Gualeguaychú: radicaron en Fiscalía una denuncia por tortura policial

La Fiscalía de Gualeguaychú recibió una denuncia por supuesta tortura, pero su actuación deja más dudas que certezas.

La Fiscalía de Gualeguaychú recibió una denuncia por supuesta tortura, pero su actuación deja más dudas que certezas.

La Fiscalía de Gualeguaychú recepcionó el 29 de julio a las 10:56 una denuncia formulada por un vecino contra un funcionario policial por tortura, al expresar que le practicaron en tres oportunidades la técnica conocida como “submarino seco” y que consiste en envolver la cabeza con una bolsa de nylon y no dejarlo respirar.

Pese a la gravedad de la denuncia, las actuaciones por parte de Fiscalía e incluso por el Juzgado de Garantías han sido inciertas o cuando menos de dudosa celeridad, no se abordó el tema de manera integral, ni mucho menos profesional y de forma transparente.

Solamente la Jefatura Departamental de Policía, al tomar conocimiento por medios periodísticos que existía esta denuncia (no le fue comunicada por la Fiscalía ni por el Juzgado de Garantías) adoptó por sí mismo decisiones preventivas: se ordenó la sustanciación de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades de los funcionarios policiales y se decidió que momentáneamente el suboficial denunciado sea separado de la Comisaría Sexta donde cumple servicios y pase a prestarlo en el Comando Radioeléctrico.

En la edición de hoy del diario El Argentino se da cuenta de la denuncia radicada en Fiscalía, donde en el acta consta que “comparece ante este Ministerio Público Fiscal, una persona que ha manifestado su intención de radicar denuncia. Interrogada por sus datos manifiesta ser Julio César Rey”, de 25 años de edad, y referencia el domicilio donde vive.

Esta persona denunció que “el día sábado 27 de julio, siendo aproximadamente las 5:20 me encontraba en una casa del Barrio Quijano, de color rosado, al ver que se acercaba la policía me meto a una habitación, me acuesto en el piso, porque en esa casa no hay nada”.

“En ese momento ingresa el policía Cardozo que es de la Sexta y dice "Acá está" y junto con otro policía que estaba con él, al que no conozco, comenzaron a pegarme de manera brutal”, relató Rey.

“Me pegaron por todos lados, en la cara, en la cabeza, en el oído, en las piernas, creo que hasta un culatazo me dieron en la espalda cerca de la cadera. En un momento Cardozo me puso una bolsa de nylon transparente en la cabeza y me la ajustaba bien a la cara desde atrás y me impedía respirar, cuando veía que me estaba quedando sin aire, me aflojaba. Tres veces hizo ese mismo procedimiento”, relató ante la Fiscalía el denunciante.

“Mientras me pegaban me dijo Cardozo que me salvaba de que me pegaran un tiro porque había otro patrullero afuera. Yo a él lo conozco de la comisaría, de verlo en el barrio en el patrullero, varias veces me levanta y me lleva a identificar, aun cuando no estoy haciendo absolutamente nada”, destacó.

“Es más, una vez iba caminando con mi amigo al que le decimos Tito que vive en el Quijano y a mí me llevaron y a él lo dejaron, me tuvieron cinco días porque dijeron que estaba haciendo disturbios en la calle, todo (es) mentira”, aseveró.

 

Descargo de la Policía

 

El oficial inspector, Hugo Ricardo González, le informó el 27 de julio por escrito al fiscal en turno lo ocurrido.

En ese escrito –al que accedió el diario El Argentino- se cuenta que ese día a las 5:20 “encontrándome realizando recorrida jurisdiccional a bordo del móvil JP 1129 en compañía del cabo de Policía Marcos Magallán, es que soy comisionado vía radial en conjunto con móvil JP 1056 cuya dotación es el sargento de Policía Juan Ancherama y el cabo 1° de Policía Carlos Cardozo, a la intersección de calles Angelelli y Rébori, lugar en la que habría una casa color rosa, en la que un masculino estaría intentando ingresar, desconociendo con qué fines”.

Luego González narra que al llegar al lugar no encontraron la edificación indicada, por lo que decidieron dividirse para buscar por la zona una finca de esas características.

“Pasados unos instantes logramos ubicarla en la intersección de calles Rébori y Laxague, esquina Noreste, tratándose de una finca color rosa, con abertura de aluminio color blanco, poseyendo un portón de chapa color negro sobre calle Rébori”.

También explica que descienden de los móviles policiales y merodean la propiedad sin observar ninguna anomalía externa; aunque seguidamente indicó que en un ingreso secundario a la propiedad observaron una ventana y una puerta con signos de violencia.

“Seguidamente y a viva voz vociferamos hacia la finca, dándonos a conocer como autoridad policial y solicitamos que, si alguien se hallaba dentro, salga hacia el exterior y se exponga ante nosotros para cerciorarnos que todo se hallaba bien”, relató el oficial inspector.

Ante la no respuesta del interior, la Policía solicitó a un vecino observe el proceder y en caso de ser necesario que salga de testigo.

“A continuación ordenó al cabo 1° Carlos Cardozo y al cabo Marcos Magallán, que ingresen a la propiedad, con los recaudos correspondientes, mientras el sargento Juan Ancherama, y el suscripto cubríamos el exterior en caso de que, si alguien intentaba huir, interceptarlo”.

Luego de describir cómo Cardozo y Magallán ingresaron a la propiedad, da cuenta que encontraron a una persona, “a la que inmediatamente ordenaron que se arroje al piso y quede inmóvil, a lo cual hace caso omiso, riñéndose en un breve forcejeo el cual fue contenido por ambos funcionarios, los cuales redujeron al masculino utilizando la fuerza mínima y necesaria, colocándole las esposas provistas para su resguardo y el propio”, dice el escrito elevado al fiscal en turno.

También da cuenta que mantiene comunicación telefónica con la fiscal auxiliar en turno, Natalia Bartolo, a quien informa de los hechos acaecidos, “ordenando que se realicen los actuados de rigor en el lugar del hecho, dando intervención al personal de la División Criminalística para la toma de placas fotográficas”.

También ordena que el aprehendido sea trasladado hasta la Jefatura Departamental de Policía, donde quedó detenido y fue examinado por el médico de Policía.

El médico de Policía, doctor Rodrigo Silva Palomino, examinó a Rey ese mismo día a las 6:45. En su certificado informó que esta persona tenía aliento a alcohol y presentaba las siguientes lesiones visibles: “Aumento de tabique nasal y escoriación en pómulo derecho”.

 

Confesión y suspensión de juicio a prueba

 

El 29 de julio a las 10:56, Rey denunció ante Fiscalía haber sido víctima de torturas.

Curiosamente, ese mismo día, pero a las 10:18, ante el juez de Garantías Nº 2, Ignacio Boris Telenta comparece Rey, asistido por el defensor oficial Pablo Ledesma; y participa también la fiscal a cargo, Natalia Bartolo.

Ese encuentro es para resolver el Legajo Nº 5772/19 caratulado “Rey Julio César S/ Robo en grado de tentativa”.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal manifiesta el hecho que se le imputa a Rey y su calificación legal y a continuación, solicita la suspensión del proceso a prueba conjuntamente con el defensor oficial.

El juez de Garantías evaluó el pedido, lo analizó y fundamentó la decisión a tomar en base a la petición de la defensa, y la posición adoptada por la Fiscal Auxiliar, concluyendo que hará lugar a lo solicitado.

Así, resolvió acumular al presente Legajo Nº 5772/19 también el legajo Nº 3916/19 que se le seguía por el delito de hurto simple y dictó la suspensión del proceso a prueba por el término de un año, que se le seguía a Rey como presunto autor del delito de robo en grado de tentativa y sin antecedentes penales computables. Y se le fijó una serie de reglas de conductas, entre las que se encuentra la de concurrir al centro barrial “Hogar de Cristo - Asunción de María”, donde deberá asistir a los grupos terapéuticos para tratar su problemática con las adicciones y a las demás actividades que se desarrollan en esa institución.

 

¿Y la denuncia por tortura?

 

Sobre la denuncia de tortura, la Fiscalía no tuvo una actuación de acuerdo a la gravedad de lo expuesto.

Si se trata de una falsa denuncia o una denuncia por venganza contra la Policía, no hay demasiados esfuerzos para esclarecer su veracidad. Si se trata de una denuncia de hechos que realmente existieron, tampoco. Lo más probable que esta denuncia quede archivada por falta de actuación e investigación.

Y esto es lo que llama mucho la atención, que una denuncia por tortura no tenga destino.

Es más, la propia plana mayor de la Jefatura de Policía se enteró de esta denuncia por tortura a través de medios periodísticos, dado que Fiscalía jamás les informó en tiempo y forma, de acuerdo a lo reconocido por el jefe de la Departamental, comisario mayor Cristián Alejandro Hormachea, consignó El Argentino.

El viernes pasado al mediodía, el jefe de Policía indicó que las actuaciones que adoptó las hizo por decisión propia: ordenar un sumario interno para deslindar responsabilidades y separar preventivamente al cabo 1° Carlos Cardozo de la Comisaría Sexta y sumarlo al Comando Radioeléctrico para tranquilidad de ambos implicados.

La Fiscalía no ordenó ninguna medida de restricción como una perimetral y argumentó que el denunciante no había expresado preocupación por posibles represalias. Y tampoco ordenó que una Fuerza distinta a la denunciada lleve adelante esta investigación.

Además de haber denunciado que por tres veces le cubrieron la cabeza con una bolsa de nylon para asfixiarlo (submarino seco) y que “a Cardozo lo conoce “de la comisaría, de verlo en el barrio en el patrullero, varias veces me levanta y me lleva a identificar, aun cuando no estoy haciendo absolutamente nada”, como consta en la denuncia. ¿Tan difícil es constatar en los libros de la Comisaría Sexta estos ingresos?

Y con respecto a la audiencia de suspensión del proceso a prueba (vale tener presente que se hizo unos minutos antes de la denuncia por tortura) tampoco nadie volvió a analizar lo sucedido. ¿Confesó porque tomó conciencia del mal que estaba provocando? ¿O confesó como consecuencia de las torturas recibidas o por temor a seguir siendo torturado? ¿Un juez de Garantía (un juez de la Constitución y la democracia) no tiene nada que hacer frente a esta situación o nunca se enteró que existía esta denuncia, es decir, Fiscalía lo ocultó? ¿Y los fiscales no pudieron advertir al juez de Garantías que existía esta denuncia?, aunque todavía no se sepa si los hechos fueron reales o no, pero que hacen a un contexto para que el magistrado pueda obrar en consecuencia.

La otra posible lectura es que está claramente definido que ciertos protocolos se activan de acuerdo a quién sea el ciudadano que denuncie o de acuerdo a esa pertenencia social será la premura o diligencia en que se adoptarán las actuaciones.

Como fuere, lo que se evidencia en la jurisdicción es que los protocolos en materia de Derechos Humanos dejan mucho que desear.

Ante una denuncia contra un policía por supuesta tortura, la propia policía se investiga a sí misma. Un absurdo, incluso un despropósito.

Ante una denuncia contra un policía por supuesta tortura radicada en sede de Fiscalía, la propia Policía se entera por los medios de comunicación sobre su existencia. Una insensatez, incluso una imprudencia.

Juez de Garantía, fiscal, y defensor oficial avalan la suspensión de un juicio a prueba, pese a que a los pocos minutos el mismo imputado denuncia en sede de Fiscalía que fue torturado por un policía por medio de la técnica conocida como submarino seco, en al menos tres oportunidades. ¡Y todo sigue como si nada hubiera pasado!

Hoy más que nunca, el Poder Judicial de la jurisdicción debe entender la gravedad de los hechos (sea por denuncia de hechos falsos o verdaderos), además que una “tortura” –como definen los organismos de Derechos Humanos- es “todo acto por el cual se infligen intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Sin embargo, no se incluyen los dolores o sufrimientos que son consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a éstas”.

Lamentablemente, ante una denuncia por supuestas torturas, la investigación es demasiado lenta, las actuaciones son poco transparentes, y todo genera más dudas que certezas.

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