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19/05/2017 -  tiempo  3' 15" - 945 Visitas Proyecto de comunicación Senadores de Cambiemos piden al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el decreto que limita el accionar del Tribunal de Cuentas
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Hasta que se reglamenten las “contrataciones de alta significación económica”.
Los senadores de Cambiemos Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Raymundo Kisser (Paraná) y Beltrán Lora (Nogoyá), elaboraron un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo de la provincia a través del cual solicitan que se deje sin efecto el Decreto 820/17 del Ministerio de Desarrollo Social. Según se informó a ANÁLISIS DIGITAL, los legisladores pidieron que “se mantenga la Acordada 284/16 del Tribunal de Cuentas de la provincia hasta tanto se proceda a reglamentar, a través de la normativa pertinente, lo que se deberá entender como ‘Contrataciones de Alta Significación Económica’, tal como lo establece el artículo 213, apartado 3º de la Constitución Provincial”.
De ANÁLISIS DIGITAL

Los senadores presentaron el proyecto este jueves, luego que se conociera el decreto del Ministerio de Desarrollo Social que ya fue promulgado en el Boletín Oficial y que limita los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la provincia sobre las contrataciones de alta significación económica.

Entre los fundamentos del texto presentado, los legisladores aclaran que “la Cámara de Senadores, como órgano de control de otros poderes, no puede quedar indiferente, máxime cuando se trata del contralor que debe hacer un órgano extrapoder, como es el mencionado Tribunal de Cuentas en la administración de los fondos públicos”.

Mattiauda, Lora y Kisser señalan que “el Artículo 213 de la Constitución Provincial es muy claro cuando pone en cabeza del Tribunal de Cuentas las funciones de ejercer, no sólo el contralor del gasto público posterior a su inversión o gasto, sino también al control preventivo de las contrataciones de alta significación económica. Desde luego, frente a la ausencia de una reglamentación sobre qué se debe entender por ‘contrataciones de alta significación económica’, el propio Tribunal de Cuentas reglamentó esta situación mediante la Acordada 284/16”.

Consideraron en el mismo sentido que esa reglamentación debería haberse hecho desde 2008. “Primero en la Legislatura, por el Artículo 280 de la Constitución Provincial. Pero “frente a la inacción de la misma, debería haber sido el Poder Ejecutivo” quien tome cartas en el asunto, “tal como lo establece el Artículo 281 de la Constitución Provincial”. “Si tampoco lo hubiera hecho este último, como ocurrió en este caso, el propio órgano de aplicación del instituto que ejerce el contralor, lo puede hacer o dictar como lo hizo con la Acordada 284/16, ya que ello implica nada más que dar o formular instrucciones o recomendaciones tendientes a prevenir irregularidades (Artículo 213, ap. 3º de la Constitución Provincial).

“Lógicamente que asombra cuando mediante un decreto se desconoce una Acordada, como la mencionada, que tiene por finalidad reglamentar justamente, frente a la ausencia de una ley o decreto, qué se debe entender por ‘contrataciones de alta significación económica’. Lo curioso del caso es que se deja sin efecto la mencionada Acordada, pero no se dicta ninguna norma en su reemplazo y para determinar lo que justamente se debe entender como ‘contrataciones de alta significación económica’”, deslizaron los senadores.

Asimismo, marcaron que “llama la atención, porque no hace mucho tiempo, y cuando los municipios tuvieron entrevistas con el gobernador, vinculadas a la toma de créditos en moneda extranjera, los cuales serían otorgados por el propio Estado provincial, se anunció que para que ello fuera factible se daría intervención al TdC en forma preventiva”. Y acotaron: “Esto significa que no se puede exigir la intervención preventiva del TdC para el caso de los municipios, cuando no se está dispuesto a aceptarlo para el propio Poder Ejecutivo o ciertas áreas de éste, máxime cuando hay una cuestión o contratación de cierta significación económica”.

“Desde luego, dar intervención preventiva al Tribunal de Cuentas cuando se trata de ciertas contrataciones de alta significación económica, hace a la transparencia de la gestión del gasto público y esencialmente a la salud republicana de la gestión, máxime en momentos históricos donde la sospecha de actos irregulares sobrevuela permanentemente”.
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