El enfrentamiento en el Lago Mascardi certifica la beligerancia de delincuentes comunes que desprecian la ley.
Se dice que con la mentira se puede ir muy lejos, pero sin ninguna posibilidad de regresar. Casi como una ley física, inexorablemente surge algún elemento que deja al desnudo artimañas y malas artes. Dos episodios recientes que coincidieron en la simultaneidad, pusieron al descubierto vulnerabilidades y hasta actos de corrupción en una Argentina donde lo único inagotable es el asombro. El drama tremendo que generó la tragedia del ARA San Juan, permitió sacar a la luz actos de corrupción y desapego por las normas contables dentro de la Marina (la fuerza que formara y llenara de gloria hace dos siglos el almirante Guillermo Browm). Paralelamente, el minucioso y contundente dictamen de 55 peritos forenses concluyendo que Santiago Maldonado murió por “asfixia por sumersión e hipotermia”, no parece conformar a quienes se quedaron sin argumentos válidos y sin maniobras de oportunismo político. La resistencia al informe y la reaparición de la violencia orquestada por un puñado de rebeldes hostiles sin representatividad, revelarían una suerte de Plan B ante la caída de los argumentos iniciales. La familia Maldonado no soporta la fuerza de la verdad y pareciera que sólo se calmaría con conclusiones a su gusto. De hecho que este cuadro da por tierra con todo el aprovechamiento político-ideológico diseñado sin bases sólidas. Y de eventual víctima de la represión macrista por vía de la Gendarmería, el joven artesano pasó a ser otro caso en que por obra del infortunio, se pierde una vida en las aguas de un río. La asistencia de empecinados personajes K al velatorio manteniendo su tozuda teoría, los hunden en el ridículo. El enfrentamiento en el Lago Mascardi, certifica la beligerancia de delincuentes comunes que desprecian la ley. Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)


Si la desaparición tantos días de Santiago Maldonado se consideraba “forzada” (hasta que las pericias de los forenses lo desestimaron), ¿cómo debería definirse la desaparición de 44 marinos compatriotas? Y esto corre la mirada hacia una reflexión seria y meditada: la casi nula idoneidad –con escasas excepciones- de quienes condujeron la cartera de Defensa Nacional a partir de 1983.

No es novedad que nuestras Fuerzas Armadas han venido perdiendo terreno en lo presupuestario, porque no se analizan debidamente las hipótesis de conflicto en paralelo con las hipótesis de integración y orden geopolítico. Y porque la obsolescencia del material no perdona. Las fábricas militares de material rodante y armamento pesado no parecen atraerles a quienes ocupan altos sitios de decisión, porque siempre rinden más (a ciertos bolsillos) las compras directas a empresas privadas amigas. En el caso del ARA San Juan, se dio el hecho registrado por imágenes de TV, donde la entonces Presidente Cristina Fernández recibió eufórica los trabajos de reparación (denominadas de media vida) y su ministro de Defensa Agustín Rossi dio el visto bueno augurando 30 años más de utilización (es el submarino que hoy busca todo el mundo y cuyos tripulantes se dan por muertos)

Se denunciaron irregularidades en la compra directa de las baterías y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puso al descubierto graves hechos. Ya en 2010 un diputado radical había denunciado ante Cristina Fernández coimas y sobornos en la Marina por 3,5 millones de euros pagados en 2006 por las dos empresas alemanas que tuvieron a su cargo los trabajos en el ARA San Juan.

Expertos en Defensa, observaron que hace un par de años nuestra Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de “media vida” y recambio de baterías, buscándose “direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores”. En dicha operación se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido otros delitos, descartándose algunas compras y acelerándose pasos administrativos en otras adquisiciones. El vencimiento ex profeso de las garantías se produjo para justificar nuevas licitaciones con las mismas firmas. Ejecutivos arrepentidos de las dos empresas favorecidas, admitieron ante la justicia germana haber pagado coimas para ser favorecidos con los contratos (el investigador de La Nación, Hugo Alconada Mon, reveló hechos puntuales). Surgió el nombre de una ex ministra de Defensa K que en su juventud luchaba por una patria mejor y una sociedad más justa (CFK la terminó premiando).

Dando vuelta la página, está claro que el cariz que está tomando la situación en nuestra Patagonia, tiende a aclarar los verdaderos propósitos de grupos violentos que bajo presuntas reivindicaciones cometen desmanes, se tirotean con las fuerzas de seguridad y ocupan por la fuerza un predio del Estado como lo son los parques nacionales.

No es casual que al traspié sufrido por quienes politizaron el “caso Maldonado” le sucedan actos de suma violencia. La mentira y la mala fe son compañeras de ruta y el único lenguaje que dominan los salvajes de rostro cubierto portando armas de fuego y piedras, es el que se advierte en el Lago Mascardi. Se sobrepasan los frenos y el elemental sentido común.

Cercano a Bariloche, se agredió a fuerzas de seguridad, se destruyeron construcciones y lanzaron proyectiles contra efectivos de Prefectura. Si el Grupo Albatros cometió algún exceso, están los reglamentos y los jueces para determinarlo. Ellos son tan magistrados como el que impulsó la autopsia de Maldonado con expertos de todas las partes interesadas. A los excesos de los violentos que reivindican falsos derechos de pueblos originarios ¿cómo se los neutraliza? La toma ilegal de territorios es delito.

Tras este episodio lanzaron una declaración de guerra que no es otra cosa que un acto de sedición sazonado con tensión y locura (disponen de máscaras anti gases y una logística de quién sabe qué fuente financiadora). Los que persisten en sus acciones reniegan de la ley y desprecian la vida ajena. El delito de sedición está tipificado por el artículo 22º de nuestra Ley Suprema y no existe ningún atenuante ante pretensiones delirantes de principios seudo reivindicativos. Se contabilizan más de 70 acciones violentas que incluyen hechos incendiarios que las leyes no admiten para nadie.

La represión legítima por actos vandálicos no es una acción de autodefensa de los uniformados, sino que apunta a preservar el orden público, los bienes y la tranquilidad de los habitantes. Colgarse de estos desbordes irrazonables apoyándolos, es un hábito de políticos castigados en las urnas y, en definitiva, una clara apología del delito. Es la sociedad civil la que está en riesgo y es lógico que sea amparada por las fuerzas legales. Sus excesos están contemplados en los reglamentos.

Desde que desapareció Santiago Maldonado, toda exhibición de protesta y reclamo estuvo marcada por la violencia. Los habitantes de la Capital Federal y El Bolsón lo sufrieron en carne propia. Bienes públicos y privados quedaron a merced de los cultores de la barbarie organizada, encapuchados, con palos y atentados contra edificios sagrados e inmuebles particulares.

La publicación de los estudios y análisis científicamente incontrovertibles cierra una parte importante del hecho. Pero ahora se arremete contra las tierras del magnate italiano Carlo Benetton (900.000 hectáreas) exigiendo el derecho de propiedad (?)

¿Por qué nadie se atreve a tomar por la fuerza las hectáreas que el gobierno anterior le concedió al gobierno chino, donde ejerce soberanía e incluso ha instalado una base espacial con fuertes sospechas de proyectos militares? El kirchnerismo le cedió tierras gratuitamente al gigante asiático, que instaló una base espacial controlada por el ejército chino. El acuerdo durará 50 años, fijando exenciones impositivas en 300.000 hectáreas y permitiendo mano de obra exclusiva de ese país.

Ningún pueblo originario reacciona ante esto, como tampoco por las tierras propiedad de Lázaro Báez y Marcelo Tinelli. Usurpar tierras de parques nacionales es delito federal. También está reñido con la ley si un grupo cualquiera se apodera de una propiedad privada. Allí se legitima la intervención de las fuerzas de seguridad previa orden judicial. Los violentos radicalizados que bajo consignas falsas busquen hacerse de tierras del Estado, no pueden eludir el brazo de la justicia.

La política oportunista no se lleva bien con la buena fe y la resistencia ante las acciones legalmente establecidas por los códigos, convierten a los revoltosos en meros delincuentes. Seguramente el propio Santiago Maldonado no lo consentiría.

El 27 de octubre desapareció sin dejar rastros el empresario entrerriano Omar Benvenuto. Ningún político parece trastornarse. Ninguna dirigente de los Derechos Humanos (tan diligentes en el Caso Maldonado), ha abierto la boca. ¿No resulta extraño?
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