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20/03/2017 -  tiempo  4' 19" - 318 Visitas El gobierno nacional debió dar explicaciones por la situación en esa provincia Organizaciones sindicales y sociales denunciaron ante la CIDH persecución del gobierno de Jujuy
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En la audiencia denominada "Represión en Jujuy" se denunció persecución contra cualquier forma de protesta.
Líderes gremiales y sociales de Jujuy denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intensificación de la persecución y criminalización del derecho a la protesta que sufren por parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales y exigieron que se exhorte al gobierno nacional a que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. "Nos reprimen y criminalizan y nos persiguen judicialmente para disciplinar y condicionar al gremio que represento y a los otros sindicatos", sentenció Rafael Vargas, titular del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), una de las organizaciones peticionantes. En su intervención, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, mencionó el corte en Gualeguaychú por Botnia. El gobierno nacional y provincial tuvieron que responder hoy sobre la situación en Jujuy ante la CIDH, en Washington, en la audiencia denominada "Represión en Jujuy". Los encargados de representar al Estado fueron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, que destacaron el trabajo conjunto y defendieron la aplicación del código contravencional contra los referentes sociales, las causas judiciales contra organizaciones y sindicatos, y priorizaron el derecho a la circulación en rutas y calles sobre el derecho a la protesta, sobre lo que recibieron advertencias por parte de los integrantes de la CIDH.

Represión y criminalización, persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales. Ese fue el marco general crítico de vulneración a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que denunciaron los sindicatos azucareros, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el CELS. "La detención arbitraria de Milagro Sala es parte de una situación global", precisó Horacio Verbitzky, titular del CELS, publicó Página/12.

"Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional", advirtió Verbitzky durante la exposición de los peticionantes.

A su turno, el fiscal de Estado jujeño resaltó que el código contravencional provincial --aprobado durante el gobierno del peronista Eduardo Fellner-- "no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión", pero lo contrapuso a un "ejercicio abusivo de derecho". Miranda calificó como "aparente derecho de protestar" y "ejercicio ilegítimo de la protesta" la manifestación de la Red de Organizaciones Sociales en la Plaza Belgrano a fines de 2015 y principios de 2016 --que finalizó con la detención de Milagro Sala-- y el bloqueo de la ruta nacional 34 por parte de los sindicatos azucareros a mediados del año pasado. Miranda justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como "un sitio al centro de la Ciudad".

"La protesta social y sindical no puede permitir la comisión de delitos respecto del resto de la población. El derecho no tiene carácter absoluto y, en exceso, viola otros derechos", fueron los conceptos defendidos por Miranda.

A su turno, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, observó que, en el marco del respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión, el espacio y el tiempo son "sustantivos" porque condicionar los lugares y extensión de las protestas "también son prohibiciones". Lanza recordó que no se consideró ilegal el corte por más de dos años del puente internacional San Martín, durante las protestas contra la pastera Botnia, y aconsejó que el Código Contravencional que "puede convertir en ilegal" una protesta sea puesto a consideración. "Cortar una calle o una ruta forma parte de la consideración del derecho a la protesta, no se transforma en ilegal", insistió Lanza.

Miranda también sostuvo las denuncias contra la Red Organizaciones Sociales a la que calificó de "intermediaria" con los cooperativas de trabajo en Jujuy, señaló las "sospechas de corrupción", y sostuvo que los decretos firmados por Morales "les devolvieron la dignidad a los cooperativistas" que debieron reinscribirse para recibir beneficios. "En ningún caso se ha hostigado. El imperativo legal corresponde a los jueces sobre el cual el gobierno provincial no ejerce influencia alguna", sostuvo Miranda, a pesar de las denuncias sobre la influencia directa de Morales sobre el Poder Judicial.

A pesar de la exposición del fiscal de Estado, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el relator Lanza coincidieron en consultar sobre el avance en "la disolución de organizaciones por participar en protestas". Mientras que el comisionado Paulo Vannuchi, en un tono más conciliador, también recordó la "postura creciente (de la CIDH)" a advertir sobre la persecución a los sindicatos y la criminalización de la protesta.

"En Jujuy, la Constitución nacional no rige, rige la voluntad del gobernador y ese es el núcleo del problema", sentenció Verbitzky.
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